Las constructoras que participan de la ejecución de obra pública en Mendoza acreditan una deuda por parte del Gobierno provincial cercana a los $ 600 millones.
Con atrasos de hasta 6 meses, el pasivo sigue abultándose y genera un malestar que ahora se agudiza con la promesa de emisión de un bono de $ 1.000 millones, tal como lo prevé la ley de Endeudamiento, al punto que pone en riesgo 4.300 viviendas y dispara la posibilidad de rescindir contratos.
Si bien el bono tendría carácter de “optativo” y pagadero sobre todo a las compañías con más espalda financiera, el enojo se vincula a la mora actual y la incertidumbre sobre cómo se cancelará.
“Los certificados se van venciendo y las empresas crujen. Para colmo, el clima se ha enrarecido con el propósito de pagarnos con un bono que no sabemos para qué va a servir, qué garantías y plazos tendrá”, describió el presidente de la filial mendocina de la CAC, Jorge Sanchís, luego de un encuentro con otros dirigentes sectoriales para discutir el tema.
Ayer, un grupo de directivos estuvo en la Legislatura antes de la sesión para pedir precisiones. Con las versiones tanto del titular de la Cámara Baja, Jorge Tanús (PJ), como de Martín Kerchner (UCR), referente del gobernador electo Cornejo, siguieron alertas.
Por la tarde, se aprobaba en general el endeudamiento por $ 5.800 millones, pero la discusión se estancó en el artículo 2 (plazo para tomar deuda sin ratificación parlamentaria más allá de 2016) y, en consecuencia, demoraba el tratamiento del artículo 4, el que autoriza a pagar a proveedores con un bono.
La Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim) agrupa a 20 pymes que trabajan en la ejecución de barrios del IPV. Según su titular, Atilio Calzetta, “como proveedores de la construcción queremos que la ley salga para garantizar los pagos, y no nos oponemos al bono siempre que sea negociable. Si es sólo para impuestos no sirve”.
Una duda era, hasta ayer, el carácter optativo que, en principio, se interpretaba como de adhesión voluntaria, aunque en realidad responde a un porcentaje X de la deuda en cada caso, a garantizar por la Provincia.
“Pedimos a los legisladores que traten de acotar el alcance del bono, porque necesitamos seguir trabajando. Si no sirve, las empresas deberán parar por falta de liquidez”, advirtió Calzetta.
Parálisis, bonos y rescisión
Hasta la sesión, los empresarios eran escépticos sobre la aprobación de la ley tal como se concibió, sobre todo por los cuestionamientos del oficialismo.
De acuerdo a un relevamiento de las propias Cámaras entre sus asociados, el Instituto Provincial de la Vivienda figura al tope del atraso, que se remonta a diciembre de 2014. Con hasta 120 días, le siguen los contratos del Ministerio de Infraestructura, como la tercera trocha del Acceso Sur y, en menor medida, la Dirección de Hidráulica y Vialidad provincial.
En cifras, los $ 57 millones de deuda exigible (certificada y vencida) para 5 pymes, superan $ 250 millones con las acreencias del resto de las firmas de las distintas Cámaras locales. La deuda total se completa con unos $ 150 millones correspondientes a 3 de las “grandes”, a lo que hay que sumar otros $ 200 millones sin certificar, o sea, no reclamable todavía.
A la espera de la ley, los concesionarios ya empezaron a desacelerar el ritmo y paralizar algunos barrios licitados por el IPV. Equivalen a 4.300 viviendas, de las cuales 2.800 ejecutan empresas de la CAC, donde se emplea a casi 3.500 trabajadores. Según Sanchís, “más que una medida de fuerza se busca no abultar más la deuda, e ingresando certificados en bancos que luego cuesta recuperar”.
Al respecto, de acuerdo a Omar Parisi, responsable del IPV, la situación forzó una reprogramación “para enero o febrero de 2016”, que atribuye a la falta de cemento, entre otros factores.
“La deuda provincial vencida es de $ 90 millones que, divididos en 54 empresas no es tanto, y hay 80 pendientes de redeterminaciones de la Nación a cobrar por este Gobierno o el próximo”, afirmó Parisi, que coincide en que la deuda se mantendrá porque “el ritmo de obra bajó a 3%. Se necesitarían 300 millones para recuperar el ritmo en 2016”.
No sin desconocer la deuda, que según Infraestructura suma $ 350 millones en conjunto con el IPV y otros $ 100 millones sin certificar, el ministro Rolando Baldasso calificó como “inaceptable” pagar con un bono. Pero también admitió que la parálisis de obras será irreversible hasta que no se apruebe el Presupuesto 2016.
“Con fondos Soja afectados a obras es inaceptable pensar en un bono. Pero mientras no hay presupuesto se reprograman plazos”, aseguró el funcionario.
Si avanza el formato bono sin los cambios pretendidos, las constructoras ya prometen rescindir contratos. Una figura basada en incumplimiento de contrato por modificar la modalidad de pago.
Mientras para Calzetta “es una posibilidad”, a criterio de Hugo Gamboa, titular del Círculo de Constructores, que acredita más de $ 40 millones entre 20 firmas, “sería por culpa y cargo del comitente al cambiar condiciones. Lo que genera más preocupación es el trascendido de que el nuevo Gobierno renegociará deudas”.
