Una vez más, la temática del aborto se instala entre los mendocinos, con voces a favor y en contra. La polémica viene a plantearse a cinco años desde que la provincia comenzara a debatir la adhesión a la guía técnica que a nivel nacional establece desde 2010 cómo debe proceder el Estado para garantizar la asistencia a las mujeres que deseen interrumpir un embarazo cuando este esté encuadrado dentro de lo estipulado por el artículo 86 del Código Penal Argentino.
Mientras que para mañana, diferentes organizaciones que rechazan de plano esta práctica médica han convocado por Facebook a una "Marcha por la vida" prevista para las 18 en la esquina de Peatonal Sarmiento y San Martín, desde las organizaciones que conciben el aborto como un derecho inalienable de cada mujer, han organizado otra marcha dispuesta para el jueves, también a las 18, en el ex kilómetro cero de Ciudad.
Esta última convocatoria se da en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La fecha en la que se planteará nuevamente el pedido no es casal; de hecho mañana es el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
Las instituciones educativas, como la Universidad Nacional de Cuyo, también serán escenario propicio para reflexionar y debatir sobre el aborto. Así, también el jueves a las 11, en la sala "H" de la Facultad de Derecho se realizará un panel presidido por especialistas en bioética, salud y derecho, que abordarán la despenalización del aborto desde una mirada analítica y consciente respecto de las mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, como la violencia, la pobreza y la falta de acceso al sistema sanitario.
La aplicación del protocolo aún es un tema pendiente en la provincia. De hecho, el proyecto que establece la adhesión provincial a la guía nacional aún duerme en la Legislatura. En ese marco, la Ministra de Salud, Claudia Najul expresó que antes de que finalice su cargo buscará lograr que la provincia cuente con su propio protocolo.
Vale decir en este sentido que el Código Penal considera que el aborto solicitado por la mujer es legal cuando "se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios y cuando el embarazo proviene de una violación". Se suman aquí los casos en que "el embarazo provenga de un atentado al pudor sobre mujer idiota o demente", según expresa el artículo 86.
En su segundo párrafo, incisos 1 y 2 del Código Penal de la Nación, se exime de pena tanto al médico como a la mujer que lleve adelante el aborto. Esto, a la luz de las normas constitucionales y tratados de derechos humanos que reconocen los derechos a la igualdad, a la salud, a la autodeterminación, a la privacidad y a la no discriminación.
De acuerdo a la "Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles" que está vigente a nivel nacional desde 2010, todas las mujeres encuadradas en el artículo 86 del Código Penal Argentino tienen el derecho de acceder a la interrupción del embarazo de manera segura y gratuita.
En 2012, Mendoza tuvo media sanción de Diputados para adherir pero el proyecto quedó frenado en el Senado. De allí en más, el tema quedó diluido.La importancia de que Mendoza exprese su adhesión al plan nacional no es menor.
De acuerdo al documento de 64 páginas, quien deberá arbitrar todos los medios necesarios para que el protocolo se aplique de manera efectiva será el Ministerio de Salud.
Esta área, justamente, será la encargada de trabajar de manera más intensa para recibir, informar, atender, contener y garantizar el seguimiento en la salud de las mujeres que soliciten un aborto, siempre dentro de los parámetros legales vigentes.
Así, el protocolo se sustenta sobre los siguientes principios: no judicialización, favorabilidad, justicia, autonomía, beneficencia, no-maleficencia, confidencialidad, privacidad, integralidad, oportunidad, celeridad, continuidad y solidaridad. El acento está puesto así en el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.