Un informe realizado por expertos, investigadores y académicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que incluye a referentes locales y miembros del Conicet, reveló las preocupaciones que se manifiestan en barrios populares si sigue la pandemia, entre las que aparecen el aumento de precios en alimentos y productos de higiene como lavandina y alcohol en gel, incremento de violencia intrafamiliar, más casos de depresión y ansiedad, y temor por la falta de acceso a la salud.
El trabajo realizado durante el primer fin de semana de la cuarentena también destaca los testimonios de referentes barriales, los que manifiestan temor por escaladas de violencia social y se hace referencia a los saqueos del 2001. También se señalan los problemas en infraestructura, como el déficit habitacional, la falta de agua y red cloacal.
La socióloga, doctora en Historia e investigadora del Conicet Virginia Mellado, quien participó del estudio, señala que uno de los objetivos del informe fue evaluar el grado de cumplimiento de la política de cuarentena en zonas vulnerables. La mayoría de los informantes clave indicaron que la cuarentena se cumplió parcialmente. El principal problema detectado en todo el país está relacionado con el sector informal de la economía y la precariedad laboral.
Explicó que de acuerdo con Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social, los datos oficiales arrojados por el Indec indicaban que para el último trimestre de 2019 la indigencia trepó al 8,4% de la población y el 38% se encontraba bajo la línea de pobreza. A ello se sumaba que el 45% de la fuerza de trabajo presentaba problemas de precariedad laboral, subempleo, desempleo o inactividad forzada.
"La radiografía que ofrece el informe refuerza este diagnóstico e indica que uno de los principales obstáculos deriva de la falta de ingresos familiares fijos. Tanto los cuentapropistas, como los asalariados no registrados temen la pérdida de recursos ante la imposibilidad de salir a ganarse la vida. Esta situación es percibida como problemática por los referentes ante la falta de ahorro familiar para hacer frente a la pandemia, y la deriva hacia situaciones violentas, como el aumento de robos", señala Mellado.
También destaca que otro impedimento proviene de los problemas de infraestructura. Los déficits habitacionales vinculados al hacinamiento, la falta de acceso al agua corriente y la red cloacal, se erigen en inconvenientes para que las familias, muchas veces numerosas, puedan convivir por largos períodos de tiempo sin salir y respetar las consignas de prevención.
Mellado indicó que "a ello se suma la falta de servicios: se señaló la necesidad de contar con efectivo para poder comprar en los comercios de proximidad, ya que muchos de ellos no reciben la Tarjeta Alimentar, el cierre de bancos y la falta de cajeros automáticos cercanos. También los referentes indicaron que una parte importante de la población vulnerable no posee tarjeta de débito, algo que se agrava en adultos de edad avanzada".
Dificultades del aislamiento
Los investigadores rastrearon dificultades de diversa índole. "Entre las de orden económico y social, el relevamiento indicó que en caso de extenderse la cuarentena los problemas eran: el del aumento de precios de alimentos y productos de primera necesidad para paliar la enfermedad como lavandina, alcohol en gel e insumos de protección. El temor a la falta de abastecimiento de los alimentos; la dificultad de acceder a servicios básicos como la salud y el miedo a la discontinuidad de las políticas sociales o servicios comunitarios como el cierre de comedores, desabastecimiento de medicamentos, falta de distribución de agua en zonas desérticas. Entre las dificultades de orden subjetivo, se indicaron el aumento de violencia intrafamiliar y problemas vinculados con cuadros de depresión, ansiedad y angustia derivados del aislamiento", indicó Mellado.
Entre los barrios más complicados con la pandemia, el informe detecta el barrio La Gloria y los ubicados al oeste en Godoy Cruz; los del oeste de Capital, las zonas de El Algarrobal y El Borbollón en Las Heras y los distritos Bermejo y Pedro Molina en Guaymallén.
La cuarentena ha dado lugar a prácticas novedosas como los grupos de voluntarios que ayudan al aprovisionamiento de alimentos y medicamentos a adultos mayores o personas con discapacidad, y la puesta en marcha de redes directas que vinculan a productores y consumidores.
Se organizaron también habilitando una "voz autorizada" en el barrio o comunidad que es un referente reconocido por los pobladores para que centralice la información que se difunde a través de diferentes canales y la distribuya evitando confusión.
Se reconvirtieron merenderos y comedores para entregar viandas a domicilio y así garantizar la llegada de la ayuda alimentaria, también realizaron intercambios de juegos y libros, e incluso de capacidades y saberes entre mujeres exigidas a acompañar en el "adentro" a niños y a dar seguimiento a las tareas escolares.
También algunas organizaciones sociales crearon "brigadas de emergencia" para proveer alimentos y otros recursos para acompañamiento en situaciones de violencia familiar o policial.
Recuerdos del 2001
"Entre los referentes se menciona de forma recurrente el temor a que este escenario de aislamiento social provoque escaladas de violencia y que se repitan situaciones similares a las vividas en diciembre de 2001. En esa oportunidad los informantes recuerdan que los saqueos comenzaron por los comercios de cercanía, quebrando la sociabilidad barrial y las solidaridades territoriales. Tal como expresa uno de ellos, 'en el 2001 saquearon los kioscos cercanos, no les importó si los dueños son conocidos, vecinos o no´", indica Mellado.
Cómo se realizó el informe
El informe fue elaborado por la comisión de ciencias sociales Covid-19, coordinada por el sociólogo Gabriel Kessler, a pedido del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Más de 800 académicos de todo el país trabajaron para reunir información suministrada por referentes territoriales. Cada uno de los investigadores debía contactar a informantes clave que pudieran ofrecer información sobre los problemas estructurales de barrios populares para cumplir la cuarentena, las experiencias de estos grupos vulnerables y los efectos subjetivos de la política. La modalidad de relevamiento en red se realizó por medios electrónicos y en tres días se contactó a 1.487 referentes territoriales en todo el país.
Desde el Gobierno descartan saqueos
El subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza, Alejandro Verón, descartó que en Mendoza pueda haber saqueos en barrios populares. "A los sectores menos favorecidos les está llegando más asistencia. La Nación asiste más con la Asignación Universal, con la Tarjeta Alimentar y bonos. A eso se suma la asistencia provincial y municipal orientada a esos lugares. La franja de los barrios más humildes ha recibido refuerzo desde que empezó la pandemia. La Provincia estaba distribuyendo 7 mil módulos alimentarios por mes y pasamos a más de 40 mil en los últimos 30 días, y la asistencia se coordina con organizaciones sociales".
Verón agregó que "hay una situación compleja pero los más humildes son los más asistidos y no vemos nada relacionado con el 2001. Veo lazos muy fuertes de solidaridad en los barrios, saben que los comercios del barrio son los que bancan cuando no tienen plata, no veo que haya incidentes dentro del barrio. Hay gente que cuanto más lío hay, entienden que es mejor pero no veo que sea el pensamiento de las mayorías".
Falta de internet, un obstáculo
Virginia Mellado explicó que en el formulario se incorporaron dos preguntas que apuntaban a saber el grado y tipo de información que circulaba y la forma más utilizada para comunicarse. La mayoría de los referentes señaló que el canal más utilizado ha sido el celular a través de grupos de WhatsApp. En el informe se destaca que "es compartido el temor a perder la comunicación telefónica por falta de dinero o por no tener forma de cargar los celulares en los comercios de proximidad".
La investigadora agregó que "también indicaron que ha circulado abundante información sobre el Covid-19, pero que muchas veces era de dudosa fiabilidad, lo que generaba confusión y ansiedad entre los usuarios.
El teléfono con acceso a datos móviles ha sido también el principal instrumento que poseen las familias para poder continuar con las tareas escolares de forma virtual. La falta de computadoras, impresoras e internet en los hogares señala los problemas de infraestructura de los barrios populares.
A ello se suma la dificultades de las familias rurales o que habitan en barrios marginales que tienen poca conectividad, como el caso del "Bº Campo Papa que no tiene conexión abierta a wi fi y para acceder tienen que caminar hasta el jardín maternal donde reciben la señal".
