El gobierno provincial ha anticipado la intención de reconvertir aproximadamente 10 mil hectáreas de viñedos hacia variedades nobles en dos zonas de la provincia: Este y Sur -en este último caso, específicamente en General Alvear- a los efectos de que los productores puedan alcanzar producciones por lo menos sustentables para continuar con la actividad.
Se trata de una iniciativa interesante en razón de que se proyecta una metodología, la del injerto, que permitirá a los finqueros prácticamente continuar con la actividad, a diferencia de los tres o cuatro años que debería esperar si se utilizara el método de la erradicación y de implantación de nuevas variedades.
Debemos partir de una base: el gran salto dado por la vitivinicultura argentina se produjo a partir de la elaboración de vinos de calidad que permitieron primero ganar mercados internacionales e inmediatamente después, con el paulatino conocimiento que el consumidor nacional fue teniendo de los mejores caldos, incrementar las ventas locales de manera exponencial.
Ese cambio se inició con la reconversión de miles de hectáreas que se sumaron a aquellas existentes, lo que generó también la existencia de una oferta que pudiera hacer frente a una demanda creciente. Es así que nos encontramos con el hecho de que prácticamente no existen excedentes en los vinos varietales y que los problemas surgen en los años -el actual fue la excepción por la baja cosecha- en que la producción de uvas de menor calidad enológica no puede ser compensada con la elaboración de mosto ni tampoco exportada por la falta de competitividad de los caldos.
Si hiciera falta un ejemplo para establecer medidas similares fuera del país, podríamos remontarnos a lo que sucedió con Uruguay, en oportunidad de conformarse el Mercosur. En aquel momento, el país oriental contaba con viñedos de bajísima calidad e inclusive muchos de ellos con uvas no vitiviníferas. En ese marco, si se abrían las fronteras a los productores uruguayos les resultaba imposible competir con los vinos argentinos.
Fue así que Uruguay pidió una excepción y, para el caso de los vinos, solicitó que se le otorgara un plazo de siete años para modificar su estructura en la industria. En esos años, erradicó todas los cepajes y los implantó con la variedad tannat, que se adecuaba perfectamente a la calidad del suelo y del clima de la región. Una vez logrado el objetivo, con un muy buen posicionamiento del varietal a nivel internacional, Uruguay abrió la frontera para el ingreso de vinos, sin sufrir perjuicio alguno.
En el caso de Mendoza, es sabido que los mayores problemas recaen en aquellos productores que cuentan con plantaciones de criollas y cerezas, con producciones de no más de 150 quintales por hectárea y que directamente están trabajando a pérdida, si nos atenemos a los costos que deben afrontar para el mantenimiento del viñedo y la cosecha de la uva. A esos finqueros en algunos casos les resultará más oneroso invertir en abonos y agroquímicos para mejorar la producción que injertar los viñedos para lograr una mayor rentabilidad en la venta de las uvas.
Sin embargo, se trata de una situación que no puede surgir de una decisión individual, porque muchas veces el productor desconoce qué variedad se adapta a la zona o cuál puede ser la demanda futura de la uva que va a injertar. Es allí donde debe concurrir el Estado, a través de sus organismos, para organizarlos y bajar la información correspondiente. Esos aspectos, según se ha indicado, están contemplados en la iniciativa del Gobierno y es de esperar que en el mediano plazo (se habla de iniciar el operativo a partir de 2017) los objetivos puedan concretarse.
