Clubes barriales y asociaciones deportivas son los lugares donde niños, adolescentes y jóvenes encuentran no sólo un espacio para practicar deportes y dejar atrás el sedentarismo y los peligros de la calle sino, también, un ámbito ideal para descubrir los valores de la amistad, el respeto o el sentido de pertenencia.
Excluida de algunos espacios por la inseguridad y a contraturno de sus actividades escolares, mucha población juvenil trata de realizar diversas actividades en estas sedes, algo que, según dicen los dirigentes, también les posibilita construir valores como el trabajo en equipo y la integración al sitio donde se vive, al terruño.
Ése es el marco teórico del servicio que prestan estas entidades barriales sin fines de lucro pero no siempre logran salir adelante porque los costos operativos para funcionar, las bajas y a veces inexistentes cuotas, más los gastos operativos y ordinarios, han limitado sus prestaciones, y no pocas han debido cerrar sus puertas.
Para mantener la mayor cantidad de clubes abiertos a la comunidad es que en los últimos tiempos fueron impulsándose leyes con el fin de hacer más propicia su existencia. Un logro fue la adhesión a la norma nacional 27.098, que instituye el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, cuya meta es promover y fortalecer los clubes mediante la asistencia y la colaboración en el desarrollo de su función comunitaria y social.
En esta tarea se ha aplicado, entre otros legisladores, el senador Gustavo Arenas, creador, por otra parte, del Movimiento para la Recuperación de Clubes Barriales, destinado a apoyar a los vecinos interesados en evitar el cierre de estos espacios de desarrollo social y formadores de valores de vida.
También se tramitó desde Mendoza, y en el marco de las recientes audiencias por las tarifas de los servicios públicos, bonificaciones en las boletas de luz y gas, concreto paso para la subsistencia de las entidades y que ahora espera su rápida reglamentación.
Sin embargo, con la aplicación de estos auxilios y otras medidas no está asegurada aún la subsistencia de muchas agrupaciones, y diversos sectores de la provincia carecen de estos servicios populares por falta de dinero para hacer frente al funcionamiento de las instalaciones. Un caso, no el único, es el club Chilecito de San Carlos. Como contrapartida y fuente de imitación se puede nombrar al recuperado club Pedro Molina, del distrito homónimo o al Honor y Patria, de Las Heras.
Por eso hay una corriente dirigencial que impulsa el aliento al deporte social, que implica, mediante el concepto de presupuesto participativo, el aporte de subsidios económicos con destino a entidades que estén dispuestas a fortalecer y ampliar prácticas deportivas, y convocar a más niños y profesores. El Estado, naturalmente, tendría que evaluar y controlar el cumplimiento de esos objetivos, retirando el auxilio cuando se desvíen o no se cumplan los proyectos deportivos.
Por ahora, buenas intenciones; es de esperar que se garanticen estas inversiones sociales a corto plazo. Permitiría que viejos clubes recuperen plenamente las funciones de recreación, asistencia social y previsión, promoviendo los valores integración y participación con los que también se fue construyendo la ciudadanía.
Un deber de las autoridades en el mismo cometido sería contar con una base de datos de los clubes que están abiertos y los que permanecen inactivos, como una forma de saber cuál es el universo existente en la materia y hacia dónde deben dirigirse los recursos.
