Enfrascados en las medidas y anuncios de las causas penales, esperando ver quién irá preso o no, el balance de lo actuado por los jueces sigue siendo muy pobre en ambos frentes: las condenas firmes y la recuperación de bienes mal habidos. Se trata, según surge de los dichos de jueces y fiscales, de miles de millones de dólares que están en buena parte en cuentas fuera del país, pero también en bienes de todo tipo dentro del país.
Se aduce que las normas jurídicas vigentes no permiten la recuperación hasta que las condenas penales estén firmes. Mientras tanto, una larga lista de bienes embargados son usufructuados por los propios acusados, por testaferros o se deterioran en el abandono. Curiosamente aún en el secuestro de efectivo, como el caso de la valija de Antonini Wilson o los bolsos de López, están a "resguardo" en cuentas judiciales, a la espera de que finalicen las largas causas penales. Las recuperaciones conocidas de cierta importancia han sido un yate de Ricardo Jaime entregado a la
Prefectura Naval y un avión de similar origen, cedido a la Gendarmería Nacional para la lucha contra el narcotráfico.
En el caso que más ruido ha hecho, el de Lázaro Báez, actualmente con prisión preventiva, los bienes embargados suman miles de millones de pesos.
Entre ellos importantes maquinarias pertenecientes a la empresa constructora del empresario citado yacen arrumbadas, deteriorándose. En este caso el juez actuante autorizó la entrega de algunas máquinas a la provincia de San Cruz para emplearlas en obras públicas. Los ciudadanos que siguen estos temas se preguntan qué fue de la decena de grandes estancias patagónica cuyos nombres, dimensiones e importantes construcciones, aparecieron en su momento profusamente en los medios de comunicación. Otra vez aparecen las preguntas anteriores, quiénes la usufructúan o en qué estado se encuentran.
Pero el problema de recuperar lo mal habido va más allá de los casos de corrupción en relación al Estado. Por estas horas se ha conocido una formidable estafa, cometida por una organización que sorprende por sus dimensiones, con la venta de facturas apócrifas. Los delitos que se le imputan son fraude fiscal, lavado de dinero, asociación ilícita. Un vez más los bienes secuestrados en decenas de allanamientos, comprenden centenares de vehículos de alto precio, lujosas viviendas y oficinas. ¿Cuánto habrá que esperar para recuperar al menos parte de la enorme defraudación al fisco?
El resultado lo expresa bien esa parte de la ciudadanía honesta, preocupada por lo público y por mejorar el país. Cunde el desánimo, el cansancio de tantas declaraciones de jueces que hablan mucho por TV y muy poco por sus sentencias. Se generaliza la convicción de que los delincuentes, aun los que están presos, seguirán gozando de un muy buen pasar con los bienes mal habidos; los ciudadanos intuyen que cuando salgan de las prisiones "tendrán para vivir muy bien".
En este contexto sorprende que desde comienzos del año pasado siga en el Congreso un proyecto de ley denominado de extinción de dominio, que permitiría avanzar más rápido en la recuperación de bienes. El proyecto, jurídicamente complejo, tiene media sanción de Diputados y en el Senado hay un dictamen que le introduce modificaciones que, de ser aprobado, haría que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados.
Pero todo es lento. Parece que algunos temen las consecuencias de sus decisiones.
Existen normas y principios internacionales que avalan la recuperación de bienes. Las Naciones Unidas en 2003, mediante una Resolución, establecieron reconocer a los países víctimas de la corrupción el derecho a recobrar los activos ilegales exportados a otros países. Algunos cuestionamientos a la extinción de dominio señalan que sería una pena que se impone antes de la condena. Pero se ha dicho que se trata de reparación de daños. Esto es lo que se espera.
