El oficialismo, liderado por el gobernador Alfredo Cornejo, sorprendió el lunes con el proyecto de llevar a nueve los siete miembros de la Suprema Corte. Más allá de los fundamentos, basados en la necesidad de agilizar la Justicia, la iniciativa generó más rechazos que apoyos.
Es cierto que las posibilidades de aprobar la ley son altas. Se requiere mayoría legislativa simple para ese fin, y el oficialismo la tiene. Pero quienes se oponen -entre los que hay legisladores opositores, magistrados y hasta miembros de la Corte-, consideran que Cornejo busca "mayor poder propio" en ese tribunal.
En el Gobierno aseguran que "no es así". Y señalan que la iniciativa "es coherente con todos los cambios que se vienen planteando en la Justicia".
Uno de los autores, el senador Juan Carlos Jaliff (UCR), ha remarcado que "no se busca controlar" a la Corte. Lo que sí entienden legisladores oficialistas y el Gobierno es que se apunta a "liberar tareas" en las actuales salas.
Hoy la Sala I atiende los casos en lo civil y comercial y la mitad de los administrativos. Y la Sala II, los relacionados con lo penal, lo laboral y la otra mitad de los administrativos.
Para fundamentar el proyecto, los autores usan el ejemplo de la Sala II, que preside Omar Palermo, uno de los apuntados por Cornejo como opositores a sus políticas de seguridad.
El pasado vuelve
Una de las que objetó duramente el proyecto fue la senadora Noelia Barbeito (FIT). "Es lo mismo que hizo Menem en 1990 para tener una Corte adicta a sus intereses", dijo. "Parece que (a Cornejo) no le alcanza con la concentración de poder que tiene con las mayorías automáticas en la Legislatura y el control del Ministerio Público Fiscal", añadió.
La comparación con el ex presidente peronista también la hizo el PJ. La jefa del bloque de senadores, Patricia Fadel, habló. "No estamos de acuerdo.
Nos recuerda errores pasados, como lo del menemismo”, dijo quien fuera delegada local de Migraciones en la época en que el riojano presidía el país.
Fadel agregó que “ningún gobernador en democracia intentó este avasallamiento”. Y si bien reconoció que la iniciativa “es legal”, hasta planteó “hacer un plebiscito” para ver qué opina la gente.
Un dato llamativo es que ayer, a menos de un día de conocerse el proyecto, la Corte falló a favor de un reclamo que en cierto modo perjudica al Gobierno. Hizo lugar al pedido de la ONG Protectora para crear el Ente Regulador del Transporte.
El reclamo había sido hecho por los abogados de esa ONG, hoy legisladores electos José Luis Ramón y Mario Vadillo. Éste negó una relación del fallo con el proyecto oficial sobre la Corte. "No es de ahora. Hace cuatro gestiones que lo esperamos", resaltó. Y también cuestionó la actitud cornejista. "Es un plan para doblegar a la Corte", lanzó.
Cuestión de poder
En los ámbitos judiciales, las repercusiones fueron fuertes, pero pocos opinaron. En el Colegio de Abogados directamente se excusaron de emitir conceptos “por falta de conocimiento” del proyecto.
Sí respondieron en la Asociación de Magistrados. "Es una decisión política del Gobernador y tiene el aval legal para hacerlo", dijo Armando Martínez, titular de la entidad.
Igualmente, Martínez se mostró preocupado “con la fuerte inversión que implicará” incorporar más ministros. Y si bien aceptó que “ayudará a la tarea de la Corte”, destacó que “hace falta más inversión para agilizar otros sectores de la Justicia”.
En la Corte, en tanto, el único ministro que habló abiertamente fue Jorge Nanclares. Indicó que la iniciativa cornejista está “dentro del marco de la legalidad y de la Constitución”.
Otros ministros de la Corte recibieron el texto del proyecto. Y entre ellos hay opiniones divididas.
Están los que consideran que la intención del Gobernador es mostrar que su poder también puede llegar a los intestinos de la Justicia. Lo que lograría con los dos nuevos jueces “propios” en la Corte.
Pero los detractores van más allá y piensan que hasta “estaría en condiciones de reeditar un proyecto reeleccionista” y “hasta podría saltar la Constitución con un eventual aval” de la nueva Corte.
Los que están a favor, en tanto, ven beneficios en la iniciativa. “Separar lo penal de lo laboral ayudará”, dicen, y lo ejemplifican con la Sala II. “Esa sala recibe el 70% de las causas, esto ayudaría”, dicen. El mismo argumento del oficialismo para promover el proyecto.
De Marchi, molesto: se enteró por el diario
Una luz de alerta se encendió en la alianza gobernante por el proyecto del oficialismo para ampliar la Suprema Corte. Omar de Marchi, intendente de Luján y presidente del Pro en Mendoza, se mostró sorprendido por la iniciativa presentada por tres senadores radicales. “No lo conozco. No había escuchado nada. Me enteré por el diario a la mañana y escuché algunos comentarios en las radios”, describió.
Esa frase deja en evidencia que la decisión fue tomada sólo por el radicalismo, sin consultar a sus socios. Ese desconocimiento explica la siguiente frase del macrista: “No tengo opinión sobre el fondo del tema, ni a favor ni en contra. Una vez que lo tengamos en la mano, lo debatiremos puertas adentro”.
Igual, dejó una opinión genérica al respecto: “Tocar los miembros de la Corte es un tema delicado, de fondo, institucionalmente muy importante. Por esto, requiere mucho análisis, muchas consultas, y sobre todo mucho consenso”.
En el Gobierno también hablan de lograr consenso, aunque tiene los votos en ambas cámaras para aprobarlo sin el apoyo opositor. “Me gustaría saber qué opina la Corte”, lanzó como frase final el lujanino.
Un fallo que llega en un momento caliente
En un llamativo fallo, conocido ayer, la Corte dio lugar a un reclamo de la ONG Protectora de crear un Ente Regulador del Transporte.
El fallo, con la firma coincidente de los miembros de la Sala I, Alejandro Pérez Hualde, Jorge Nanclares y Julio Gómez, ordena al Gobierno a que en 60 días “efectúe las diligencias conducentes” para poner en funcionamiento el ente.
En los pasillos judiciales defendieron el fallo y negaron cualquier relación con la iniciativa oficialista de variar el número de la Corte. “Un fallo así se trabaja con mucho tiempo, no es oportunista”, dijeron las fuentes.
Mario Vadillo lo celebró. “Durante cuatro gestiones los ejecutivos, con aval legislativo y judicial, no hicieron nada”, resaltó.
Aunque no todo fue favorable. La Corte no hizo lugar al pedido de dar marcha atrás con los incrementos del boleto que se impulsaron en 2015.
