Los mendocinos estábamos acostumbrados a verlo por televisión, porque sucedía en Buenos Aires, pero días pasados lo vivimos en carne propia. Conflictos internos suscitados en una organización gremial terminaron afectando a la población en general.
En la Capital Federal ya casi son hechos habituales los problemas que se plantean en algunas líneas de subterráneos o de ferrocarriles, especialmente en los casos en que las comisiones internas de cada una de ellas no suele coincidir ni gremial, ni políticamente, con la conducción del gremio.
En ese marco, por distintas circunstancias, en muchos casos por causas muy banales, se realizan paros sorpresivos de actividades, dejando a la gente varada en las estaciones.
En la provincia no estábamos habituados a ese tipo de situaciones y solemos molestarnos, con justificada razón, cuando algunos sectores producen cortes de calles o de rutas, perjudicando al grueso de la población que nada tiene que ver con el conflicto.
En la gran mayoría de los casos se trata de reclamos sindicales por incrementos salariales o la reapertura de paritarias, por un hecho concreto de inseguridad, por planteos de productores o por la requisitoria de la vivienda propia.
Pero días pasados se vivió un hecho que nos llevó a identificarnos con lo que sucede en Buenos Aires.
Un conflicto interno, en el gremio de los petroleros privados, como consecuencia de una elección de autoridades, generó que se produjera la escasez de combustible, que no alcanzó niveles de alarma porque la medida de fuerza que se realizó no tuvo un período prolongado en el tiempo.
El problema se planteó durante el escrutinio de las elecciones internas. Hubo disturbios y en medio de ellos desapareció una urna.
Una de las listas, la opositora a la actual conducción en Mendoza y que responde al secretariado nacional del gremio, se declaró ganadora mientras la restante, la supuestamente derrotada, denunció amenazas a los trabajadores cuando iban a sufragar y efectuó un planteo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, organismo que dictaminó que las elecciones debían realizarse nuevamente.
La funcionaria que dispuso la medida dio por válidas las denuncias de la lista oficialista Azul y Blanca por la presencia de 'irregularidades' que entorpecieron la libre emisión del voto de los afiliados y se inclinó a favor del pedido de anulación hecho por la junta electoral, aunque los informes de los veedores sólo detectaron problemas en algunas, pero no en todas las mesas.
Para quienes se declararon ganadores, en la decisión del Ministerio hubo una fuerte impronta política en razón de que, quien encabezaba la lista supuestamente derrotada, es el actual diputado nacional por Mendoza por el Frente para la Victoria, Dante González.
No se trata aquí de establecer si la decisión ministerial es correcta o no, sino de señalar las consecuencias que la medida trajo aparejada, en razón de que todo terminó con un paro de actividades y piquetes a la salida de los camiones de combustibles en la destilería, lo que generó la posibilidad de desabastecimiento en las estaciones de servicios.
Puede ser que la lista afectada tenga razón en sus reclamos, pero lo que no se puede aceptar es la modalidad del reclamo. Hay otras vías, como la administrativa ante el Ministerio de Trabajo o la judicial que debieron priorizarse antes de perjudicar al resto de la población, como terminó ocurriendo.
