El clamor por "verdad y justicia" se sintió ayer en las calles de Santiago en la conmemoración de los 43 años del golpe militar que derrocó a Salvador Allende e instauró la brutal dictadura de Augusto Pinochet.
El Palacio de La Moneda, la sede de gobierno que soportó los bombardeos el 11 de setiembre de 1973, fue el centro del primer acto oficial de la jornada con un homenaje a Allende encabezado por la presidenta socialista, Michelle Bachelet.
En La Moneda aún resuenan “los ecos del más doloroso hito de nuestra historia reciente”, que culminó con el retorno a la democracia en 1990, señaló Bachelet en un breve y sentido discurso.
“Hoy Chile conmemora lo ocurrido 43 años atrás, aquello que nunca más volverá a ocurrir, porque tenemos una certeza irrenunciable (de que) mientras la luz de la memoria siga viva, nadie estará vencido y nadie estará olvidado”, afirmó la mandataria.
Bachelet destacó los avances en políticas de derechos humanos, aseguró que se ampliarán los espacios destinados a mantener la memoria de lo ocurrido durante la dictadura y anunció que la Subsecretaria de Derechos Humanos, creada en diciembre pasado, se pondrá en marcha a fines de 2016, para estar operativa en 2017.
En su segundo mandato, Bachelet ha impulsado una serie de reformas sociales en las que sobresale el inicio de una reforma del sistema educativo que busca instaurar la gratuidad universal.
Asimismo, se inició un largo proceso que busca culminar con la reforma de la Constitución, que al igual que el sistema educativo, el sistema privado de pensiones y varias otras normas son herencia del gobierno de Pinochet.
Apenas finalizado el discurso de Bachelet, se inició una multitudinaria marcha que, tras recorrer varios kilómetros, arribó al Cementerio General de Santiago, donde familiares de desaparecidos junto a miles de chilenos rindieron homenaje a las más de 3.200 víctimas mortales del régimen, que torturó y provocó el exilio a más de 30.00 personas.
“Tengo 64 años y vengo cada año para recordar a los que cayeron para que nunca más vuelva a pasar en Chile lo que pasó”, y “siempre esperando que algún día se haga verdad y justicia, que salga todo a la luz y se condene a los culpables”, comentó Sonia Zurita.
Un pedido de justicia que se centró en solicitar el cierre de la cárcel Punta Peuco, ubicada a 50 kilómetros de Santiago y que alberga a un centenar de exmiembros de las Fuerzas Armadas condenados por secuestro, tortura y asesinatos durante la dictadura.
Los familiares de las víctimas denuncian que en ese penal los antiguos represores tienen grandes privilegios y que viven en un lujo impensado para presos comunes.
Fotos de cientos de desaparecidos, miles de banderas con la imagen de Allende, enormes carteles pidiendo el cierre de Punta Peuco se movieron al ritmo de los tambores durante la marcha, que culminó con incidentes con la policía.
“Tenemos el derecho de conmemorar, de recordar a nuestra gente, a nuestros heridos y caídos. Pero eso no significa que tengamos que hacerlo con destrozos, con violencia y causándole daños a otros, eso es repudiable”, puntualizó el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz.
Encapuchados intentaron ingresar a dos bancos de la zona céntrica, según medios locales. Asimismo, atacaron a un periodista y un camarógrafo del canal local TVN.
Desde las organizaciones civiles y el partido comunista se rechazó la actuación de la policía, al considerar que por unos pocos pagaron miles de manifestantes que marcharon pacíficamente, en muchos casos con niños, soportando los gases lacrimógenos lanzados por la policía para dispersar los disturbios.
En Santiago y otras regiones se habían levantado barricadas y producido incidentes menores desde la noche del sábado y las primeras horas de la jornada, informó la policía.
El sábado se realizaron varios actos encabezados por autoridades y familiares de las víctimas.
Uno de ellos se celebró en terrenos de la antigua Colonia Dignidad, ubicada unos 350 al sur de Santiago, donde un grupo de 45 familiares de víctimas realizó un acto en honor a los desaparecidos frente a una de las fosas abiertas por la justicia en busca de sus restos.
La colonia, reconvertida en centro turístico y agrícola, fue creada en la década de 1960 por el excabo nazi Paul Schäfer y otros inmigrantes alemanes.
Su líder instauró un régimen de trabajo esclavista y abusó sexualmente de menores, además de colaborar con el régimen de Pinochet, convirtiendo al lugar en centro de detención y tortura.
