La Argentina vivió hace pocos días una jornada de protesta ciudadana histórica que superó, incluso, a la realizada el 13 de setiembre. El gobierno nacional debería escuchar el ordenado pero estridente reclamo de solución a problemas de todos los días que las autoridades kirchneristas, lamentablemente, ignoran sin ningún tipo de reparo. El descontento de la gente apuntó a las falencias en la ejecución de las políticas públicas de áreas sensibles, como salud, educación, seguridad y la economía diaria de los argentinos, en este último aspecto a raíz de la continua negación de las variaciones de precios que efectúa el Indec.
También se criticó el jueves 8 la falta de sensibilidad de un gobierno que pretende esconder en los anuncios por cadena nacional o de eventos de consumo masivo, como el Fútbol para Todos, las constantes muestras de soberbia y uso abusivo del poder, en el que tranquilamente se puede encuadrar toda pretensión de reforma constitucional que allane el camino a una nueva reelección presidencial.
Es, precisamente, la amenaza de eternización en el poder uno de los asuntos que más intranquilizan al grueso de una sociedad que, seguramente, quiere que estos casi 30 años de vida democrática se reflejen en una alternancia de conducción política del Estado entre dirigentes con pretensiones de estadistas, que no escondan pretensiones meramente personalistas o hegemónicas.
En Mendoza, como en un elevado número de ciudades del país, la repercusión también fue de notables características, tanto por la masividad como por la corrección expresada en las calles. Pero aquí, el 8 de noviembre último también dejó una advertencia importante para los políticos locales. Hay que tener en cuenta que fue una de las pocas provincias, sino la única, a cuyas autoridades locales los manifestantes involucraron directamente con los reclamos hechos al gobierno nacional. La presencia frente a la Casa de Gobierno de casi la mitad de las personas que se manifestaron antes en el Centro de nuestra ciudad, habla a las claras de un descontento al que desde el Ejecutivo provincial deberían prestarle atención.
Por eso es justo definir como loable el reconocimiento que hicieron funcionarios de alto rango y legisladores que pertenecen a distintas corrientes del oficialismo provincial al planteo de un elevado porcentaje de la población representada en la muchedumbre que colmó la zona céntrica mendocina. Incluso, el gobernador Francisco Pérez tuvo palabras contemplativas con la situación desde su misión en el exterior. En todos los casos se admitió la necesidad de mejorar aspectos de la gestión.
Muchas veces los desmedidos alineamientos de los gobiernos provinciales con el nacional terminan emparentando a sus responsables. Una cosa es compartir un determinado proyecto político, pero otra muy distinta es alinear los intereses de la provincia a los intereses del gobierno nacional y en ciertas ocasiones, separar una cosa de la otra corre por un hilo muy delgado. En un país federal, la prioridad para el gobernante local la tiene la provincia a la que debe administrar por voluntad de sus ciudadanos.
Por su parte y haciéndose eco del reclamo multitudinario del jueves 8, valiéndose de una lógica especulación por la coyuntura, los principales dirigentes de la oposición provincial le recomendaron a Francisco Pérez, mediante un documento público, que priorice “la solución de los problemas de los mendocinos”. Una gran oportunidad para que el Gobernador busque retomar el diálogo político interrumpido por los roces generados por la reforma constitucional provincial puesta en marcha.
Es de gran importancia para la vida institucional de Mendoza que en la dirigencia, y en este caso puntual en el partido gobernante, exista voluntad de evaluación cuando lo sucedido no resulta acorde con sus expectativas.
