Si bien nadie discute la preponderancia que tiene para un Estado el cuidado y la protección de la primera infancia, hasta ahora no había en la provincia un plan integral que se ocupara específicamente de este sector de la población que en Mendoza está compuesto por más de 200.000 niños ( de 0 a 6 años), según estimaciones realizadas con información de la DEIE.
Por esa razón, a través de un acuerdo entre el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Gobierno Nacional, se elaboró el Plan provincial de Primera Infancia. Se trata de un documento que incluye 13 puntos de abordaje con metas e indicadores a cumplirse en 2023. Para confeccionarlo se priorizaron las necesidades locales que surgieron de un relevamiento donde se consideraron distintas señales de riesgo.
En Cuyo, Mendoza es la primera provincia en avanzar en su propio plan, a partir de una iniciativa del gobierno nacional que viene desde 2016. Se espera que el gobernador Alfredo Cornejo formalice el documento por decreto y que cuente con el acompañamiento del gobernador electo Rodolfo Suárez para que se convierta en política de Estado.
"A nivel nacional se está trabajando en un plan 2020-2030 de Primera Infancia que conlleva la adhesión de cada provincia para trabajar las estrategias específicas que cada una necesita", comenzó a explicar Vanina Barone, titular de la Dirección General de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (ex Dinaf).
Daniela Torres, directora de Protección y Restitución de Derechos, remarcó que la importancia de esta plan radica en poner en la agenda pública a corto, mediano y largo plazo a la primera infancia. A su vez recordó que en torno a la niñez reinó la inercia durante décadas.
"La legislación que había anteriormente era del 94, recién este año salió la ley que crea el sistema de protección de derechos, por lo que pasaron casi 30 años sin pensar o llegar al acuerdo sobre la primera infancia", observó.
En cuanto al presupuesto del plan, las funcionarias precisaron que a nivel general se emplearán los mismos recursos que disponen las áreas intervinientes normalmente. "No se necesitaría un aumento presupuestario, sino estar más atentos a determinados lugares específicos", aclararon. De todas formas adelantaron que le presentaron el plan a Unicef para solicitar subsidios para algunos lineamientos específicos.
Puntos primordiales
Dentro del relevamiento que se tuvo en cuenta para su elaboración se tuvieron en cuenta cuatro indicadores principales. El primer de ellos se centró en la necesidad de trabajar fuertemente en los controles prenatales. Ya que si bien a través del Sistema de Salud se realiza la detección precoz de enfermedades durante el primer trimestre del embarazo, actualmente solo se realiza la captación efectiva en el 48% de los casos.
"Las mujeres van al control pero por la cantidad de personas que allí se atienden, no se logra un seguimiento de lo que le pasa a la mujer", indicó Barone. Por esa razón apuntan no tanto a aumentar la cantidad de los controles sino a mejorar su calidad. "Para que permitan saber efectivamente qué está pasando, si la mamá tiene una enfermedad previa, si hay algo que pueda heredar el niño, entre otros", enumeró la funcionaria a la vez que remarcó que en esta instancia también se puede determinar si el niño nace con un posible riesgo social. "Lo que nos permitiría apuntar a lo promocional para no llegar a la vulneración directa", añadió.
En este punto la meta concreta es aumentar la detección precoz de 48% al 53% además de proveer la accesibilidad a los estudios indispensables en el primer trimestre del embarazo, garantizar la calidad de estos servicios a partir de la regionalización de la atención de prestaciones específicas de la embarazada, entre otros.
Como un segundo aspecto primordial se abordó la identidad de los pequeños.
“Nosotras sostenemos que el chico tiene que tener los derechos garantizados del estado apenas nace y la única manera es estando registrado”, destacó Torres. Recalcó la importancia de que los hospitales tengan un registro civil dentro del efector.
Actualmente hay 33 maternidades entre hospitales públicos y privados, de las cuales 12 cuentan con la oficina del registro dentro del hospital y en todos los casos son públicos. Por lo que se apuntará al crecimiento de Centros de Documentación en ambos tipos de efectores.
En tercer lugar les llamó la atención el problema de la obesidad entre los más pequeños.
Tal como detallaron las directoras cada 5 chicos con problemas de desnutrición, 4 tienen obesidad y hay uno con desnutrición. "Justamente en el tema de sobrepeso es donde más nos tenemos que enfocar", manifestaron. Por esa razón en el plan se apunta a propiciar e intervenir en las conductas saludables con la alimentación de niños y niñas en etapa preescolar y realizar una medición con Instrumentos de Observación del Desarrollo Infantil –IODI-, para una identificación precoz, además de otras acciones.
Entre los lineamientos primordiales apareció la necesidad de capacitación y profesionalización de los agentes a cargo de educación y cuidado de primer infancia.
"Cuando se crearon los Centros de desarrollo integral y familiar (CDIyF) como una alternativa para que los chicos no ingresaran a los hogares mientras la mamá trabajaba, no se pensó tanto en docentes y profesionales", recordó Torres. A su vez relató que la mirada sobre esos espacios ha ido cambiando por lo que actualmente incluyen control nutricional, salud, espacio pedagógico, entre otros, por lo que requieren de mayores especializaciones.
En ese aspecto como meta del plan se han previsto continuar y actualizar las capacitaciones existentes, focalizando en la perspectiva de protección de derechos de niños y niñas, puntualizar y profundizar las capacitaciones en relación a la Educación Sexual Integral, entre otras.
Protocolo ante situaciones de maltrato
En el Plan provincial de Primera Infancia también se destaca la necesidad de diseñar e implementar un protocolo de prevención y actuación ante situaciones de maltrato y abuso. Tal como detallaron Daniela Torres, directora de Protección y Restitución de Derechos y Vanina Barone, titular de la Dirección General de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (ex Dinaf) desde allí trabajan en el cuidado de la primera infancia tanto en los Centros de desarrollo integral y familiar (CDIyF) como con los Servicios Educativo de Origen Social (SEOS) que pertenecen a la Dirección General de Escuelas (DGE). "El tema es que la DGE tiene una forma de trabajar situaciones emergentes pero solo para la educación formal y nosotros desde los CDIyF hemos trabajado en un manual que va acorde con los proceso de intervención que tenemos los organismos de protección", explicaron. Por esa razón aseguraron que están buscando consensos para unificar criterios y poder traspolarlos a todos los espacios de la primera infancia. "La idea es estandarizar indicadores para que los docentes puedan capacitarse y saber cómo abordar los casos de maltratos y abuso", comentaron a la vez que adelantaron que ya tienen los indicadores plasmados por lo que el protocolo podría concretarse en el corto plazo.
Otros temas
El Plan provincial de Primera Infancia abarca, además de los temas mencionados, la necesidad de ampliar el régimen de licencia con foco en las necesidades del niño, la extensión del programa “Primeros Años a otros departamentos, la ampliación de cobertura y oferta de salas de 2 y 3 años, el establecimiento de estándares básicos de la calidad de atención a la primera infancia, la creación de un Registro Único integrado del niño/a para seguimiento, entre otros.
