Que a un sindicato o a alguna de sus autoridades se lo acuse de acoso laboral constituye una rara paradoja. Pero si ese gremio levanta las banderas contra la violencia de género y la acusación es, precisamente, por "violencia de género laboral", el caso puede ser considerado el colmo.
Pues bien, todo eso le ocurre ahora a la Asociación de Trabajadores Argentinos (ATE). Existe una demanda contra un integrante del Consejo Directivo y contra el gremio por "violencia de género laboral" que incluye un resarcimiento de $ 1.200.000.
La acusación la hizo Yésica Álvarez, una empleada administrativa de ATE, que acusó en principio al secretario administrativo del sindicato, Héctor Suárez, por el acoso laboral al que fue sometida.
Aunque la demanda afecta a todo el gremio. Así se observa en el expediente 252.072, alojado en el Quinto Juzgado Civil de Mendoza, a cargo de la jueza Fabiana Munafó, que señala la denuncia “por daños y perjuicios”.
Para los abogados de Álvarez, lo que sufrió la mujer fue “violencia de género laboral” de parte de Suárez.
El objeto de la demanda es "por violencia de género" en base al "daño moral" sufrido, "con fundamento en el acoso y maltrato que habría recibido en su lugar de trabajo" por parte de Suárez. Y también “por la falta de una respuesta efectiva y oportuna de ATE, en su condición de empleadora” de Álvarez.
Según Carolina Jacky, del grupo de abogados que representa a Álvarez, lo que Suárez ejerció "no fue acoso sexual, pero sí acoso de abuso de poder" sobre la empleada.
"La llamaba a toda hora, incluso los fines de semana. Ella trabajaba 12 horas y cobraba por 8. Si pedía reemplazo no se lo daban. Nunca la dejaron tomarse un parte de enferma", explicó la especialista en temas de género.
“Además, el marido de Álvarez tiene una discapacidad y no puede cuidar a sus hijos. Y no la dejaban ni siquiera hacer eso”, continuó Jacky.
La letrada señaló que el caso encaja en la figura de “violencia de género”, porque el acoso y el abuso del poder “se realizan contra una mujer”. Y basa su fundamento en el artículo 3 de la Ley 26.485 (Protección Integral a las Mujeres), que en el inciso “a” aclara que toda mujer tiene derecho a “una vida sin violencia y sin discriminaciones”.
La causa ha avanzado, ya que una de las primeras medidas ordenadas por la jueza fue hacer lugar a una acción preliminar de separar a la mujer de su jefe. Se trata de una acción de prevención “para evitar que se continúe con la violencia de género laboral”, según indica la demanda.
Por eso, Álvarez fue trasladada a un anexo de ATE en un domicilio distinto al de la sede central. En tanto a Suárez “se le otorgó licencia”, confirmaron desde el sindicato.
Sorpresa en el gremio
Cuando Los Andes le preguntó al secretario general de ATE, Roberto Macho sobre la denuncia, señaló que el caso "no pertenece" a su gestión y decidió no responder. Aunque la decisión judicial preventiva de trasladar Álvarez del área que conduce Suárez data de hace apenas un mes.
Y si bien Álvarez trabaja en ATE desde hace 12 años, la denuncia abarca "desde el año pasado hasta ahora", se informó.
De todos modos, Macho derivó las respuestas al secretario de Prensa de ATE, Roberto Podio.
Podio dijo que el gremio “se sorprendió” con la acusación. “No hay ninguna denuncia en el Consejo Directivo, ni en el sindicato al que pertenece Álvarez (Utedyc) ni en la Subsecretaría de Trabajo”, resaltó el dirigente, apuntando a que la mujer fue a la Justicia antes de seguir los caminos “formales”. Y recordó que ella “antes fue delegada gremial, conoce esos mecanismos”.
Y lejos de aceptar las acusaciones, señaló que aportarán a la Justicia “las pruebas necesarias para demostrar que no hubo violencia en el trato”.
Finalmente, Podio descartó que esta denuncia pueda deberse a algún ataque interno contra la actual conducción. Sin embargo, hay voces que indican que el gremio “no pasa por su mejor momento interno” en estos días.
