En principio, la Constitución Nacional, cuando declara los derechos de los ciudadanos en el artículo 14 dice que los mismos gozan de ellos “conforme a las leyes que reglamentan sus ejercicio”. Esto es porque la Constitución, en sí misma, no es operativa sino que fija los marcos y reglas de juego generales. Pero a continuación, el mismo texto constitucional advierte que dicha regulación de los derechos no debe llegar a hacer imposible el ejercicio de los mismos. De esta manera, el Constituyente establece dos límites: el del ejercicio, para que tenga vigencia el principio de igualdad ante la ley consagrado por el mismo texto; y por otra parte para el regulador, para que la norma no haga imposible el ejercicio del derecho.
Pero esta base luego se amplió porque las leyes del Congreso dejan en mano del Ejecutivo los “decretos reglamentarios” que amplían más el marco regulatorio y, en otros casos, se amplía mucho más porque los municipios establecen sus propias normas de ejercicio de las actividades económicas y les agregan tasas de inspección, que suman a las tasas generales, a los impuestos provinciales y a los nacionales.
En definitiva, tenemos una maraña de regulaciones y, muchas veces, sistemas de controles multiplicados cuando se trata de recaudar, pero inexistentes a la hora de controlar el cumplimiento de las normas. El ejercicio regulatorio se ha transformado en una maquinaria que ha facilitado la corrupción porque casi todas residen en la necesidad de tener que pedirles autorización a funcionarios de varias jerarquías que, en algún momento, quieren ponerle valor a su firma.
Todas las regulaciones que tiendan a garantizar la seguridad alimentaria así como la seguridad en materia de medicamentos son razonables y se debe ser estricto en materia de controles. Lo mismo rige para garantizar derechos de propiedad, ya sean físicos o intelectuales. Pero abundan regulaciones cuando se trata de ejercicio del comercio o actividad lícita ya que se exceden los sistemas regulatorios, todos arancelados, que consumen tiempos y recursos. El gobierno nacional comenzó con un plan para desburocratizar diversas actividades, pero eso no se ha trasladado a las provincias y municipios. Es que de la subsistencia de esas regulaciones depende que tenga sentido la existencia de muchas reparticiones y muchos empleados.
Hay muchos casos en los que existen marcos regulatorios y entes de control, pero la población no tiene la percepción que dichos controles se cumplan. Así pasa con los entes que controlan los servicios públicos concesionados, a los que la población los ve como impuestos. Un caso típico es la minería en Mendoza. Los políticos quieren revisar la ley 7722 y anuncian que la idea es avanzar donde haya “licencia social”, es decir, donde la comunidad esté de acuerdo. Pero el problema surge porque muchas comunidades no tienen seguridad que el gobierno provincial vaya a cumplir con su rol de poder de policía ambiental. Nadie cree que la provincia vaya a controlar porque, además, no se crea ningún cuerpo específico de control, preparado y capacitado.
El tema de fondo es regular bien, dentro de los límites de la Constitución, no para complicarles la vida a las personas o empresarios sino para salvaguardar derechos generales. A nivel nacional hay preocupación por la escalada de precios pero en lugar de ver cuáles son las causas reales que generan la inflación aparece lo más práctico de acusar a las empresas. Luego llega el discurso contra las formaciones oligopólicas y todo conduce a controlar precios, lo que es la peor solución. En principio, porque en un proceso inflacionario hay que controlar las causas y éstas están en el volumen del gasto público y la emisión monetaria. Cuando está lanzada, es la falta de confianza lo que alimenta el proceso y si, además, el mismo gobierno genera un sistema de indexación de tarifas, aparece el combo perfecto. Y en esto no tienen la culpa los comerciantes minoristas, chicos o grandes.
La Argentina necesita menos burocracia y regulaciones conformes al mercado, es decir, que se permita el perfecto funcionamiento y la libre y leal competencia. No es posible que no se haya podido sancionar la ley de defensa de la competencia y la creación del Tribunal Nacional de defensa de la Competencia para arbitrar en los casos de oligopolios. En los últimos años, las políticas aplicadas llevaron a una concentración de los mercados masivos y es fundamental un correcto control. No es congelando precios que se soluciona el problema.
