La oposición se prepara para dar la batalla judicial contra el proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura -que el Senado convertirá en ley el miércoles 8- y el camino elegido es atacar la inconstitucionalidad de la misma ante la Justicia Electoral buscando una resolución más rápida del trámite judicial.
La UCR, que es la fuerza con mayor representación territorial, ya tiene decidido hacer una presentación ante el juzgado federal porteño con competencia electoral de María Servini de Cubría, debido a que se trata de un partido de alcance nacional. Pero la idea será replicada por otros partidos provinciales en juzgados con competencia electoral de los distintos distritos, de manera de asegurarse que el trámite vaya por varios carriles y no sólo por uno. Entre ellos se cuenta el Partido Demócrata de Mendoza.
La intención radical es cuestionar esta ley inminente por dos vías: en la Justicia Electoral y en la Justicia Civil. La explicación es porque el proyecto que fue aprobado en medio de las polémicas por la Cámara de Diputados el jueves por la madrugada contiene una cláusula -incorporada por el kirchnerismo a último momento- que obliga a los partidos o alianzas que quieran presentar listas de candidatos a consejeros (que se elegirán en las PASO y en octubre) a formalizar frentes con el mismo nombre y los mismos partidos integrantes en al menos 18 provincias, requisito que la oposición en su conjunto considera "proscriptivo" ya que ninguna fuerza puede cumplir con el mismo.
Además, las mismas fuerzas pedirán la inconstitucionalidad de otras partes de la futura norma, ya que consideran que viola la división de poderes al permitirle al partido que gane las elecciones poder nombrar o suspender un juez con la mitad más uno de los votos del Consejo (ahora se exigen dos tercios, una mayoría calificada) y porque los jueces irán en las boletas partidarias.
El senador nacional por Mendoza, Ernesto Sanz, confirmó la estrategia de los radicales. "Esto es de imposible cumplimiento, aún para nosotros que tenemos un partido extendido en todo el país. Pretendemos apuntar primero a la Justicia Electoral y que haya muchas presentaciones en todo el país para evitar que a un juez se le ocurra dormir la causa", explicó.
La UCR, como parte integrante del Frente Amplio Progresista santafesino, haría entonces dicho planteo ante el juez electoral de Santa Fe. "Si un juez nos dice que no, más allá de que sería una locura, plantearemos el per sáltum a la Corte porque se dan todas las condiciones que dice la ley que reguló este instituto y que sancionó el kirchnerismo el año pasado para usar en el caso Clarín", explicó.
"Nosotros ya tenemos preparado el escrito contra la ley que regula las cautelares y cuando se sancione la ley del Consejo presentaremos nuestro planteo", avisó el diputado nacional Ernesto Martínez, apoderado del Frente Cívico de Córdoba. El planteo recaerá en el Juzgado Federal Número 1 de esa provincia, que comanda el juez Ricardo Bustos Fierro.
En tanto, el diputado nacional por Mendoza, Omar De Marchi, referente del Partido Demócrata, coincidió con que el proyecto kirchnerista "proscribe a los partidos provinciales". "Resulta que podemos presentar candidatos a presidente haciendo alianzas en cinco distritos pero no podemos presentar candidatos a consejeros porque se nos piden 18 distritos, es una locura", opinó. Por ahora, el PD no sabe si irá ante el juez electoral mendocino, el polémico Walter Bento, o irá a cualquier otro magistrado.
El diputado socialista Juan Carlos Zabalza calificó la intención del oficialismo como "jurídicamente aberrante". "Estamos analizando con los abogados del socialismo y de las otras fuerzas del Frente Amplio Progresista cómo atacar esta ley con la que el kirchnerismo busca ganar aunque sea por poco para controlar el Consejo de la Magistratura y garantizarse impunidad".
Una vez que la presidenta Cristina Fernández promulgue la norma y llame a elecciones (tiene tiempo hasta el 13 de mayo) comenzará la pelea judicial. Entre esa fecha y principios de agosto -el 11 son las primarias- habrá una guerra que definirá la Corte en última instancia.
