Los cambios que viene impulsando el gobierno de Alfredo Cornejo en materia de legislación penal ya alcanzan a 12 leyes y pueden llegar a las 14 si en la Legislatura se aprueban las dos iniciativas que la Casa de Gobierno ya está preparando para su remisión.
Se trata de la modificación de la normativa sobre el trabajo en contexto de encierro, que Cornejo ha encargado al ministro de Seguridad, Gianni Venier. También la propuesta a la Justicia de introducir cambios en el régimen penal juvenil que incluye -entre otros temas- la edad de imputabilidad de los menores. Este asunto está siendo monitoreado por el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.
Hoy, un menor de 16 años no es imputable penalmente. El régimen laboral de los presos está regulado desde hace veinte años por la ley 24.660.
El gobernador mendocino ha respaldado la decisión del Gobierno nacional de propiciar el debate en torno a la eventual baja de la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años.
Se ha pronunciado en favor de que “los presos devuelvan con su trabajo el costo que generan y que asuman más obligaciones”. Según trascendió, la nueva normativa provincial tendería a otorgar mejores condiciones de reclusión a presidiarios que trabajen.
Las nuevas iniciativas se suman a 12 anteriores ya aprobadas por la Legislatura: se declaró la emergencia en seguridad; se modificó la Ley Orgánica de Policía; se creó el registro de libertades provisionales y se modificó el directorio de la Inspección General de Seguridad.
También se unificaron las causas, se endurecieron las prisiones preventivas, se tomó deuda para construir un nuevo penal. Se modificó la ley del Ministerio Público Fiscal. También se implementó el registro de huellas genéticas y se concentraron los tribunales correccionales.
Derecho a trabajar y a cobrar sueldo
La ley 24.660 establece que las personas detenidas en las cárceles argentinas tienen derecho al trabajo remunerado. “No se impondrá como castigo, no será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado; propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales y procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre y deberá ser remunerado”.
El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena indica que en 2016 un 53% de los presos (32.592) de todo el país no tenía trabajo remunerado. De los que sí trabajan en prisión (22.664), un 18% cumple hasta 40 horas semanales.
