El gobierno nacional quiere que los patentamientos y transferencias de autos se hagan online. En Mendoza, en gran medida el actual Registro del Automotor devino una "caja" que manejan familiares y allegados de reconocidos dirigentes políticos de la provincia.
Allí se pueden divisar muchas de las cosas negativas que carcomen a nuestro país, favoritismo político, clientelismo (de alto nivel en este caso), nepotismo explicito, burocracia, corrupción en resumen.
Males transformados en enfermedades crónicas y que pareciera que ni los gobiernos, ni la sociedad tienen verdadera voluntad de atacar a fondo, a pesar de las reiteradas promesas, de "ir al fondo, hasta las últimas consecuencias".
Las más de las veces se terminan en un "arreglo", por lo cual es de desear que esta vez el anuncio del gobierno nacional se traduzca en medidas que modifiquen de raíz estos males.
Lo que conocemos en forma simplificada como Registro del Automotor, se trata de un instituto público, que forma parte de un organismo enorme de límites y características difusas.
Su denominación oficial es Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA); y se ubica en la órbita de uno de esos ministerios cuya denominación ha ido oscureciendo las funciones del Estado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos MJyDH).
El número de Registros en todo el país supera los 1.500. La progresión en nuestra provincia es ilustrativa desde los años 60, cuando se crea el instituto y hasta los 80 había sólo 2 registros, al finalizar la gestión de Alfonsín había 17, actualmente son 52.
Es cierto que en gran parte esta progresión tiene relación con el explosivo crecimiento de parque de automotores y motocicletas, pero la discrecionalidad política con se ha manejado el tema es visible, donde son manifiestas las relaciones familiares y políticas de los titulares, beneficiarios en primera instancia de estas jugosas "cajas".
La función del Registro del Automotor, al igual que el de la propiedad, es precisamente registrar la información que permite un rápida identificación del bien, facilitando las transferencias de los mimos.
Se trata de reducir lo más posible los costos de transacción, tema bien estudiado en economía. Mientras más sencillo y barato es ese costo mayor es la cantidad que realiza, beneficiando a la economía.
Pero lo que ha ocurrido con el enredado proceso de los Registros es que los costos han aumentado a porcentajes inaceptables: pueden superar el 7% del precio del vehículo, precio fijado por la AFIP, que es el precio de mercado.
En pocas palabras el Registro es un medio para que el Estado y los titulares de los mismos recauden con facilidad.
El andamiaje jurídico de la DNRPA está conformado por 52 leyes y decretos, en pocas palabras es servicio público tercerizado. La mayor parte de la recaudación va a parar a los denominados Entes Cooperadores, que son los que pagan a miles de empleados que aparentemente pertenecen al MJyDH.
Estamos frente a una poderosa corporación donde se entrelazan los intereses de la burocracia pública y la privada. En torno a los Registros hay además un mundo de gestores.
Según el anuncio el propósito último es eliminar los Registros, esperamos verlo.
Lamentablemente hay motivos para el escepticismo, al momento de escribir esta columna se publica en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución 573/18 del MJyDH creando 12 nuevos Registros del Automotor.
