En el anuncio de la "Reconversión Militar" del presidente Macri, realizado el 23 de julio, hay dos decretos: uno que modifica el reglamentario de la Ley de Defensa sancionada en 1988 (este decreto fue firmado en 2006) y otro que establece una directiva para orientar la política de defensa nacional. El efecto es que al ser desplegadas las Fuerzas Armadas en la frontera norte, en la misma forma que lo hizo Cristina Kirchner en su segundo mandato (operativos Fortín y Frontera Norte), ahora se hace con el marco legal necesario y en cambio en dicho gobierno, aunque parezca extraño, se hizo violando el mencionado decreto reglamentario firmado por Kirchner.
La herramienta adecuada para la protección de frontera es la Gendarmería. Pero ésta es usada cada vez más para la seguridad en función policial en los grandes centros urbanos. Esto ha generado la necesidad para el gobierno de sustituirla -aunque por ahora en escala muy limitada- en la frontera, dada esta política, que continuará.
Como se dijo, la realidad es que el empleo en la frontera -incluidos patrullajes del Ejército- ya se hizo en el segundo mandato de Cristina Kirchner, no es una innovación.
El cambio o ampliación del rol militar fue planteado por Macri el 29 de mayo de 2016 (ser instrumento de la política exterior, defender el medio ambiente y participar en coaliciones contra el terrorismo) y el 3 de julio del mismo año (cooperar en la defensa de fronteras y lucha contra el narcotráfico y asistir en catástrofes naturales) ya hace dos años, pero no lo había implementado hasta ahora.
En la gestión de Macri, las Fuerzas Armadas parecen entenderse mejor con la Presidencia que con la Jefatura de Gabinete. Pero en los últimos meses, el secretario de Asuntos Globales de dicha Jefatura (Fulvio Pompeo) ha pasado a coordinar los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa y con su interlocución mejoró la relación en este ámbito.
Macri ganó las últimas dos elecciones en las Fuerzas Armadas con aproximadamente 85% de los votos (se lo suele medir con las mesas de la Antártida, donde más del 90% de los que votan son militares en actividad). Pero en los últimos meses, la reducción presupuestaria, la postergación del plan de actualización salarial, la demora en el reequipamiento y la falta de atención (en el discurso del 1 de marzo al abrirse las sesiones ordinarias del Congreso, la única referencia a defensa fue que pasaba a ser de uso civil la mitad de Campo de Mayo), fueron generando una situación de decepción, que con el problema salarial que tuvo lugar en julio -que el gobierno corrigió- había derivado en resentimiento, ya que el único sector del Estado que recibía sólo 8% de aumento eran los militares.
Los campos y propiedades del Ejército que fueron vendidos, lo fueron con el compromiso de que el 70% de su producido iría destinado a reequipamiento. Pero fueron vendidas y los fondos obtenidos nunca volvieron a las Fuerzas Armadas, siendo retenidos por la Tesorería. Esta fue otra de las causas del malestar mencionado.
Argentina está destinando a defensa aproximadamente el 0,9% del PBI, siendo el más bajo de América del Sur. Más del 90% va destinado a salarios y retiros. Pero el problema hoy es que con motivo del "ajuste" no sólo se han postergado los planes de reequipamiento, sino que además se han reducido los ya limitados recursos de funcionamiento, a un nivel sin precedentes.
Los decretos firmados no alteran las funciones de los cuatro jefes de Estado Mayor. El titular del Estado Mayor Conjunto (Sosa) ha trabajado con el ministro de Defensa Oscar Aguad en su redacción, en la cual también ha intervenido la Jefatura de Gabinete.
El gobierno presentó esta reforma o reconversión militar con un lanzamiento para concentrar la atención política y mediática, como suele hacer con los temas que ubica en el centro de la escena para provocar debates que concentren la atención.
Pero, las reacciones políticas adversas que ha provocado, ¿eran uno de los tantos planes para "polarizar" la política o han tenido, como en otras circunstancias, un error de cálculo?
La realidad es que en el promedio de la opinión pública, cuanto más uniformes se vean en las calles, mejor. Es que la gente amenazada por la creciente inseguridad, si se trata de militares, policías provinciales o son fuerzas de seguridad federales, no es la cuestión, sólo se pretende estar algo más seguro.
Pero en el ámbito político, académico e intelectual es diferente, porque se mira el problema con la sombra del pasado vivido en los años setenta.
Ahora, el riesgo político es que todos los sectores del peronismo converjan en el Congreso en un proyecto de ley que anule el decreto.
En mi opinión, hizo lo correcto, pero quizás la estrategia mediática que utilizó, terminó generando un conflicto político.
