La población del distrito sanrafaelino de Villa Atuel vive con los primeros calores el recrudecimiento de un problema que los afecta desde el mismo momento de construirse la red de agua potable en 1974, que es la falta de calidad del líquido que circula por las cañerías domiciliarias.
En realidad algunos informes oficiales contradictorios que circularon en las últimas horas volvieron a poner en el tapete el problema, y también el enfrentamiento político que existe entre dirigentes y punteros radicales y peronistas en esta zona, otrora floreciente, del departamento.
Todo empezó con un video que se difundió por los medios locales donde el vicepresidente del EPAS (Ente Provincial del Agua y Saneamiento), Mario Alfredo Draque, afirma que el agua en Villa Atuel es de buena calidad.
Casi simultáneamente y a requerimiento de miembros del bloque Cambiemos de concejales, la misma autoridad del EPAS firmó un informe que sostiene taxativamente que el agua que distribuye la cooperativa desde la planta manejada por la Municipalidad “no es apta para el consumo humano” por “turbiedad y carga bacteriológica”, de acuerdo a los límites máximos permitidos por las normas de agua potable del Código Alimentario de la República Argentina.
También se sumó a la discusión el secretario de Servicios Públicos de la Provincia, Sergio Marinelli, quien invitó a todas las partes a ser prudentes en las manifestaciones sobre las condiciones del agua en Villa Atuel para evitar falsas alarmas.
“Hoy se han conocido los análisis que realiza el EPAS en diferentes días y el agua está apta para el consumo”, aseguró, aunque reconoció que presenta problemas “estéticos”, como la turbiedad, y deficiencias en el sistema de la planta.
“Hablaré con la Municipalidad para ver de qué forma se puede agilizar la normalización de la planta, pero no debemos alarmar a la población”, reiteró Marinelli.
El problema se detectó días atrás (el 11 de diciembre) con análisis que se hicieron un solo día, cuando se deberían hacer en varias jornadas para detectar problemas, según dijo el intendente de San Rafael, Emir Félix.
El jefe comunal afirmó que en los próximos días será instalado un tercer filtro que solucionaría en gran parte el problema de turbiedad.
Y dijo que está demorada la instalación por un problema de proveedores, pero es optimista en que el aparato será puesto en funcionamiento en los próximos días.
La planta sigue en funcionamiento y se afirma desde el municipio que se están tomando todas las medidas para lograr bajar esos índices que se han visto alterados, según se informó, por un “sabotaje” detectado en el lugar provocado por un “empleado desleal” que habría permitido, según consta en la denuncia municipal, el ingreso de agua cruda del canal Izuel a la red.
Este ingreso en el funcionamiento normal de la planta permite por mezcla bajar la salinidad que tiene el agua que se extrae del pozo existente, el que también deberá ser reparado por presentar roturas en su tendido de más de 340 metros de profundidad hasta la napa freática.
Según la denuncia, el ahora ex empleado habría inyectado agua del canal en forma directa sin hacerla pasar por la planta, provocando una caída significativa de la calidad del agua y su transparencia, hecho que llamó la atención de los vecinos que -en general- consumen agua mineral que distribuye la cooperativa Cecsagal de General Alvear y un distribuidor privado.
A partir de ese momento se reflotó el problema de agua potable en esta población.
Un problema de vieja data
En realidad, y de acuerdo a consultas realizadas por Los Andes entre vecinos que utilizan el servicio, más del 90% de los usuarios no usan el agua de red para consumo y se limitan a emplearla para otros menesteres, como son el lavado de ropa, el riego de jardines o para el baño y las bachas en las cocinas.
También debe aclararse que hace aproximadamente tres años la comuna, ante reclamos vecinales tomó por su cuenta -aunque no es su responsabilidad legal- la construcción de una planta potabilizadora nueva que se encuentra ya en su última etapa de construcción (instalación cuestionada).
Además, se realizó el anillo de conexión de todo el pueblo y se reemplazó toda la zona noroeste de cañerías y está previsto hacer este trabajo en la totalidad del casco urbano, que tiene alrededor de 1.500 conexiones domiciliarias, muchas de ellas ya obsoletas o con deterioros importantes.
“Hemos detectado algunas cañerías improvisadas y otras de cemento”, dijo el delegado del distrito, Juan Carlos Suárez.
En la actualidad está en formación o normalización la cooperativa, que será en definitiva la que administre este servicio y quien sería precisamente la raíz de los conflictos porque, según se afirma, algunos vecinos miembros de la antigua cooperativa (disuelta por mal funcionamiento) quieren administrarla nuevamente, a lo que se opondría otro grupo de habitantes de la zona.
