El presidente Macri oficializó en la semana la nominación de la jueza Inés Weinberg de Roca como procuradora general de la Nación en reemplazo de la renunciante Alejandra Gils Carbó. La mujer propuesta es integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El destinado a la doctora Weinberg es un cargo de suma importancia para el funcionamiento de la justicia. El procurador es el funcionario encargado de conducir el Ministerio Público Fiscal de la República. De esa manera, el jefe de los fiscales se desempeña ante tribunales nacionales y, a la vez, desempeña la función de fiscal ante la Corte Suprema de Justicia.
La postulación de Weinberg se produce en un momento político muy especial, ya que será la sucesora de una profesional que, en tiempos del kirchnerismo, fue propuesta con antecedentes tales que le valieron un casi unánime respaldo del Senado para su designación, pero que con el paso del tiempo se transformó en una de las cabezas de la corriente conocida como Justicia Legítima, una agrupación que básicamente influyó en la penetración política e ideológica que el anterior gobierno nacional orquestó en los ámbitos de la Justicia para proteger a sus miembros y a funcionarios comprometidos con hechos de corrupción. Su militancia política desdibujó el importante rol que la Constitución Nacional le otorga al cargo.
Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo tomó la decisión de hacer pública la propuesta a la doctora Weinberg en momentos de conmoción, y disgusto del oficialismo, por fallos judiciales que favorecieron a Cristina Fernández de Kirchner y Cristóbal López con respecto a la situación procesal de ambos.
Medios periodísticos críticos con la gestión de Mauricio Macri se encargaron en los últimos días de señalar que la funcionaria propuesta tiene una clara amistad personal con el Presidente de la Nación y hasta hubo quienes señalaron que está identificada políticamente con Cambiemos. Sin embargo, es importante mirar con prudencia tanto los antecedentes como el modo de proceder de la nominada.
Una posible buena relación personal entre Macri y la jueza por él postulada no debería molestar siempre que el proceder de la persona destinada a conducir el Ministerio Público Fiscal sea totalmente al margen de intereses y presiones. Su antecesora, la doctora Gils Carbó, justamente hizo lo contrario y, como ya se ha señalado, su desempeño trascendió más por su militancia política que por el mejoramiento del sistema judicial argentino en los alcances fijados por su cargo.
Además, la persona postulada por el Ejecutivo nacional acredita un desempeño meritorio en el plano internacional como integrante del Tribunal Penal de Ruanda encargado de juzgar un caso de genocidio por diferencias étnicas. También fue miembro del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas. Destacados antecedentes curriculares que deberían sortear sin mayores problemas el siempre riguroso filtro de un Senado nacional dominado por el peronismo.
Sin embargo, el proceso de aceptación de la encumbrada funcionaria podría llegar a demorar varios meses si los tejes y manejes políticos terminan imponiéndose en la Cámara alta del Congreso.
En el plano institucional la eficiencia e independencia de la Justicia son fundamentales para el normal funcionamiento republicano. Es por ello que se requiere un Poder Judicial cada vez más alejado de la política y dedicado fundamentalmente a la rigurosa interpretación y aplicación de las leyes.
Sería necesario que los senadores, superadas en tiempo razonable las lógicas instancias previas al acuerdo a la funcionaria propuesta, viabilizaran la designación promovida por el Ejecutivo. Y de ser así, es de esperar que con el transcurso del tiempo se compruebe un accionar de la nueva procuradora, por fin, sólo dedicado al rol que le otorga la norma constitucional.
