Los números son inquietantes: son casi cinco mil los productores de hortalizas, que conforman el denominado Cinturón Verde y se encuentran en el límite de la subsistencia, sobre los que hay que trabajar con el objetivo de que continúen en su labor y no se vean obligados a abandonar las fincas y pasar a integrar el otro cinturón, el de las villas inestables que han pululado a lo largo y a lo ancho de la provincia.
La ecuación dice que el Cinturón Verde del Gran Mendoza, el tercero en producción de hortalizas de toda la Argentina, está conformado por casi 13.500 hectáreas, cultivadas por familias de productores cuyas propiedades no superan las tres hectáreas. De acuerdo con los estudios, en gran medida la producción surge del esquema de agricultura familiar, que cuenta con los integrantes del grupo para el mantenimiento de los cultivos y residen en la unidad productiva.
De acuerdo con una nota publicada días pasados por Los Andes, la horticultura concentra casi la mitad de su producción en la zona Norte de Mendoza, con una gran diversidad de cultivos entre los que se destacan ajos, zapallos, tomate para industria y verduras de hoja, en este último caso en su gran mayoría para consumo en fresco.
Debe señalarse que en la casi totalidad de los casos se trata de productores que actúan de manera individual. A excepción de algunos pocos, no se encuentran integrados en cooperativas, razón por la cual adoptan las decisiones por su propia cuenta. Es por ese motivo que hay cultivos, como el caso de los ajos, en que los precios año tras año demuestran el denominado efecto serrucho, es decir que cuando un año el producto tiene precio, al año siguiente todos plantan y los valores caen, para volver a aumentar un año después porque nadie plantó, y así sucesivamente.
Esa carencia de trabajo en conjunto determina que no puedan adquirir semillas o agroquímicos a precios mayoristas, sino que deben hacerlo individualmente, con las diferencias correspondientes. El caso necesita también una consideración especial, en razón de que, por tratarse de productos importados, aumentan con la devaluación, pero a su vez tienen un incremento por la inflación, lo que determina que entre el año pasado y el actual los valores se hayan incrementado más de un 100 por ciento, situación que no se da cuando el productor vende sus verduras.
También merece una consideración especial el tema de la comercialización. En su momento, cuando los puestos de la Feria de Guaymallén estaban ocupados en forma permanente, desde el Gobierno se impulsó el funcionamiento de la del Acceso Este, para que los productores pudieran vender allí sus hortalizas.
Sin embargo, al poco tiempo se produjo el mismo efecto que en el caso anterior y la respuesta surgió de parte de los propios productores: si destinaban tiempo para vender los productos, no les alcanzaba para trabajar las chacras. Así nos encontramos con que, sólo en tres o cuatro pasos -desde la chacra hasta la verdulería- las hortalizas aumentan más de un 500 por ciento.
En el esquema señalado, por carencia de integración, de información y por problemas de servicios, el productor se convierte en el eslabón más débil de la cadena. Es aquí donde debe aparecer el principio de subsidiariedad, para que el Estado concurra en apoyo de aquellas familias más desprotegidas que trabajan y viven de la tierra, brindándoles la ayuda suficiente como para que puedan mejorar su futuro, en una situación que terminará también beneficiando al resto de la sociedad.
