Naciones Unidas difundió ayer un informe lapidario en el que afirmó que en Chile se han registrado graves violaciones a los derechos humanos en la represión de las manifestaciones que desde hace casi dos meses demandan justicia social.
El documento de 30 páginas de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, es el resultado de una visita al país en noviembre que duró tres semanas.
"Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos'', indicó el texto. Agregó que estas "incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza, que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias''.
El gobierno relativizó el informe y la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Lorena Recabarren, dijo que "es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del gobierno, no están adecuadamente representadas o contienen información errada''. Añadió que el documento da por cierta la existencia de violaciones a los derechos humanos "antes de que concluyan las investigaciones en curso".
La policía informó la víspera que han instruido 856 investigaciones internas y que dio de baja a ocho agentes antimotines "por incumplimiento grave de los protocolos''. Añadió que la mayoría de los casos siguen su curso y que otros están listos para que se propongan sanciones o se absuelva a los involucrados.
La conclusión de Naciones Unidas coincide con las aseveraciones de otros organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.
Lesiones
La investigación de Naciones Unidas aseveró que el alto número de personas con lesiones oculares o faciales, unas 350, demuestra que hay razones fundadas para creer que "se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de heridas". Explicó que, aunque la mayoría de las heridas son por perdigones, otras son por el "uso de irritantes químicos, en particular gases lacrimógenos y, en algunos casos del impacto de los cartuchos de gas lacrimógeno''.
“Todos los informes que han dado los distintos organismos –ya van tres– son lapidarios. Un cuarto informe en contra del actuar de carabineros (policía) está de más. Todos sabemos cómo han actuado’’, declaró el obrero de la construcción Nelson Iturriaga, de 43 años.
Contó que fue herido en el sector donde se realizan las mayores protestas en Chile cuando los policías les tiraron bombas lacrimógenas, "a otros los apalearon, y a mí me tocó la mala suerte de recibir un perdigón en el ojo''. Aún no se sabe si recuperará la visión.
El paramédico Albano Toro, de 40 años. se quejó de que "todos (los organismos) están dando una mirada muy global de lo que nos está pasando, y nadie se nos ha acercado, estamos solos''. Explicó que su puesto fue tiroteado. "Lamentablemente, uno de los disparos voló mi antiparra, mis lentes ópticos, produciéndome la pérdida completa de la vista de mi ojo izquierdo'', relató.
Ambos formaban parte de un puñado de personas que protestó ayer frente al palacio de gobierno contra el presidente Sebastián Piñera y el director nacional de la policía, Mario Rozas.
El uso general de las escopetas que han causado las lesiones oculares como las de estos chilenos fue suspendido temporalmente casi un mes después del arranque de las marchas, cuando el máximo jefe policial, general Mario Rozas, admitió diferencias entre un informe del fabricante de los perdigones y balines y uno de expertos de la Universidad de Chile: la policía afirmaba que los proyectiles eran de goma y los especialistas que los perdigones contienen un 20% de caucho y un 80% de sílice, sulfato de bario y plomo.
