Recuerdos del espanto: a 44 años del Golpe del 76

El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe de Estado de la historia argentina, fue hace 44 años y junto con ese hecho arrancó la dictadura militar más sangrienta y que concluyó en 1983, con la economía destrozada, 30 mil desaparecidos según los organismos de Derechos Humanos y más de 600 muertos en una guerra por las Malvinas que era imposible ganar.

Miles de personas fueron torturadas y enviadas a centros clandestinos de detención, en donde se cometieron las más grandes violaciones a los derechos humanos. Los secuestrados eran incomunicados, su familia no sabía dónde estaba, se los torturaba y la mayoría de las mujeres fueron violadas en cautiverio o separadas de sus hijos si daban a luz en un centro de detención.

Dictadura y economía

El salario perdió poder adquisitivo, se fomentó la especulación financiera, se abrió fuertemente la economía. La deuda externa pasó de U$S 6.300 millones en 1976 a U$S 46.000 en 1983. El año 1981 terminó con un aumento del tipo de cambio nominal de 225,8%. Los mercados se redujeron un 5,4%. “El que apuesta al dólar, pierde”, llegó a afirmar Lorenzo Sigaut, el ministro de Economía. El peso finalmente se devaluó con respecto al dólar un 30%. Mario Rapoport en su libro Historia de la economía argentina del siglo XX, explica que en ocho años, el PBI sólo creció 2,3% promedio, lo que significó una drástica pérdida de riqueza por habitante. Se gestó una importante concentración de la economía, del capital y de los ingresos, lo que generó fuerte reducción de los salarios y comprimió el mercado interno. El plan de la dictadura sentó las bases de un nuevo modo de acumulación rentístico-financiero basado en la reprimarización de la producción, financiarización de la economía y la apertura indiscriminada del sector externo. Los sectores de la pequeña y mediana industria, las clases medias y los trabajadores fueron los más afectados con las políticas económicas de la dictadura.

Los centros de detención

El emblema de los centros de detención es la Escuela de Mecánica de la Armada, (ESMA), por donde pasaron cerca de 5 mil detenidos desaparecidos.

Casi todos los secuestros realizados mostraron un procedimiento similar. A veces ocurrían en el lugar de trabajo de la víctima o en la calle a plena luz del día. En la mayoría de los casos se les ordenaba a las comisarías de la policía correspondientes, dejar la “zona libre” para poder realizar el operativo. Así eran detenidas las personas y llevadas a los centros clandestinos de detención. En Mendoza funcionaron por lo menos 13 centros: Liceo Militar General Espejo, penitenciaría provincial, palacio policial (D2), la VIII Brigada de Infantería de Montaña, el Batallón de Infantería de San Rafael, Cuartel de Bomberos de San Rafael, Comisaría séptima de Godoy Cruz, Unidad Militar Campo Los Andes, El chalecito -inmueble ubicado en Las Heras-, Comisaría 25 de San José, departamento logístico de la Policía de Mendoza, Círculo de Suboficiales, Colonia Papagallos.

El impacto en la educación

La estrategia nacional para la contrainsurgencia del alto mando militar había hecho de la educación, como de las fábricas y la religión, un objetivo prioritario de la dictadura. Durante el régimen militar la educación y la cultura se convirtieron en otro frente de la “guerra sucia”. Esto está reflejado en la Conadep. De las casi 10.000 denuncias recibidas por este organismo, el 38,7% corresponden al sector educativo. Este 38,7% se reparte de la siguiente manera: 21% eran estudiantes, el 10,7% científicos y profesionales, el 5,7% profesores y el 1,3% trabajadores del campo cultural. “Es necesario -declaraba un documento secreto del Ejército- normalizar o depurar estos ámbitos, para actuar sobre las bases filosóficas-ideológicas de la subversión. A sólo cuatro meses del golpe, el Ministro de Educación de la Nación, Ricardo Bruera, admitió que unos 3.000 académicos, administradores y asistentes de enseñanza de las escuelas secundaria nacionales habían sido despedidos.

En Mendoza fueron más de 1.000 los docentes del nivel primario y medio cesanteados por motivos ideológicos, una vez restaurado el gobierno democrático fueron todos reincorporados.

Ya en 1975, durante la gestión del rector Otto Burgos en la Universidad Nacional de Cuyo, se comenzó a dejar cesantes a profesores y alumnos. En la facultad de Ciencias Políticas fueron separados de sus cargos, durante este período, 35 profesores. Luego del golpe, asumió el rectorado el interventor militar Comodoro Ingeniero Héctor Ruiz, el que continuó con la política de cesantías a profesores. Ruiz designó decano normalizador de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales al profesor Dennis Cardozo Biritos, al cual el interventor de la UNCuyo le encargó cesantear a más de 100 profesores.

En setiembre del 76, el interventor Ruiz declaró: “Hay 181 profesores sancionados y en iguales condiciones hay 15 no docentes. En cuanto a los estudiantes, han sido expulsados 114 y suspendidos 121 por falta de idoneidad”. En efecto, el interventor Ruiz expulsó a casi todo el quinto año de la carrera de Sociología y a varios de Trabajo Social y Ciencias Políticas. También despidió alumnos de la Escuela de Antropología Escolar y de la Escuela Superior de Periodismo, esta última fue cerrada y pasó al ámbito privado, también modificó los planes de estudio de la carrera de Ciencias Políticas. El rector Pedro Santos Martínez, se ocupó de mantener las listas negras que había confeccionado su antecesor Ruiz.

Libros prohibidos en Mendoza

En abril de 1976, un teniente general del Ejército ordenó que se quemaran miles de libros en Córdoba. Más tarde, en 1978, los oficiales de esa misma provincia prohibieron la enseñanza de la matemática moderna, argumentando que podría ser una forma sutil de adoctrinamiento subversivo. También centenares de libros para niños quedaron en la lista objetable. Los militares prohibieron la distribución y uso en las escuelas de El principito de Antoine Saint-Exupery, un cuento universalmente aclamado.

En la Biblioteca General San Martín circuló una lista negra de libros y autores mendocinos entre los que se encontraban poemas de Armando Tejada Gómez y obras de Juan Draghi Lucero.

Por su parte el interventor de la UNCuyo, Héctor Ruiz,  formó una comisión encargada de seleccionar los libros “peligrosos” que se encontraban en la biblioteca de la UNCuyo. Sólo se dejó un ejemplar de los libros seleccionados como para demostrar el gran contenido marxista que contenían. Con esos ejemplares se formó una biblioteca a la que podía acceder el alumno sólo mediando una autorización expresa por parte de un profesor. Esta biblioteca permaneció también durante la gestión del rector Pedro Santos Martínez. El resto de los ejemplares fueron quemados.. El 6 de setiembre, el rector Ruiz apareció en diario Los Andes con 10.000 libros y publicaciones extremistas requisadas a profesores y alumnos.

El escritor y periodista de diario Los Andes, Antonio Di Benedetto, también fue arrestado y trasladado junto con el dirigente socialista, Angel Bustelo, a la cárcel de La Plata. En vuelo, un oficial los obligó a escupirse, como no lo hicieron, fueron golpeados brutalmente. De esa forma humillaban a los detenidos.

Guerra y fin de la dictadura

En marzo del ’82 la dictadura vivía sus momentos más complicados debido a que la situación económica del país era muy compleja y el desgaste comenzaba a sentirse fuerte. Así es como la CGT organizó una marcha en repudio a las medidas económicas del gobierno militar, la misma fue multitudinaria y se realizó el 30 de marzo de 1982. En esa movilización falleció en Mendoza el trabajador Benedicto Ortiz.

A los tres días la junta militar decidió ocupar las Islas Malvinas y así fue como Argentina entró en guerra con Gran Bretaña. Se creó el Fondo Patriótico Nacional con dinero y demás donaciones realizadas por la ciudadanía altamente movilizada por el conflicto bélico. Se juntaron U$S 54 millones hasta el día de hoy nadie sabe bien qué pasó con ese dinero.

Argentina terminó rindiéndose el 14 de junio de 1982 y la dictadura entró en su fase final. Al poco tiempo convocaron a elecciones, después de haber cometido las atrocidades más grandes de la historia contemporánea argentina.

Cuando el gobernador electo, Felipe Llaver, asumió la conducción de la provincia, la situación era alarmante. “Con el total de los recursos de origen provincial (tributarios y no tributarios) se financió menos del 18% de las erogaciones, siendo necesario por tal motivo el crecimiento sustancial de los subsidios del Tesoro Nacional”, dijo el nuevo gobernador y agregó: “En 1980 la Provincia contrajo deudas por valor de 89,5 millones de dólares, para el otorgamiento de préstamos a los productores. Esa deuda no ha sido cancelada y existen importantes montos vencidos, no sólo de capital, sino también de intereses”.

Para graficar más la situación indicó: “Así fue como al iniciar el ejercicio 1984 nos encontramos con una deuda vencida de 66 millones de dólares y otra a vencer en el curso del período de 22 millones de dólares, lo que constituye una exigencia para el año de 88 millones de dólares, carga imposible de soportar en las actuales condiciones financieras y presupuestarias ya que constituye una suma cercana a la necesaria para pagar los sueldos de la Administración Pública de todo un año”.