1.
La inseguridad en Mendoza constituye un tema central de debate. Un elevado porcentaje de habitantes de nuestro territorio ha sido víctima, alguna vez, de una acción ilícita. También la prensa, en general, ha resaltado titulares desgarradores como espejo de esta preocupante realidad. No hay dudas de que la inseguridad es producto de un incremento de los delitos y la violencia social. Esta situación está afectando seriamente la convivencia comunitaria, la vida en libertad y el desarrollo armónico de las familias.
2.
No son pocos los ciudadanos que cuestionan el modo en que el Estado enfrenta el fenómeno de la inseguridad. Diversas expresiones sociales destacan la necesidad de construir una eficaz política de Estado que contenga nuevos paradigmas, especialmente en el accionar policial y judicial.
3.
Desde este ángulo de observación, la manera tradicional de enfrentar la inseguridad se ha tornado insuficiente, no sólo por los diagnósticos precarios y estrategias volátiles y momentáneas sino, además, porque las acciones operativas están quedando fuera del marco de una planificación integral, a corto, mediano y largo plazos.
4.
Una política de Estado debe tener como eje central la protección del ciudadano y la pacificación social, resguardando los principios y normas constitucionales y el respeto integral por los derechos humanos para todos. Requiere la interacción, coordinación y cooperación de las instituciones policiales y de justicia, enlazados con los programas comunitarios de desarrollo humano.
5.
El viejo paradigma de dividir a la sociedad entre "buenos" y "malos" ha fracasado y debe abandonarse. Se basaba en la lógica de la confrontación y el establecimiento de un estado de guerra, basado en la ecuación amigo-enemigo. Lo que consigue esta postura es la entronización de la violencia, el debilitamiento del Estado de Derecho, el favorecimiento de la cultura del linchamiento.
6.
No escapa en esta línea de análisis la existencia de numerosas personas que tienden a vincular a la pobreza con el crecimiento de la delincuencia, la violencia y la inseguridad. Empero en los barrios pobres de Mendoza hay un alto porcentaje de trabajadores honestos y ejemplares. Para más, en esos espacios barriales son ellos los que conforman los grupos más vulnerables, precisamente los más afectados por la inseguridad. También es cierto que la marginación y exclusión social pueden impulsar a una minoría a cometer delitos contra la vida y la propiedad en perjuicio de otros sectores de la sociedad.
7.
No obstante, hay delitos que involucran a sujetos poderosos, delincuentes con mayor caudal económico y educacional. Se trata de los delitos económicos, de corrupción, lavado de dinero, homicidios, contrabando, robo de automotores, venta de armas, trata de personas, violencia de género, comercialización y distribución de estupefacientes a gran escala, utilización de paraísos fiscales a los efectos de la evasión impositiva. Paradójicamente, estos ilícitos cometidos también por una minoría generan inseguridad social, tanto más si alcanzan a enlazar la participación o complicidad de funcionarios de los distintos niveles estatales.
8.
Desde otro parámetro de análisis, hay sectores que ven en la inseguridad una anarquía social. En razón de ello propician la imposición del "orden" propugnando políticas que aseguren la "tolerancia cero" o "la mano dura" frente al avance cuantitativo de los delitos. En su implementación extrema han tomado como sustento ideológico la "razón de Estado", el racismo, la exclusión social o el aniquilamiento del accionar subversivo. Estas situaciones no logran el "orden" apetecido ni el equilibrio social. Por el contrario, la consecuencia es la fractura de la sociedad con su secuela de sufrimientos indecibles, torturas, desapariciones y muertes. La implementación de esta tesis trae también efectos dolorosos y hasta inhumanos para sus ejecutores.
9.
Por otra parte, las zonas presuntamente liberadas, la ausencia de protección, la corrupción en el andamiaje de la represión legal, la impunidad, la superficialidad investigativa, todo ello también expande el miedo social. Mendoza cuenta con buenos policías y excelentes jueces y fiscales pero éste es un tema que reclama la participación de otros sectores que no deberían actuar aisladamente sino en un ámbito de cooperación integral, como son las universidades, las asociaciones vecinales, los foros de derechos humanos, entidades religiosas, docentes, jueces, legisladores, dirigentes políticos y sociales, periodistas estudiosos del tema, policías, dirigentes del ámbito deportivo, juristas, abogados, psicólogos y psiquiatras, médicos en general.
En ese espacio, cuya enunciación anterior es ejemplificativa pero no taxativa, pueden lograrse resultados positivos. No puede echarse en olvido que el diseño de una política estatal de seguridad debe priorizar las políticas educativas y culturales, el acceso a la salud y el empleo. La integralidad de todos estos aspectos tiene una razón y es que el establecimiento de una comunidad segura no puede depender sólo de la represión legal y el castigo penal. El esfuerzo colectivo debe implementar en su análisis un sistema de control fuerte y estricto.
10.
El eje rector de la actividad estatal es el bien común o, como lo expresa el Preámbulo de la Constitución Nacional, la promoción del bienestar general. La alternativa no es el caos y el pesimismo sino la certeza y esperanza de salir airosos de este dilema. No es una época de resignación sino de profunda reflexión y análisis con el fin de promover acciones resueltas y definidas. En este sentido, no se necesitan personas extraordinarias sino seres comunes que hagan cosas extraordinarias.
