Luis Fermosel - la.fermosel@gmail.com
Los sectores saben que los cambios en la política económica que permitirían mejorar el mercado interno y las exportaciones son lentos y que habrá que esperar.
De allí que hayan centrado la mira en la próxima cosecha y, en ese esquema, cobra vital importancia la lucha contra la polilla de la vid, que este año se llevó una parte importante de la producción. Pero para combatir la plaga hace falta dinero, el que había sido prometido por el gobierno nacional y que aún no ha llegado.
Es por eso que un grupo importante de entidades decidió enviar una carta documento al secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui, solicitando la “inmediata y urgente” aplicación de los recursos para el combate de la lobesia, indicando en uno de los párrafos que, de no cumplirse con lo señalado, “los daños provocados tendrán consecuencias millonarias en pérdidas de producción y empleo para la vitivinicultura argentina y haremos responsable al Poder Ejecutivo Nacional por dichos daños”.
Valdría preguntarse cuál fue el motivo que llevó a la dirigencia gremial empresaria a plantear con tanta dureza el pedido. Las fuentes consultadas destacaron que lo que se intenta evitar es que no se repita lo ocurrido en la última cosecha.
“Estamos en agosto y si los productores ven que no cuentan con los elementos que necesitan o no ven que se haya iniciado la lucha pueden llegar a utilizar insecticidas en decisiones individuales, lo que puede llegar a generar problemas en el futuro con los vinos”. Para muchos de los consultados, la plaga está “fuera de control” y que pese a ello el gobierno nacional ha enviado sólo 60 de los 300 millones de pesos prometidos.
“Pareciera ser que están más preocupados por deslindar responsabilidades en el sentido de que se trata de una herencia recibida que en mandar el dinero”, destacó la fuente, bastante molesta, indicando entonces que “nosotros sabemos que este gobierno no generó el problema, pero también consideramos que 300 millones de pesos en el presupuesto nacional es nada, si nos atenemos a las cifras que se manejan”. Señalan además que todos los países que estaban afectados por la plaga han logrado dominarla, pero que esa situación no se da ahora en la Argentina.
La nota lleva las firmas de once entidades, entre las que se encuentran la Asociación de Cooperativas, la Asociación de Productores en Acción, Bodegas de Argentina y la Unión Vitivinícola Argentina. Indica que de acuerdo con los estudios del Senasa, del Inta y de los gobiernos de Mendoza y de San Juan, el gobierno nacional debería destinar para la lucha 430 millones de pesos y que la disposición de ese fondo, de acuerdo con la ley, es de exclusiva responsabilidad de la Jefatura de Gabinete.
Además, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaille le anunció a la Coviar que “vamos a darle la partida que sea necesaria para que la ley destinada a combatir la lobesia tenga presupuesto y se pueda ejecutar, promesa que no se ha cumplido”.
Hace alusión a los “daños y efectos” que produce la plaga, indicando que afecta al 70 por ciento de la superficie cultivada con viñedos en el país y que el costo de los insumos por hectárea para combatirla es de 2.850 pesos, lo que en las 150 mil hectáreas cultivadas significan 430 millones de pesos.
Destaca que, de ese total, 53 mil presentan un daño económico del 30 por ciento en el rendimiento productivo, lo que significó en la cosecha 2016 la pérdida de aproximadamente 970 millones de pesos.
Dice además que anualmente, desde el año 2010, las pérdidas por la presencia de la plaga se han incrementado a un promedio del 65 por ciento y que debido a la presencia de la lobesia los productores de uvas de mesa deben afrontar costos asociados a logística comercial, como fumigación con bromuro de metilo, los que se estiman en 13.650 pesos por hectárea.
Otras preocupaciones
El de la lobesia no es la única preocupación que inquieta a los sectores. También se ha planteado el caso de los espumantes, en razón de que la norma legal ha recibido una objeción de parte de la Cancillería, en razón de que el proyecto de ley indica que la Argentina acepta la denominación de origen champagne, pero en el ministerio de Relaciones Exteriores consideran que esa aceptación debe formar parte de las discusiones globales que se mantienen con la Unión Europea.
Pero no es sólo Cancillería la que inquieta, sino “la actitud de algunos legisladores”, en razón de que “a excepción de Luis Borsani, nadie parece demasiado comprometido, al menos públicamente, en impulsar la ley”.
En ese mismo esquema, destacaron que esa norma está siendo objeto de ataques desde distintos sectores, como es el caso del dirigente de los ferroviarios “Pollo Sobrero, que dice que el Gobierno está manejado por ricos y que por eso se le quiera sacar el impuesto al champán y se olvida de los trabajadores”.
Una situación similar se traslada hacia la ley sobre el uso de jugos naturales para la edulcoración de bebidas gaseosas. “Dirigentes que no pertenecen a provincias que podrían resultar beneficiadas, como Sergio Massa o Diego Bossio han manifestado públicamente su apoyo, pero resulta que nuestros soldados no lideran ningún proyecto”, manifestó un dirigente, destacando que en ese aspecto no sólo deben trabajar los legisladores sino también las provincias a través de sus gobernadores.
Como párrafo final del comentario, cabría señalar que mañana el ministro de Economía, Enrique Vaquié, recibirá a los representantes de las entidades vitivinícolas para dialogar sobre las presentaciones efectuadas en relación a qué hacer con el acuerdo Mendoza-San Juan.
Según los trascendidos, no se tratará de una reunión definitoria, sino de un primer paso para las decisiones que se adoptarán en el futuro.
