Lo sucedido con la discusión paritaria entre el SUTE y el Gobierno constituyó la primera muestra; se mantuvieron posiciones irreductibles, especialmente desde el sector sindical, llevando la situación prácticamente a un callejón sin salida y a que la definición terminara debatiéndose en los ámbitos legislativos.
Sin embargo, no conformes con ello, la dirigencia, en lugar de aceptar el puente que significó la prórroga de la sesión especial para tratar el decreto de incremento salarial, redobló la apuesta y volvió a plantear condiciones, en este caso al exigir que ese diálogo se desarrollara dentro del marco de la paritaria, siendo que el retorno a la discusión entre los sectores debería surgir de un acuerdo con el Gobierno y dentro de límites previamente establecidos a los efectos de no prolongar el problema de manera indefinida.
En tanto, decenas de miles de chicos están sufriendo las consecuencias porque, más allá del porcentaje de adhesión que alcanzó la medida de fuerza, lo cierto y concreto es que ningún niño debe quedar sin acceder al pleno derecho que tiene de recibir educación.
No es del caso establecer aquí cuál de las dos partes tiene razón porque cada uno aporta sus propias motivaciones. Pero hay un aspecto que no parece ser tenido en cuenta por una de las partes. Sucede que quien se encuentra al frente de la gestión de Gobierno debe moverse dentro de los límites del acotado presupuesto, más aún teniendo en cuenta el antecedente que quedó del año pasado, en que el otorgamiento descontrolado de incrementos provocó que los trabajadores sufrieran demoras en el pago de los salarios en los tres últimos meses del año.
Para reforzar la situación sobre lo que sucede en la actualidad, también debería recordarse que en la reunión de gobernadores con el Poder Ejecutivo nacional, Mendoza fue la única provincia que pedía que se acordara con los fondos buitre a los efectos de poder tomar créditos a baja tasa para poder afrontar los “gastos corrientes” -pago de sueldo y saldar las deudas con los acreedores-. En el resto de los casos, los mandatarios destinarían esos créditos a la obra pública.
Con vistas a futuro, la situación se presenta complicada e inquietante. El Estado tiene la obligación de garantizar educación, seguridad, salud y justicia y por ese motivo en esas actividades se desempeñan los empleados públicos. Ya sabemos lo que ocurrió con el SUTE, mientras en el caso de la Policía no pueden agremiarse porque está prohibido por ley.
Pero queda la discusión de los trabajadores de la salud, de la administración central y de la Justicia y en el primero de los casos cualquier medida de fuerza puede afectar profundamente a la población. Sin embargo, los dirigentes sindicales de los gremios que nuclean a cada uno de ellos han anticipado el reclamo de un incremento que, a priori, se presenta imposible de afrontar por parte del Gobierno, lo que podría anticipar nuevos conflictos en caso de que los gremialistas mantengan posiciones inflexibles y no se avengan al diálogo.
Años atrás, ante la fuerte devaluación del gobierno de Duhalde, los dirigentes sindicales de la actividad privada, durante las discusiones paritarias, pusieron en la balanza el reclamo salarial junto a la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y fueron moderados en los planteos.
Los trabajadores del Estado no tienen problemas con la fuente laboral en razón de que la tienen asegurada por ley, pero eso no da derecho a los dirigentes sindicales de establecer exigencias imposibles de cumplir, pero que intentan obtener manteniendo a la población como rehén a través de las medidas de fuerza.
