La posible reforma de la Ley provincial 7.722 tuvo ayer su segunda jornada en comisiones conjuntas entre senadores y diputados, con la intención de seguir avanzando en el tratamiento en la Legislatura.
Debido a que los próximos días martes son los respectivos asuetos por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo (24 y 31 de diciembre), se modificaron las fechas de las próximas sesiones del Senado, que serán los lunes 23 y 30 de diciembre. De esta forma, y de acuerdo con la intención de acelerar su tratamiento, todo indica que el proyecto se aprobaría el próximo lunes.
Esto porque son muy pocos los legisladores que han manifestado abiertamente su rechazo a la reforma de la 7.722. Son tres en el Senado (de un total de 38) y seis en Diputados (de 48 bancas).
En la Cámara alta, la iniciativa que promueve el gobierno de Rodolfo Suárez avanzará sin mayores sorpresas ya que allí Cambia Mendoza tiene amplia mayoría. El único senador oficialista que ha dicho que votará en contra es Ernesto Mancinelli, del partido aliado Libres del Sur.
De la misma manera lo hará Lautaro Jiménez, del Frente de la Izquierda y los Trabajadores (FIT).
Ayer, Protectora emitió un comunicado ratificando su rechazo al proyecto que se está tratando, por lo que el tupungatino Marcelo Romano tampoco presionará el pulsador en la votación.
Por la Cámara baja, la situación es similar. Jorge Difonso, ex intendente de San Carlos y diputado por el Frente Renovador-Unión Popular (que es parte de Cambia Mendoza), ya ha expresado que no apoyará la iniciativa. Ayer incluso su sucesor en la comuna sancarlina, Rolando Scanio, estuvo en la puerta de la Legislatura arengando a los manifestantes antiminería.
En el Partido Justicialista, quienes se han manifestado en contra de la reforma son la diputada Laura Chazarreta y su colega alvearense, Gustavo Majstruck.
Mario Vadillo y Pablo Cairo, de Protectora, tampoco acompañarán la iniciativa al igual que Mailé Rodríguez, del FIT.
Votos garantizados
Ayer, durante el segundo día de análisis del proyecto en comisiones, el Anexo del nuevo edificio legislativo lució desde temprano con custodia policial, vallas en el perímetro y persianas bajas. El objetivo, aislar a los senadores de lo que sucedía en las inmediaciones, en un clima de ruidosa protesta social.
Con una nutrida convocatoria, muchas personas que se expresan en contra de modificar la legislación "antiminera" se acercaron con bombos, banderas y todo elemento sonoro que llamara la atención (ver aparte).
Sin embargo, puertas para adentro, todo transcurrió con total normalidad. Distintos oradores expusieron sus puntos de vista, algunos a favor y otros en contra, y se acordó continuar hoy. De hecho, la tensión que se vivió en la Legislatura, que demoró por algunas horas la salida de empleados, periodistas y legisladores, no sembró dudas en lo que respecta a seguir adelante con el proyecto.
Hoy, la tercera reunión contaría con la presencia de Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería, y Humberto Mingorance, secretario de Ambiente. Los dos funcionarios provinciales expusieron el lunes sus argumentos a favor de la reforma, recibieron los aportes realizados por los legisladores y deben hacer la devolución correspondiente al proyecto.
Este punto es una de las claves en el acuerdo con el Partido Justicialista, que ya puso cuatro condiciones innegociables para apoyar la reforma: control ambiental efectivo que incluya a los municipios; cuidado estricto del agua que deberá ser financiado con fondos de las regalías de la actividad; crear trabajo mendocino con participación de las ganancias y riquezas que surjan de la actividad; y por último, garantizar la licencia social que precisa la actividad.
Ahora bien, desde el principal partido opositor indican que acompañarán con un número importante de votos, siempre y cuando se aprueben estas modificaciones. Es decir, que la protesta social no modificará la postura del PJ y, de esta manera, la aprobación de la Ley estará garantizada en ambas Cámaras.
