Reconocimiento "electoral” de la inseguridad

La decisión de enviar cuatro mil gendarmes a la provincia de Buenos Aires y el reconocimiento oficial de que la inseguridad es un problema que debe encararse, cuando hasta poco la consideraba como una mera subjetividad, no hace más que ratificar el cambio sorprendente que ha tenido el oficialismo luego de la dura derrota electoral del 11 de agosto.
 
En ese mismo marco se inscribe la decisión de fortalecer el trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas en el denominado Escudo Norte, en la intención de "fortalecer las tareas de vigilancia y control de los espacios de jurisdicción nacional en la frontera norte, en sus componentes terrestre y fluvial".

Esos dos aspectos, dentro de los innumerables cambios en el mensaje del oficialismo (como la aceptación de parte del candidato oficialista de que las cifras del Indec sobre inflación son menores que las reales) o algunas decisiones adoptadas, como el aumento en el mínimo no imponible al impuesto a las ganancias, determinan que también  ha quedado en el tiempo aquella frase de "vamos por más" o "por todo" y que ahora buscan por todos los medios posibles generar un cambio en el electorado que les permita al menos mantener el porcentaje de votos logrados en las primarias abiertas.

Pero lo sucedido con el tema de la inseguridad es sorprendente. Ni la Presidenta de la Nación ni los funcionarios y legisladores que ganaban los espacios en los medios de comunicación, especialmente oficialistas, aceptaron durante años que el tema de la seguridad era muy caro para los sentimientos de la gente.

La propia señora Fernández de Kirchner llegó a asegurar que no había inseguridad, sino la repetición, durante días, de un hecho grave en los medios "opositores".

El inefable Aníbal Fernández, ahora "guardado" públicamente junto a Amado Boudou, Gabriel Mariotto, Diana Conti, Guillermo Moreno o Carlos Kunkel, entre otros, llegó a asegurar que no había inseguridad, sino que existía "la sensación de inseguridad", aunque tampoco nunca pudo explicar la diferencia entre un aspecto y el otro.

Más aún: cuando se produjeron las marchas multitudinarias como la del 8-N, en reclamo de mayor seguridad, desde los ámbitos oficiales se calificó a los participantes de "destituyentes".

Pese a todos esos antecedentes que permiten establecer que ninguno de los funcionarios mencionados resiste el menor archivo, ahora aparece el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, a efectuar anuncios grandilocuentes en el sentido de que se reforzará la seguridad en el conurbano bonaerense -donde se encuentran los votos, por supuesto- para lo cual destinará cuatro mil gendarmes, que se sumarán a las fuerzas policiales.

Por si queda alguna duda de que se trata de una decisión electoralista, sólo cabría señalar que en una primera etapa se ha previsto una duración de 45 días para el operativo y que del acto en el que se realizó el anuncio participó el candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, junto al gobernador Daniel Scioli.

Paralelamente a esa decisión, también hubo un cambio en el mensaje, ya que el propio Berni salió a asegurar que "se trata de ser cada vez más eficiente. Pero si mano dura es poner a la policía que ponemos, dotarla de capacidad operativa, profesionalizarlos para prevenir y después poder dar con los delincuentes, llámelo como quiera".

Si el resultado electoral del 11 de agosto sirvió para que el Gobierno saliera de su encierro y reconociera que hay malhumor en la gente, bienvenidas sean las medidas. Pero si sólo se trata de acciones electoralistas, como todo lleva a indicar, para después volver a ir "por todo",  con toda seguridad generará una nueva reacción del electorado que sabe que el poder de su voto es fundamental en la democracia.