Uno de los mayores inconvenientes con que se enfrenta la dirigencia política actual se relaciona con su anémica capacidad de movilización. Lejos quedaron aquellas convocatorias multitudinarias de los meses previos a la recuperación de la democracia, cuando los actos partidarios convocaban a decenas de miles de personas. Eran otros tiempos y circunstancias. El pueblo estaba ansioso por recuperar la libertad luego de años de dictadura y la participación política era plena en defensa de quienes la ciudadanía consideraba que coincidían con sus ideales, mientras los gremios mantenían con firmeza su capacidad de movilización.
Con el correr de los años la situación cambió. La dirigencia sindical se devaluó como consecuencia de su silencio frente a muchas decisiones que se adoptaron durante la gestión de Carlos Menem y luego las graves circunstancias políticas y económicas que se vivieron en 2001 llevaron a la ciudadanía a un descreimiento en la dirigencia partidaria. La política actual se centra ahora en decisiones de los dirigentes, en razón de que han desaparecido las unidades básicas o los comités que sembraban los barrios en la década de los 80-90.
En la actualidad, tanto al oficialismo como a la oposición les resulta muy difícil convocar a actos partidarios. La gran diferencia entre unos y otros radica en que, por contar con una mayor espalda financiera, el oficialismo halló una manera de convocar a través de recitales de conocidos artistas, en su gran mayoría de atracción para los jóvenes. Pero lo grave del caso es que la actuación de los artistas no es gratuita. Lo que no hace más que echar un manto de dudas sobre si su participación responde a una afinidad política o si se trata de una actuación común y corriente, como las que realizan en cualquier otro festival y cuyo objetivo es puramente económico. Con una agravante: el cachet lo pagan todos los argentinos, coincidan o no con la política que se defiende.
Mucho más preocupante aún es cuando se conocen los enormes valores percibidos por los artistas para esas actuaciones partidarias. Hace pocos días, el ex líder de un conocido grupo musical -Gustavo Cordera, de Bersuit Vergarabat- denunció y cuestionó a los artistas que, “comprometidos políticamente, perciben 300 mil pesos ¡en negro! por show”, advirtiendo que “el arte no se puede encastrar con una propaganda política o un cartel con el nombre de un intendente”.
Declaraciones que no hicieron más que sacar a la superficie algo que muchos presumían pero que pocos se habían animado a decir, en muchos casos por la represalia que pueden llegar a sufrir por parte de un oficialismo que maneja decenas de medios de comunicación y que los utiliza esencialmente para criticar y denostar -sin ningún tipo de pudor- a quienes no coinciden con su ideología.
Las palabras del músico surgieron en medio de la polémica desatada por una presunta firma de convenio entre la actriz Andrea del Boca con Radio y Televisión Argentina, la empresa dueña de la Televisión Pública, con un contrato millonario y cuando aún resonaban los dichos del músico Fito Páez, que no conforme con su adhesión al Gobierno -que está en todo su derecho a hacer como simple ciudadano- llegó a decir públicamente que le daban “asco” los porteños que votaron a Mauricio Macri, mientras percibía fabulosos cachets por actuar en eventos oficialistas.
Entramos en un año electoral por lo que se multiplicarán los actos partidarios y también las pulseadas por establecer quién tiene mayor poder de convocatoria. Lo preocupante sería que, en ese afán por mostrar actos multitudinarios, se repitan los “festivales” en los que participan conocidos artistas supuestamente adherentes a la línea política que los convoca, pero que en realidad están percibiendo un cachet que terminamos pagando todos los argentinos.
