Refinanciación de tarjetas de crédito: para Ramón, no protege a los consumidores

Una vez conocida la Comunicación “A” 6964 que emitió el Banco Central sobre las disposiciones que comenzaron a regir desde este lunes, según la cual las entidades del sistema financiero deben refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas de crédito, a un año de plazo con 3 meses de gracia, 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas y una tasa nominal anual de 43% (que no es lo mismo que el Costo Financiero Total, que será mayor), el diputado nacional mendocino José Luis Ramón cuestionó duramente las condiciones.

En una carta enviada a Martín Pesce, presidente del Banco Central, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo puntualizó en 4 ejes su crítica a las nuevas disposiciones, comenzando por la tasa de interés y lo que considera “el precio del tiempo de la pandemia.

“No es aceptable el pago de interés por el mero paso del tiempo que transcurre durante esta pandemia. Mantener esta situación, en el caso de las tarjetas de crédito, así como de cualquier otro contrato (sea los préstamos UVA, prendarios de todo tipo o personales), es tanto injustificable como inmoral. Todos los consumidores, de todos los niveles sociales, están sufriendo un debilitamiento en una gran parte de los aspectos de su vida común, y el tiempo es aquí un aspecto central, que no puede beneficiar a la parte fuerte de la relación, en este caso, el prestamista”, señaló.

Si bien considera correcto el levantamiento de intereses, es “insuficiente” porque es necesario dictarlo “directo de estos intereses”, ya que no está en manos de la población argentina “el acelerar el pago de estos préstamos, motivo por el cual, no puede sufrir por la demora en dicho pago”, consideró.

Otro de los cuestionamientos fue por la “falta de claridad en la tasa de interés” y el período de tres meses de “gracia”. “¿Qué significa esto?”, se preguntó Ramón. “Para la mayoría de la población, esto significa que durante tres meses no pagará el préstamo. Grave error que el BCRA no ha tenido en cuenta ni aclarado. Este período de gracia no está exento del pago de interés, que se distribuirá en las demás nueve cuotas. Esto lleva a confusión a toda la población, e incurre en una falta de claridad, común en la operatoria de las financieras más abusivas de nuestro mercado”.

“El BCRA está incurriendo en una violación a un derecho constitucional básico: el de la libertad de elección del consumidor (artículo 42). Si bien estamos en una situación de emergencia, se está imponiendo una solución que deberán pagar los consumidores a un 43% anual. Esto es inaceptable”, agregó.

El diputado subrayó que “los consumidores tienen derecho a elegir esta opción, u otras, pero no pueden tener que costear una ganancia fija y permanente para todo el sistema bancario. No es esta una situación en donde las ganancias vayan de los débiles a los grandes bancos, todo lo contrario”.

Además, dijo que “se excluye a las tarjetas dirigidas a los sectores de menores ingresos” que contratan tarjetas de crédito no bancarias (como las ofrecidas por supermercados o algunos grandes operadores no bancarios). “Es sabido que estos operadores requieren menores requisitos para su operatoria y muchas veces tienen tasas elevadas de financiación, estando usualmente en el tope de reclamos. No solo no se los incluyó en esta comunicación, si no que aun no hay respuesta sobre la situación de los préstamos personales”, sostuvo.

Finalmente le solicitó a Pesce que “tome las medidas necesarias para asegurar la protección de los usuarios bancarios de todo tipo (no solo los de la banca formal) y asegure la protección de  quienes mas lo necesite, dejando de lado la rentabilidad de algunos grupos económicos, y poniendo como eje, el esfuerzo que deben poner en esta pandemia”.