Juan Antonio Azic, apropiador de la actual diputada nacional Victoria Donda, y el obstetra de la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA, Jorge Magnacco, pidieron ayer la libertad condicional en base al cómputo procesal del 2 x 1 año de cárcel mientras estuvieron detenidos sin condena, a raíz del fallo emitido esta semana por la Corte Suprema de Justicia.
Al mismo beneficio quiere acceder el represor Alejandro Lazo, condenado a 10 años de prisión por torturar en 1976 a perseguidos políticos, entre ellos a la actual jueza sanjuanina Margarita Camus,
En tanto, una fiscal reclamó la inconstitucionalidad de ese beneficio al rechazar la excarcelación de otro represor, el ex agente del Batallón 601 del Ejército Víctor Gallo.
El ex prefecto Azic (76), quien se apropió de Laura Ruiz Dameri, solicitó que se recalcule su pena a través de un recurso presentado por su abogado en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. En 2012, Azic fue condenado a catorce años y medio de prisión por la apropiación de Donda en 2012; y dos años más tarde a 10 años por la apropiación de Dameri, en 2014.
Por su parte, Magnacco hizo un planteo similar a través de su defensa oficial ante el Tribunal Oral Federal 5, que lo condenó a 15 años de prisión en un megajuicio por robo de bebés y ahora lo juzga en otro tramo de esa causa, explicaron fuentes judiciales.
En la petición formulada por la defensa de Víctor Gallo, la fiscal María Ángeles Ramos ya se pronunció por rechazar el pedido y además pidió declarar inconstitucional la aplicación del beneficio del 2x1.
“Voy a postular la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 7 de la ley 24.390, en su modalidad ultraactiva, por afectación al principio de proporcionalidad de las penas”, sostuvo Ramos en el dictamen entregado al Tribunal.
La fiscal entendió que el caso de Gallo, condenado por la apropiación del nieto recuperado Francisco Madariaga y por otros delitos de lesa humanidad a una pena única de 25 años de prisión, es diferente al precedente “Bignone-Muiña”, firmado por la Corte.
“La aplicación del precedente no resulta válido. Puedo decir como primera cuestión que, aunque en ambos casos se trataron de delitos de lesa humanidad, los hechos imputados en el fallo tienen distinta naturaleza y alcance que aquellos por los cuales fue condenado Gallo”, advirtió.
Anticipándose a la decisión judicial, y como medida preventiva, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pidió ante la Justicia que se incluya en el programa de protección de testigos a Madariaga ante la eventualidad de que su apropiador, Gallo, recupere la libertad.
Madariaga nació en un centro clandestino de detención durante la última dictadura y fue apropiado por Gallo, quien lo amenazó en reiteradas ocasiones, según recordó Abuelas a través de un comunicado.
En tanto que el fiscal a cargo de la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante la última dictadura, Pablo Parenti, se opuso a un pedido de excarcelación solicitado por el ex militar Héctor Giribone, quien pidió ser beneficiado por la derogada ley del 2x1.
Al respecto, el Tribunal Oral N° 5 rechazó el pedido de Giribone, ex jefe del área de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo, que fue condenado a ocho años de prisión por ser el entregador del nieto recuperado 106, Pablo Gaona Miranda.
Además de oponerse a la excarcelación, el fiscal Parenti planteó además la inconstitucionalidad de la ley del 2x1, y “la imposibilidad de que fuera aplicada al robo de bebés”.
Rodríguez Larreta, crítico
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que no le gusta la aplicación de la ley del 2 x 1 ya que “si hay una pena para un delito, no hay razones para cortarlo”, tras el fallo de la Corte Suprema. En ese sentido, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, rechazó “a título personal” el fallo de la Corte Suprema.
El FpV analiza pedir el juicio político a la Corte
El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ evalúa la posibilidad de impulsar el juicio político a los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia que votaron a favor de aplicar el beneficio del 2x1 para represores: Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, anticiparon fuentes legislativas.
En tanto, diversas organizaciones de derechos humanos realizarán el miércoles próximo una concentración en Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte, y el jueves, las entidades nucleadas en el colectivo Memoria, Verdad y Justicia marcharán desde el Congreso a Plaza de Mayo, con el mismo propósito.
