En los próximos días el Gobierno mandará al Congreso el proyecto de reforma de la ley de Movilidad Jubilatoria para que los haberes suban ya no sobre la base de la recaudación sino de una combinación entre inflación y salarios de trabajadores activos. Pero el grueso de la reforma previsional, que incluye la eliminación de regímenes especiales, se discutirá en 2018 en el ámbito de una comisión especial.
A diferencia de las reformas tributaria y laboral, la previsional se cocinará a fuego lento. Pero el gobierno de la alianza Cambiemos sí quiere que este mismo año el Congreso apruebe los cambios en la ley de Movilidad para asegurarse un ahorro anual de 118 mil millones de pesos.
Aunque en 2016 se produjo una caída de la recaudación y así la movilidad sumó un 31,68% (15,35% en marzo y 14,16% en setiembre), contra una inflación del 41%, este año las jubilaciones subirán un 28%, al menos cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación.
Como el Gobierno tiene previsto en 2018 un crecimiento económico -y por ende un alza en la recaudación-, ahora quiere que los haberes jubilatorios se ajusten por inflación/salarios. Esto es, además, una recomendación del FMI.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que "no hay países desarrollados que incluyan a la recaudación" en el cálculo de la actualización de las jubilaciones y se manifestó a favor de una "combinación de inflación y salarios" de trabajadores.
El interbloque Cambiemos de Diputados se reunirá la semana que viene para definir la agenda de trabajo parlamentaria de todo el paquete de leyes económicas.
En ese marco los diputados oficialistas discutirán de qué manera encarar los cambios a la ley de Movilidad Jubilatoria, que aún no salió de la puerta del Palacio de Hacienda, y en qué momento de estos dos meses que quedan de sesiones (entre las ordinarias y las extraordinarias que convocaría el presidente Mauricio Macri por lo menos hasta el viernes 29 de diciembre) se tratarán.
Posturas opositoras
En el PJ hay predisposición para discutir la ley de Movilidad pero con reparos. Diego Bossio, ex director de la Anses y referente del Bloque Justicialista de Diputados, garantizó que el peronismo “se va a arremangar y va a trabajar seriamente, como corresponde” la reforma previsional aunque específicamente en relación con la movilidad jubilatoria advirtió: “Votar algo que pueda afectar a los jubilados no es saludable ni es bueno en este contexto político y económico”.
En el massismo, la diputada Mirta Tundis, presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, dijo a Los Andes que no va a aprobar "una ley que quite derechos a los jubilados".
“El 76% de los jubilados cobra menos de 15.000 pesos. Y al haber mínimo, que son 7.200 pesos, lo cobran 3,2 millones de jubilados, que es más del 50%”, resaltó.
Por su parte, el hombre fuerte del Senado, el rionegrino Miguel Pichetto, afirmó que la modificación de la ley de Movilidad Jubilatoria “es uno de los temas más conflictivos” del paquete de reformas que anunció esta semana el Gobierno y que “requerirá un debate profundo”.
“Tiene que hacer un desarrollo explicativo de que, si el sistema no es viable, debe haber una medida y la sociedad, entender que es necesaria”, reclamó el jefe del bloque de senadores del PJ, cuya opinión tiene peso porque en buena parte define la suerte de las leyes en la Cámara alta.
Se descuenta que Unidad Ciudadana, que dentro de un mes tendrá unos 70 diputados (de 257) y una decena de senadores (de 72), no negociará cambios a la ley de Movilidad Jubilatoria, que fue sancionada durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y es uno de sus principales caballitos de batalla.
A mediano plazo
Aunque el Gobierno buscará modificar la movilidad previsional este año, dejará para el año próximo el grueso de la reforma previsional.
La voz cantante de los cambios en las jubilaciones la tendrá la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria, que la ley de Reparación Histórica, en su artículo 77, manda a crear pero que aún no fue constituida.
La comisión estará integrada por 15 diputados y 15 senadores y se encargará de evaluar las propuestas del Gobierno tanto de índole impositiva como previsional.
Entre los principales propósitos del Gobierno se cuenta la eliminación de algunos regímenes jubilatorios especiales, para corregir desigualdades del sistema de reparto. La diputada massista Mirta Tundis afirmó que será una tarea ardua pero que no deben confundirse las jubilaciones altas con las jubilaciones de privilegio, “que ya no existen desde 2002 salvo para los jueces de la Corte y embajadores”.
