Unas 50 familias de Atuel Norte esperan que les entreguen las casas que están ya en construcción (9 en total) y les den los terrenos adquiridos para construir sus viviendas tras 8 meses de paralización de las obras.
Son habitantes de un paraje que sólo se individualiza por una prolongada curva en la ruta 143 a General Alvear y por una estación de servicio. Hacia adentro existe un conglomerado de casas que habitan unas 1.000 personas y muchas más si se suman los que viven en fincas prolijamente trabajadas.
Atuel Norte es un pedazo de tierra perteneciente al distrito de Cañada Seca, San Rafael, y se extiende desde el río Atuel hasta la calle 5, como describen estos vecinos ocupados en sus quehaceres, pequeños comerciantes o agricultores. El verdor de los jardines, aún en invierno, la plaza y otros rincones hablan a las claras de la especialidad con las plantas.
Sin embargo, las problemáticas no distan de ser las comunes que pueden tener en cualquier parte de la geografía nacional. La población se agranda (nacen hijos, nietos...) y quieren que ellos no emigren hacia otros lugares por falta de vivienda u oportunidades en su propia tierra.
Así nació hace más de 10 años en la Unión Vecinal La Esperanza, una segunda iniciativa para construir un barrio. Con esfuerzo, se adquirió un terreno de 3 hectáreas y un cuarto al sur de la actual población, a unas cuadras, donde era la finca de Humberto Vega, según describe Mireya ‘Beti’ Cerda.
Ella es tesorera de la unión vecinal La Esperanza ("parece que se hizo realidad el nombre", dice con ironía) y muchas veces la voz cantante de las personas que confiadas pagaron los lotes, 55 en total, donde se hizo la red de agua y la de luz. Ella es acompañada por varios vecinos, como Gladys Ortega o Alicia Miranda (de la Unión Vecinal), que sin ser interesados directos la ayudan a conseguir la solución para ella y otros vecinos.
En este terreno está el lugar que “hemos donado a la Municipalidad para que haga su delegación porque actualmente funciona en un local prestado y construiremos un centro comunitario”, dice Beti.
Explica que todo se hizo a través del Programa Federal de Integración Socio Comunitario dependiente del ex ministerio de Planificación nacional. El convenio -aclara- dice que en una primera etapa se construirían 15 viviendas “pero el fondo que nos destinan no alcanza para esas 15 y se reduce la entrega para hacer 9, que se empiezan a construir en octubre del año pasado y están ahora a la altura del techo, donde quedaron”.
“El convenio -dice- está firmado por el ministerio, el IPV y el municipio de San Rafael. Todo marchó bien hasta que se giraron los fondos del último certificado de obra a las tres cooperativas que participaron y luego se comunicó que no hay más fondos, por lo que se detuvo todo”, se lamentó.
Con respecto al último pago, desde el área de Vivienda de la Municipalidad se afirmó que una vez liberado el monto del certificado por la Provincia “se les liquidó a las cooperativas intervinientes, a las que en la actualidad no se les debe dinero alguno”.
Sin embargo, Beti explica que al llegar los pagos tarde, el dinero debería alcanzar para seguir un 20% de la obra restante y así liberar el pago final,” pero con el desfasaje de precios ese 20% no lo podemos cubrir”.
“Es por ello que hemos pedido la urgente intervención de la Municipalidad para que gestione ante la provincia ese fondo para poder construir. Si no se puede, entonces pedimos que el IPV nos libere los lotes y así poderlos entregar a los adjudicatarios y posteriormente a los propietarios las escrituras y a los adjudicatarios de las casas en construcción. Esto lo hemos pedido a través de una nota. Pagaremos lo que debamos pagar pero así solucionamos urgente el problema de muchas familias”.
Como ejemplo, la mujer señaló la problemática familiar que enfrenta una de las adjudicatarias de una de las casas sin terminar: “Tiene una hija enferma que necesita de un lugar especial para su cuidado y hoy están en Villa Atuel en un lugar prestado. Ella podría ya estar aquí”.
El IPV está dispuesto a buscar una solución
El titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Damián Salamone, al ser consultado por Los Andes señaló que es intención no sólo en este caso sino en otros similares diseminados por toda la provincia si todo está en el marco del convenio y contrato correspondientes, buscar una solución consensuada entre el IPV, la Municipalidad y los adjudicatarios (en este caso puntual).
“Es nuestra intención -destacó el funcionario- buscar el bien común dentro de los márgenes de la ley y buscar una solución definitiva al problema o una alternativa”.
Salamone dijo desconocer el caso particular de los vecinos de Atuel Norte pero afirmó que lo ideal sería que a través de la comuna los vecinalistas se contacten con el IPV y se coordinara una reunión para tratar el problema. Y reiteró la intención de dar una solución rápida dentro de las posibilidades.
