Había empezado bien la relación entre la actual gestión gubernamental y los docentes. En su discurso ante las Cámaras legislativas, Alfredo Cornejo hizo hincapié en la necesidad de re jerarquizar al docente al frente del curso y a recuperar el necesario respeto que, tanto alumnos como padres, deben tener hacia las autoridades educativas, aspectos que se habían perdido durante los gobiernos anteriores en su afán de mantener una educación meramente contenedora que, en muchos de los casos, provocó que alumnos que habían agredido al maestro volvieran al curso antes de que el docente hubiera recuperado su salud por la agresión. Era, en esencia, uno de los pedidos que gran parte de la sociedad estaba reclamando en su necesidad por restablecer el respeto a las autoridades.
Todo iba bien encaminado hasta que comenzó la discusión paritaria. En una muestra de desconocimiento de la gimnasia gremial, el Gobierno impulsó, sin un debate previo, la implementación de un ítem (el Aula) en la discusión global por los salarios. Se enredó inclusive en las explicaciones a la opinión pública y terminó imponiendo por decreto un incremento salarial que generó que el conflicto local trascendiera las fronteras y tuviera alcance nacional, llevando a un anuncio de paro de actividades, en este caso dispuesto por la Ctera nacional.
Tiene parte de razón el Gobierno cuando intenta explicar el problema. Es cierto que se producen excesos en el otorgamiento de licencias por motivos de salud, pero también es necesario advertir que alcanza a un sector pequeño y que el gran porcentaje de docentes cumple acabadamente con su actividad. Paralelamente, se trata de una problemática en la que participan muchos actores porque aquellos docentes que se aprovechan, actúan en “complicidad” con los profesionales médicos que les extienden los certificados y con una absoluta debilidad por parte de los organismos que deben efectuar el necesario control por parte del Estado. También es dable advertir que se ha puesto la mira en los docentes cuando es sabido que una problemática similar alcanza a gran parte de la administración pública.
El decreto aprobado también tiene sus falencias, porque indica que el ítem será percibido por los docentes que asistan “todos los días hábiles del mes” y aquellos que tengan licencia ordinaria, por maternidad, por accidente o enfermedad profesional y los que tengan hasta 3 faltas al mes y hasta 10 al año, no acumulables, siempre que estén justificadas.
Y aquí cabría preguntarse qué puede ocurrir con un maestro que sufra de conjuntivitis o de gripe (por señalar sólo dos de los cientos de ejemplos que pueden presentarse) y que necesiten más de tres días para recuperarse. ¿Quedarán obligados a dictar clases para no perder el ítem, siendo que en muchos casos se trata de enfermedades contagiosas? ¿O qué puede ocurrir en los casos de que el docente sufra una enfermedad grave que requiera más de tres días al mes en la realización de estudios o aplicaciones? En este aspecto y mirando la situación por el revés de la trama, podría llegarse a la conclusión de que una medida que el Gobierno intenta hacer aparecer como “incentivo” o premio, termina siendo un castigo.
Son muchas las preguntas que quedan sin respuesta y, ante ello, el Gobierno debería recapacitar e instar a la reapertura del diálogo sobre el controvertido ítem. Para ello se requiere también de una dirigencia sindical que esté dispuesta a escuchar y a discutir sin presiones porque, de continuar la actual situación, quizás sin proponérselo, el Gobierno está abriendo una grieta entre la sociedad y los maestros, que echan por tierra aquellas palabras que Cornejo dio en la Asamblea Legislativa con el propósito de recuperar el necesario respeto por la actividad docente.
