La jefa de Gabinete peruana, Ana Jara, fue obligada a renunciar a su cargo -y con ella el resto del cuerpo de ministros- por un voto de censura aprobado por el Parlamento, que la hizo responsable del funcionamiento de una red de espionaje contra políticos, periodistas y empresarios por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) que fue revelada por la prensa.
La decisión, cuyo antecedente se remonta a 1963 y fue adoptada por 72 votos a favor (hacían falta 66), 42 en contra y dos abstenciones, obliga al presidente Ollanta Humala a aceptar en el plazo de tres días las renuncias del gabinete ministerial y nombrar los reemplazantes, aunque la única dimisión que no puede rechazar es la de Jara, a causa de la censura parlamentaria.
Tras conocer el resultado, Jara, que se convirtió en agosto pasado en la sexta titular del Consejo de Ministros en lo que va del gobierno de Humala (2011-1016) escribió en su cuenta de Twitter: “¡Doy gracias al Señor Jesús por haberme dado la oportunidad de servir a mi país desde el Ejecutivo! Es una honra que este Congreso me Censure'”.
Jara quedó en la mira por supuestamente no dar explicaciones satisfactorias sobre prácticas de espionaje contra políticos, periodistas y empresarios por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que fueron filtradas a la prensa.
La saliente ministra negó la participación del gobierno en los seguimientos, que alcanzaron a referentes del oficialismo, y planteó la posibilidad de que fueran obra de una “jauría de sinvergüenzas” que trabajan en la DINI con otros propósitos.
Los partidos opositores de derecha Fuerza Popular (FP), Aprista Peruano (PAP) y Popular Cristiano, impulsores de la censura, lograron apoyo del conservador Solidaridad Nacional y de Dignidad y Democracia, compuesto por desertores izquierdistas del oficialista Gana Perú.
El bloque de Gana Perú afirmó que con esta medida “se está buscando desestabilizar al gobierno, algo que no van a lograr”, y le adjudicó también a la oposición intenciones de evitar que continúen investigaciones por casos de corrupción de las administraciones anteriores.
“Si esas fueron las causas que los llevaron a censurar a Ana Jara, tendrán que volver a hacerlo con el próximo, porque vamos a insistir en la lucha contra la corrupción”, aseveró el oficialista Daniel Abugattás, y añadió: “Tampoco van a conseguir que no se investigue el informe de la megacomisión respecto al desbalance patrimonial sobre los principales líderes del PAP”, la agrupación que lidera el ex presidente Alan García.
Durante el debate los opositores acusaron a Humala de usar a la DINI para controlar a sus críticos, mientras los que apoyan al gobierno ironizaron con que la censura fuera impulsada por FP, partido que sigue al ex presidente preso Alberto Fujimori, bajo cuyo gobierno (1990-2000) la inteligencia quedó a órdenes de la delincuencia.
Asimismo, los oficialistas recordaron que según lo destapado por la prensa, el espionaje se practicó también en el segundo gobierno de García (2006-2011).
Jara, que ocupaba el cargo desde julio y no estuvo en el debate, es una abogada de 46 años que milita con Humala en el Partido Nacionalista y era acusada además por la oposición de no tener liderazgo y de ser manejada por la primera dama, Nadine Heredia, a quien muchos califican de ejercer el poder tras bambalinas.
El oficialismo, que solo tuvo apoyo del partido centrista Perú Posible, del ex presidente Alejandro Toledo, consideraba por el contrario a Jara como uno de los mejores cuadros para el cargo que representa el número dos del Ejecutivo.
