El proyecto de reforma previsional fue rechazado por la Federación de Jubilados Mendocinos. Se pretende el 82% móvil, conforme reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una jubilación mínima inmediata relacionada con la canasta básica que hoy está en 15.700 pesos mensuales.
Ley de Movilidad Social
La Ley 26.417 de Movilidad Social contempla dos actualizaciones por año, en marzo y setiembre. Para el cálculo considera: 1) el promedio de las variaciones producidas en los recursos tributarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y 2) el índice general de salarios determinado por el Indec, o la variación del Ripte = basado en la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Se considera el más favorable.
Este índice se elabora de enero a junio y de julio a diciembre. Para el período vigente arroja una variación que debería aplicarse en marzo, del 12,1%.
La reforma
El proyecto oficial remplaza ese índice por el de inflación elaborado por el Indec. Éste arrojará para marzo una variación del 5%. La actualización pasaría a ser trimestral en vez de semestral. El porcentaje del PBI propuesto representa un monto de 40 pesos.
El senador Pichetto hace un mix de inflación y promedio de aumentos de los trabajadores, que permitiría incrementarlo en 0,5%, dando el 5,5%, o sea el 6,5% menos que el de la ley 26.417. Ejemplo: un jubilado que gana 10.000 pesos, tendría que cobrar en marzo 1.200 de aumento, y recibirá 550, 650 pesos menos.
Esto, permitiría a la Anses no pagar a los jubilados y pensionados un total aproximado de 100.000 millones de pesos, que serían destinados a otros fines. O sea que mientras en la reparación histórica la Anses puso 35.000 millones de pesos, ahora piensa recaudar 100.000 millones por el menor índice a aplicar: tres veces más. Reducirá su ya baja capacidad de pago y poder adquisitivo, de modo especial si el porcentaje inferior se prolonga en el tiempo.
La jubilación no es una dádiva del gobierno de turno sino la retribución a 35 o 40 años de aportes. Debería ser cercana al monto que percibe quien está en actividad, por eso se insiste en el 82% móvil.
Esta reforma ha sido cuestionada porque violenta los artículos 14 bis, derecho a una jubilación digna, y 16 de la Constitución Nacional, principio de igualdad ante la ley. Actúa con efecto retroactivo, afectando derechos adquiridos. El índice del 12,1% debería aplicarse en marzo porque está devengado en el 90%.
Tratadistas previsionales afirman que se incrementará la litigiosidad, debiendo los jubilados demandar por esta quita y las venideras. También afecta a quienes se jubilen en el futuro, porque se crean dos tipos de jubilación mínima. Una para quienes completaron 30 años de aportes y otro para los que se acogieron a moratorias.
Declaraciones
El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, afirmo que las jubilaciones argentinas estaban entre las mejores del mundo, y las comparó con las de Finlandia, donde los ingresos mínimos son de 735 euros, el doble que en Argentina.
Lo declarado no surge de ningún estudio en el mundo. No se ajusta a la verdad.
El "Melbourne Mercer Global Pension Index" elabora el catálogo que registra donde los jubilados viven mejor, considerando adecuación, sostenibilidad e integridad (ingresos, vivienda, gastos de alimentos, medicamentos, recreación, etc).
Entre los 20 primeros, no aparecen Finlandia ni Argentina. Mercer el año pasado, sobre datos de 2015, relevó a 47 países y Argentina figuró en penúltimo lugar. Los países con mejores sistemas jubilatorios son: Dinamarca, Holanda, Australia, Suiza y Suecia. En la región las jubilaciones argentinas son comparadas con las de Colombia y Brasil. Otros países tienen menores ingresos, pero el costo de vida es mucho más económico, como Panamá.
Según "Help Age International", que también mide la calidad de vida de los jubilados, donde estos son más felices es en Noruega, Australia, Suiza, Alemania, Dinamarca, Singapur, Holanda, Irlanda, Islandia, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Nueva Zelanda y España.
Pareciera como cuando Cristina Fernández nos comparó con Alemania.
Malas experiencias de la reparación.
Luego de un año de atender a miles de jubilados, con 105 profesionales, en 14 departamentos de Mendoza, se han demostrado varias inexactitudes en la reparación histórica.
Sólo en Mendoza han fallecido 31 jubilados que habían completado toda la documentación, en muchos casos hacía un año, y que no pudieron cobrar un peso por la reparación. Hay otros 130 jubilados en grave situación.
Mendoza tiene el 4% de la población de Argentina. Si estos números se nacionalizan, son de terror. La Federación ha efectuado los reclamos pertinentes ante la Anses sin obtener respuesta.
Cabe recordar la promesa del presidente, quien aseguró que iban a cobrar primero los mayores de 80 años. Esto no ha sucedido y siguen falleciendo jubilados sin recibir la famosa "reparación histórica", que en muchos casos les ayudó, y en otros no sirvió porque los montos ofrecidos fueron muy bajos (hasta de 50 pesos). El promedio de aumentos oscila en el 30%, y no en el 45% o el 50%, como se expresara.
Con la reforma propuesta, además de violentarse la Constitución Nacional y el estado de derecho, se castigará nuevamente a los jubilados con quitas que profundizarán sus problemas, llevándolos a una peor calidad de vida y a situaciones extremas cuando casi todos están al final de sus vidas.
Lamentable, porque afecta derechos adquiridos, complica su futuro y les impone pensar en nuevos juicios contra el Estado.
Cabe preguntarse: ¿Qué facultades constitucionales tiene el Gobierno, gobernadores y legisladores para reducir jubilaciones y comprometer el bienestar de millones de adultos mayores?
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.
