El Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), creado por el Gobierno Nacional en 2017, está conformado por 4.228 asentamientos vulnerables en todo el país, de los cuales 217 se encuentran en Mendoza.
Ahora desde el Ejecutivo impulsan un proyecto de ley para expropiar los terrenos en donde se encuentran estas barriadas y entregar el título de propiedad a sus ocupantes actuales, para luego avanzar en su urbanización, tal como informaron en el diario La Nación.
La iniciativa busca declarar la utilidad pública y sujeta a expropiación de los inmuebles que componen el Renabap como una reparación social histórica para las familias más vulnerables. En Mendoza el proyecto de ley es visto con buenos ojos, pero con algunos reparos sobre su implementación.
Damián Salamone, presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, reconoció que no ha recibido ninguna notificación formal al respecto, pero observa complicada su aplicabilidad debido a que cada provincia tiene su propia legislación y sus propios actores, lo que podría llegar a obstaculizar la iniciativa nacional.
“Mendoza es una de las más avanzadas en legislación. Tenemos, entre otras normativas, la ley de Ordenamiento Territorial, por lo que antes de plantear barrios hay que contemplar las planificaciones urbanas de cada municipio”, expuso. Por esta razón, para el funcionario se trata de una herramienta que puede ser válida pero no es sencilla de aplicar. “Desde el gobierno nacional hacen una ley macro, pero la aplicabilidad hay que evaluarla en cada territorio”, indicó.
Ámbito legislativo
Para el diputado Jorge Sosa (UCR), presidente de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, el proyecto solucionaría gran cantidad de problemas para la provincia, pero debe abordarse responsablemente para que no se convierta en una avanzada contra la propiedad privada.
“Hay que ver en detalle los distintos conflictos que tienen esos terrenos. En la Legislatura tenemos varios casos de pedidos de expropiación para atender teniendo en cuenta los distintos intereses que se sobreponen”, contó.
Lo que sucede, tal como precisó el diputado, es que hay lotes que están ocupados desde hace muchos años y los propietarios no han hecho ninguna medida conducente para desalojar a la gente en el pasado pero, cuando empiezan a tomar valor, se interesan en los mismos.
Por su lado, el diputado Omar Parisi, parte de la misma comisión y ex director del Instituto Provincial de la Vivienda, celebró la propuesta, siempre que la expropiación venga acompañada de posterior dotación de servicios e infraestructura urbana.
“En lo personal estoy totalmente de acuerdo porque en muchos lugares hay construcciones de ciertos niveles donde las familias se han instalado y es más conveniente expropiar y aplicar un plan de urbanización que llevarlos a otro lado”, señaló.
Un requisito que debería tenerse en cuenta, para el legislador, es que las familias lleven un tiempo considerable en el lugar. “Es importante que hayan hecho el trámite de posesión veinteañal y lo cumplan”, precisó.
Visión municipal
Sebastián Bragagnolo, secretario de gobierno de Luján de Cuyo, prefirió no opinar del proyecto en concreto pero valoró "el foco del Gobierno nacional en preocuparse por la gente que vive en situaciones de vulnerabilidad".
Por otro lado, mencionó su intervención en el Bajo Luján. "Como es una zona inundable, es imposible que las familias sigan viviendo ahí", apuntó.
Detalles del relevamiento
Tal como informaron desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para elaborar el Renabap se consideraron barrios populares aquellos asentamientos “donde viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”.
Se identificaron en total 4.228 barrios con estas características en ciudades de más de 10.000 habitantes de todo el país. Allí viven alrededor de 3,5 millones de personas. Entre todos los barrios relevados cubren una superficie total de 415,5 km2.
