Hemos ingresado en la etapa final de la carrera hacia las elecciones del 25 de octubre y aún queda en la mente de los argentinos la preocupación por lo ocurrido en Tucumán, donde el resultado final estuvo tan cuestionado que generó una profunda herida en la credibilidad de los argentinos.
Más aun cuando una Cámara decide hacer lugar a un planteo presentado por la oposición, de realizar nuevamente las elecciones, y con posterioridad la Justicia Electoral, integrada por hombres afines al oficialismo provincial, dio por válido el resultado y proclamó al oficialista Manzur como ganador y futuro gobernador.
Lo sucedido en Tucumán fue tremendo. Compra de votos -que el propio gobernador reconoció- a través de punteros; urnas quemadas, otras abiertas y muchas "cargadas" antes de llegar al cuarto oscuro; telegramas con resultados que no se condecían con lo que decían las actas de las mesas, entre otras tantas irregularidades, dentro de un sistema que permitía un abanico tal de propuestas que uno de cada cinco tucumanos fue candidato.
Las marchas de protesta no se hicieron esperar y la primera de ellas fue reprimida por las fuerzas policiales, lo que no hizo que el problema cobrara aún más trascendencia.
En ese marco, llamó profundamente la atención la actitud del oficialismo y esencialmente de la señora Presidenta de la Nación, que en varias de sus tantas apariciones públicas a través de la cadena nacional dedicara párrafos criticando la actitud de la oposición, en lugar de colocarse como una verdadera jefa del Estado y reclamar que la Justicia profundice las investigaciones para llegar a la verdad.
Cristina Fernández no advierte -o no quiere advertir- que ella es la Presidenta de todos los argentinos y no de un sector, mayoritario o no, que comulga con su manera de pensar.
Sin embargo, y afortunadamente, los principales líderes políticos y candidatos, unos pocos desde el oficialismo y casi todos desde la oposición, decidieron unir su discurso en la búsqueda de recuperar la credibilidad por parte de la ciudadanía respecto del resultado de las elecciones. No será una tarea fácil, en razón de que, tal como lo anticipan las encuestas, los números serán "muy finitos" para determinar si habrá o no balotaje.
La propia Cámara Federal Electoral, que convocó a los partidos después de haber recibido a representantes de varias organizaciones no gubernamentales, pareciera considerar que todo se trata de una cuestión de fe, de confianza en lo que determine. Considera que resultará imposible abrir el ciento por ciento de las urnas porque el Código Nacional Electoral, que es una ley del Congreso, sólo permite la apertura de aquellas que están impugnadas.
Además, por cuestiones de tiempo tampoco el escrutinio definitivo puede estirarse demasiado, en razón de que las elecciones se realizarán el 25 de octubre y una posible segunda vuelta el 22 de noviembre. De todos modos, ya se han anticipado algunas medidas tendientes a evitar posibles irregularidades, tanto en el Correo como en el traslado de las urnas y también respecto de las cámaras de seguridad en el recuento definitivo.
En síntesis, lo ocurrido en Tucumán fue realmente vergonzoso, por lo cual es de esperar que la dirigencia política y la Justicia Electoral adopten los criterios necesarios para asegurar la transparencia y la credibilidad en las elecciones generales del 25 de octubre. De lo contrario, si los cuestionamientos vuelven a salir a la superficie, no quedan dudas de que quien asuma el poder el 10 de diciembre lo hará con un esquema de poder bastante acotado, lo que no le hace nada bien al sistema democrático que todos queremos sostener.
