Ha terminado una etapa cultural, política y jurídica de la crisis.
El conjunto de directivas, de toda naturaleza, decretos de necesidad y urgencia (DNU) -algunos avalados por el Congreso y otros no-, delegados -algunos conforme a la delegación por emergencia del Congreso y otros en abierta infracción a ella-, decisiones administrativas, “autorizaciones” del Jefe de Gabinete a los gobernadores de provincias (¿!), conforman un conjunto que ha llevado a la generalizada paralización de actividades con la excepción de aquellas esenciales para la sociedad; lo cual se traduce en grandes pérdidas y desajustes educativos, económicos, sociales y financieros, todos ellos de difícil y compleja solución.
El terreno más deteriorado es el de nuestra institucionalidad constitucional, nacional, provincial y municipal; que sufren la exigencia sobrecargada de demandas y de respuestas que las exceden pero que deben asumir.
Consecuentemente, es necesario que empecemos a construir la salida que consistirá en la “recomposición” de ese campo afectado por la crisis que es aquel de la división de poderes: vertical (federal, provincial y municipal) y horizontal (ejecutivo, legislativo y judicial).
Nuestras instituciones han reaccionado como pudieron; el legislador delegando primero sus facultades, debido a otras causales anteriores de otras “emergencias” y mirando, luego, para otro lado cuando el Presidente continuó con el dictado de DNU frente a la “urgencia” pandémica; el judicial posicionando su trinchera de jueces de primera instancia, que es la única en condiciones de enfrentar las situaciones críticas, con la convalidación de las primeras medidas de privación de ingreso, de libertad de circulación y de encierro que ya se le plantearon por vía de acción de amparo.
El avance de la crisis ha dejado en pie -por el momento- a los únicos que están en condiciones de dar las respuestas con la velocidad que la situación exige: poderes ejecutivos, nacional, provinciales e intendentes y jueces de amparo y de habeas corpus; como ya lo hicieron en la crisis del 2001/2002.
El Congreso volvió a sus funciones y el Judicial debe hacerlo de inmediato en turnos especiales para cubrir, al menos, doce horas diarias; finalizar la inexplicable “feria judicial”.
En el campo federal, las últimas semanas han puesto en evidencia las asimetrías notables de afectación de la pandemia en las distintas regiones del país; es casi nula en provincias del norte, muy baja en el oeste, desestimable en grandes extensiones de nuestro sur y con alguna intensidad evidente en la denominada “AMBA”. Pero todo el sistema de salud afectado por igual.
Entonces ha llegado el momento de tomar las decisiones de liberar encierros, levantar confinamientos, abrir circulaciones, habilitaciones comerciales, etc… juntas o razonablemente graduales; pero en todos los casos fundadas, motivadas técnicamente en las complejas razones que las sostienen de tipo geográfico, sanitario, económico, social, y político y jurídicamente en el ejercicio de los consensos imprescindibles que hoy se imponen para las decisiones generales.
Pero también es necesario construir una respuesta federal auténtica. Las provincias deben reasumir sus facultades en materia de seguridad y salubridad que jamás delegaron en el gobierno Federal, respaldada por la Corte Suprema en casos “Bonorino” y “Saladeristas Podestá” (éste con motivo de la peste “amarilla” que diezmó Buenos Aires en los ’60 del siglo XIX).
Cada provincia debe brindar la respuesta firme y razonable a la situación por la que atraviesa; manteniendo la coordinación con los aspectos federales, de alcance interprovincial e internacional de la pandemia que son facultad -sí- delegada en el gobierno Federal (art. 75 inc. 13 CN). Basta de “permisos” del Jefe de Gabinete para nuestro movimiento interno.
Una importante dificultad es la unificación absoluta de las fuentes de información provenientes desde el “AMBA”, donde se ubican todas las emisoras de cable o de conexión, directa o indirecta, a todos los rincones del país con las urgencias y preocupaciones exclusivas de esa preponderante -aunque no única- región de nuestro país.
En estos momentos el Congreso de la Nación está sesionando a través de las plataformas informáticas; esta realidad descarta por sí sola la posibilidad de dictado válido de DNUs por el presidente de la Nación (art. 99 inc. 3 CN).
Tampoco es viable la posibilidad usada ilegítimamente de “ampliar la declaración de emergencia” efectuada por el Congreso de la Nación (art. 76 CN) a través de DNU (459/2020) pues constituye una violación de las bases establecidas por el legislador en su delegación (prohibida por la CS en “San Luis” en el año 2002).
Tampoco hay posibilidad de unanimidad en el tema; habrán quienes sostendrán que todavía no se puede y otros que sí se puede asumir el riesgo de liberar los sectores… La decisión de alta Política requiere mucho coraje; y necesita bases de coincidencia mínimas en cada región según su nivel de afectación.
Esta convocatoria a la recuperación federal en nada altera nuestra posición en el sentido de que consideramos que es indiscutible la necesidad del carácter global de la respuesta. Por ello, debe ser obligadamente consensuada y sostenida sobre un fuerte diálogo de nuestras fuerzas políticas y sociales, nacionales e internacionales.
Tal vez convenga advertir que “gradual” no es lo mismo que porcentual, o sectorial, o parcial, ni intempestivo.
La pandemia ayudará a construir la conciencia de una “barca donde estamos todos” como nos propuso Francisco, quien hasta se negó a admitir la distinción entre creyentes y no creyentes. Convicción cultural imprescindible para construir políticas globales de respuestas complejas que deberán formularse en el campo jurídico.
Conciencia de la necesidad de esa juridicidad y plantear la necesidad imperiosa de aquello que señalara el G-20 en su reunión de Londres de 2009, donde estableció “Una crisis global exige una solución global” (Declaración, art. 1); a lo que sumamos: respuestas complejas a problemas complejos.
Urge la conformación de un equipo de trabajo de expertos que planifiquen la ejecución de los cambios imprescindibles en una institucionalidad provincial que saldrá de esta crisis con muchos más deberes que antes; algunos de ellos en forma provisoria pero muchos asumidos por largo tiempo.
