La Procuración General de la Nación (PGN), encabezada por Alejandra Gils Carbó, deberá responder hoy antes de las 18 a los planteos de los apoderados de un partido político (Carlos Traboulsi, de la Democracia Cristiana porteña) y de una agrupación de abogados (Jorge Rizzo, de Gente de Derecho y presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) contra la elección popular de los consejeros de la Magistratura a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así, el máximo tribunal quedará en condiciones de fallar entre mañana y el miércoles sobre el núcleo de la reforma al Poder Judicial aprobada en el Congreso por el kirchnerismo y caratulada como "democratización de la Justicia" por el oficialismo pero declarada inconstitucional por la jueza federal electoral María Servini de Cubría, además de otros jueces que dictaron medidas cautelares en su contra.
La PGN fue notificada el sábado de los planteos de Traboulsi y Rizzo aceptados por Servini y llegados al máximo tribunal por un pedido de "per saltum" (salteo de instancia) del propio Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro. Ahora, su respuesta dejará a la Corte en condiciones de resolver el tema. El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, ya había dicho que la Corte lo haría "inmediatamente".
El viernes lo había hecho Rizzo. Y el sábado lo hizo Traboulsi, quien cuestionó al Poder Ejecutivo por haber ignorado su planteo hecho a nivel personal, como abogado que, según la reforma kirchnerista, lo obligará a ir en la boleta de un partido político si es que quiere postularse a consejero de la Magistratura.
"La controversia entre el suscripto, el Partido Demócrata Cristiano y el Poder Ejecutivo Nacional es real, ya que estamos interesados en que se organice una elección ajustada a las pautas contenidas en el artículo 114 de la Carta Magna", expresó Traboulsi en su respuesta al Gobierno. Fue porque el Gobierno dijo que no hay un caso concreto y real que afecte derechos respecto de la elección popular de consejeros de la Magistratura.
El artículo 114 de la Constitución Nacional mencionado por Traboulsi habla del "equilibrio" que debe existir entre los representantes del poder político y los de los abogados y los jueces en el Consejo de la Magistratura, el organismo creado con la reforma constitucional de 1994 y encargado de seleccionar a los magistrados y promover su destitución en caso de mal desempeño.
"El Ejecutivo Nacional se encuentra en plena organización y difusión de una elección que proscribe a los matriculados federales como tales y a los partidos políticos que no tengan representación en 18 distritos electorales generándoles una ?capitio diminutis' al impedir la adhesión de las boletas del Consejo al cuerpo de la lista", relató Traboulsi en su respuesta a los argumentos del Gobierno.
El kirchnerismo pretende reformar el Consejo de la Magistratura -al que ya modificó hace siete años a través de un proyecto de la actual presidenta y ex senadora Cristina Kirchner- y dejar en manos de la mayoría política de turno el control del organismo y la consecuente decisión de si un juez debe ser suspendido en su cargo para ser sometido a un juicio político. Los abogados y los jueces se sienten perjudicados al tener que ir pegados a la boleta de un partido y no ser electos por sus pares.
