Diputados de distintos sectores de la oposición rechazaron ayer por “nulo” e “inconstitucional” el nuevo pedido impulsado por el kirchnerismo para investigar a los miembros de la Corte Suprema por la acordada que permitió la reelección de Ricardo Lorenzetti al frente del máximo tribunal.
El diputado por el Frente Renovador (FR) Adrián Pérez afirmó que “es inadmisible la nueva ofensiva del kirchnerismo contra la Corte” y alertó que “sólo buscan impunidad para cuando dejen el poder”, mientras que el radical Diego Mestre indicó que el oficialismo “tiene que iniciar un proceso de juicio político” ya que este procedimiento que pretende aplicar es “absolutamente ilegal”.
“No se puede transformar a la Comisión de Juicio Político en la Plaza Lavalle donde Hebe de Bonafini (titular de Madres de Plaza de Mayo) hace habitualmente sus juicios” contra periodistas y jueces, protestó la macrista Laura Alonso en declaraciones a DyN.
La polémica se desató luego de que los diputados del Frente para la Victoria que integran la Comisión de Juicio Político, presidida por la camporista Anabel Fernández Sagasti, presentaron un pedido para la apertura de un “proceso investigativo” -similar al impulsado hace dos semanas contra el juez Carlos Fayt- por las presuntas irregularidades cometidas en la audiencia en la que Lorenzetti fue reelecto en forma anticipada. La investigación que reclaman es por el supuesto delito de “falsedad ideológica” e involucra a Lorenzetti y a los ministros de la Corte Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Carlos Maqueda. “Ese pedido es impropio y nulo como lo actuado en el caso Fayt hace dos semanas. Si el Frente para la Victoria quiere investigar a algún miembro de la Corte debe hacerlo con un expediente en el que expresamente se pida el juicio político”, sostuvo Alonso.
La legisladora evaluó que esta acción “revela la rusticidad institucional con la que el oficialismo se maneja y el desparpajo con el que amenaza y presiona sobre la Corte y sus miembros”.
También en diálogo con DyN, Mestre calificó como “una barbaridad, una bestialidad”, la medida impulsada por el kirchnerismo, que “busca con este ataque a la justicia controlar 795 denuncias penales” que se tramitan contra funcionarios y dirigentes del oficialismo.
Adrián Pérez apuntó que “el Frente para la Victoria buscó primero copar la Corte con conjueces designados por el Ejecutivo, como la movida no prosperó”, ahora “persisten en una ofensiva sin escrúpulos para dejar un Tribunal afín antes de dejar el gobierno”. En este mismo sentido se expresó el diputado por Unión Pro Pablo Tonelli, quien aseguró que la presidenta Cristina Fernández “está empecinada en conseguir vacantes en la Corte Suprema para poder designar jueces que le respondan” y “asegurarse impunidad futura para ella y para su familia”.
