Una de las instituciones más importantes de un país es su Banco Central, de él depende la calidad de la moneda, un típico bien público que sólo el Estado puede proveer a los habitantes. Nadie más que el Central puede emitir moneda y es el responsable del diseño y puesta en práctica de la política monetaria.
Creado en 1935, el Banco Central ha pasado por diversas alternativas, plena autonomía hasta 1946, año en se estatizaron los depósitos, actuando los bancos comerciales por cuenta y orden del Central, que era lo mismo que decir por cuenta y orden del gobierno.
En 1957 se volvieron a privatizar los depósitos, que volvieron a estatizarse en 1973 y a privatizarse en 1977. Luego hubo Plan Bonex (sustitución de los pesos por bonos) en 1990 y el “corralito”, diciembre de 2001, que implicaron cambios unilaterales de las condiciones de los depósitos.
Desde la creación del organismo monetario hemos pasado por períodos de estabilidad, inflaciones moderadas, altas e hiperinflación. Cuando en 1991 se sancionó la Ley 23.928 de Convertibilidad Monetaria, se estableció la plena autonomía del Banco y su función esencial era preservar la calidad de la moneda, la estabilidad monetaria. La autonomía y la función esencial se terminaron con la derogación del régimen de Convertibilidad a comienzos de 2002.
Con posterioridad, y bajo el régimen kirchnerista, los restos de autonomía del banco fueron barridos y el Central pasó a ser una dependencia más del Ejecutivo. Dos leyes, la 26.422 de 2008 y la 26.730 de 2012, terminaron de armar una institución puesta totalmente a disposición del poder político.
Así, al objetivo prioritario de preservar la moneda, se agregaron promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estos cambios? Por un lado, el uso de la reservas del Banco para pagar deudas y sostener artificialmente un tipo de cambio atrasado que ha liquidado a la mayor parte de las economías regionales, Se ha subsidiado el turismo de los argentinos en el exterior y se ha desalentado el turismo de extranjeros en nuestros país, justamente el que deja dólares.
El Banco ha entregado sus reservas a cambio de papeles del Tesoro sin valor alguno en el mercado, con lo cual ha debilitado severamente su situación patrimonial. Emite moneda para financiar el déficit y luego debe retirar el exceso de dinero con Letras que pagan altas tasas de interés, creando el denominado déficit cuasi fiscal. Ha aceptado monetizar ganancias contables ficticias, entregándole el dinero al Tesoro que lo contabiliza como si fuera ingresos fiscales genuinos.
Ahora se encuentra envuelto en escándalo por la denominada operatoria con dólares futuros, que ha llevado al juez Bonadío a allanar el Banco Central en búsqueda de documentación referida a esas ventas.
Ello obedece a la tramitación de una denuncia penal contra las autoridades del Banco realizada por los diputados nacionales Federico Pinedo y Mario Negri. El juez ha imputado al presidente y a otros integrantes del directorio. Se estima que el Central ha vendido unos U$S 16.000 millones con vencimientos en el primer semestre del año que viene; dada la brecha cambiaria, la venta implica un subsidio a los compradores.
De cualquier manera hay que tener en cuenta que la operación es legal, aunque pueda ser cuestionable desde el punto de vista del manejo monetario. Entre quienes realizaron estas operaciones están empresas importadoras, bancos, automotrices. Curiosamente, en otra de las tantas volteretas que da el organismo monetario ahora ha obligado a los bancos a vender lo que había comprado, las denominadas Posiciones Generales de Cambios.
El propósito es siempre el mismo, tratar que la brecha en el mercado cambiario no se dispare. Pero los bancos resisten esta medida y han decidido recurrir a la Justicia para proteger su patrimonio.
El Central se ve obligado a seguir vendiendo reservas y a su vez reduciendo el cupo del que pueden disponer los importadores. Nadie sabe hoy por hoy con cuántas reservas disponibles se encontrará el próximo gobierno. En este contexto de manejo irresponsable del Banco Central se hace indispensable la renuncia de sus autoridades y que el gobierno que asume restablezca la plena autonomía, con un directorio de indiscutible idoneidad profesional y moral.
