El presidente de Cataluña, Artur Mas, anunció ayer la celebración (el 9 de noviembre de 2014) de un referéndum sobre la independencia de esta región del noreste de España, desafiando a Madrid, que calificó la iniciativa de "error histórico" y aseguró que nunca se celebrará.
"Es una sola pregunta con dos apartados. El primer apartado es: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Sí o no. El segundo apartado, en caso de respuesta afirmativa, es: ¿quiere que este Estado sea independiente? Sí o no", explicó el nacionalista Mas en una rueda de prensa en Barcelona.
El gobierno español del conservador Mariano Rajoy reafirmó de inmediato que ese tipo de consultas es inconstitucional y que por ello no se celebrará.
"La consulta no se celebrará porque nuestra Constitución no autoriza a ninguna Comunidad Autónoma a someter a consulta o a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional y cuya disposición corresponde a todos los españoles", señaló desde Madrid el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Esto "está provocando una división social, una confrontación social en Cataluña sin precedentes, es un error histórico", aseguró por su parte el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Orgullosa de su idioma y tradiciones, Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes, vive desde hace más de un año un auge del sentimiento independentista, atizado por la crisis económica y forjado a partir de reclamos de un mejor trato fiscal.
El gobierno de Rajoy rechazó en setiembre de 2012 la reivindicación de mayor autonomía fiscal y Mas, un moderado en sus inicios, se comprometió hace un año a celebrar un referéndum en 2014.
"La fecha es muy concreta: 9 de noviembre de 2014", subrayó el presidente regional catalán, recordando el compromiso de que "la consulta se tenía que hacer en 2014". "Y así será", agregó.
El acuerdo fue negociado por cuatro de las formaciones políticas catalanas con amplia mayoría en el Parlamento regional, que aún tiene que ratificarlo.
La fórmula de la doble pregunta permitirá a los catalanes escoger entre mantener el estatuto actual, independizarse de España o reclamar un mayor autogobierno sin secesión de España, una opción planteada por algunos partidos.
Los partidos que respaldaron la iniciativa presentarán en el Parlamento regional una proposición de ley para pedir permiso al Congreso de los Diputados español para organizar este referéndum, competencia que la Constitución española reserva al gobierno central.
"Ahora es necesario un Estado que esperemos sea de raíz profundamente democrática, un Estado atento a este reclamo de la sociedad catalana, un Estado español atento a esta mayoría parlamentaria tan amplia", apuntó el presidente catalán.
El Gobierno español, del Partido Popular, con mayoría en el Congreso de los Diputados, ya había advertido de la imposibilidad de celebrar este plebiscito, al igual que el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE). "Lo que ha propuesto el presidente Mas es un referéndum de autodeterminación con el que los socialistas no estamos de acuerdo. Creo que el presidente Mas está llevando a Cataluña a un callejón sin salida", señaló el principal dirigente socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Ante esta situación, los independentistas confían en conseguir el apoyo de la comunidad internacional que, hasta el momento, no está respondiendo a sus expectativas.
La Unión Europea ha evitado hasta el momento implicarse en los asuntos internos de un Estado miembro, aunque ha recordado en repetidas ocasiones que la secesión de Cataluña implicaría su salida del espacio comunitario.
Los independentistas obtuvieron, en cambio, un amplio respaldo de la calle.
Centenares de miles de personas formaron el pasado 11 de setiembre una cadena humana de 400 km en las rutas catalanas para llamar la atención a nivel internacional. Esa demostración de fuerza se produjo exactamente un año después de una manifestación por la independencia que movilizó a más de un millón de personas en Barcelona, la capital regional.
Según el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, 48,5% de los encuestados creen que la región debe ser un Estado independiente; 21,3% apuestan por una federación con España y 18,6% espera mantener la situación actual.
