La decisión del gobernador Rodolfo Suárez de derogar la ley 9.209, a una semana de haberla sancionado la Legislatura, generó tranquilidad y airados festejos en los miles de manifestantes que se oponían a la flexibilización del uso de sustancias químicas, como el cianuro, en la minería metalífera a cielo abierto en Mendoza.
Sin embargo, esa decisión del mandatario provincial desató otro conflicto dentro del mapa mendocino: precisamene en Malargüe, donde sí bregan por el desarrollo de la minería. El viernes por la noche, trabajadores vinculados al sector cortaron todas las rutas de acceso al departamento, en particular para el transporte de cargas.
Los cortes se mantuvieron hasta que ayer, al término de una reunión de las fuerzas vivas de Malargüe junto a todo el arco político del departamento sureño, acordaron una nueva estrategia de lucha.
El intendente Juan Manuel Ojeda anticipó que van a dar "una lucha inteligente que nos permita a todos hacer minería en el corto plazo".
Tras el cónclave, adelantaron que mañana estarán en primera fila en la Casa de las Leyes para exigir que los dejen exceptuados de la derogación de la cuestionada ley 9.209 y les permitan hacer minería.
Ese aspecto forma parte también de un documento con 14 puntos que los vecinos, dirigentes empresariales, sindicales y sociales le entregaron en mano al jefe comunal y que además será enviado a la Casa de Gobierno y a los legisladores.
Como forma de reclamo, quieren prohibir que habitantes de otros puntos de Mendoza vayan al departamento en la búsqueda de empleo o cobrarle un canon extra a todo "foráneo" que viaje a Malargüe para comercializar sus productos.
Excepción y prohibición
Dentro del texto conocido ayer, los primeros apuntados fueron los legisladores y en particular los representantes del cuarto distrito.
A través del escrito, solicitaron que durante la sesión especial convocada por el gobernador Suárez para derogar la norma, tan resistida, al momento de votar los senadores y diputados especifiquen que “en el resto de Mendoza se aplique la ley 7.722 y en el departamento (Malargüe) la ley 9.209 que contempla controles multisectoriales que garantizan una minería sustentable”.
En caso de no encontrar eco a la propuesta, adelantaron que acudirán a la Justicia con un amparo.
También pidieron la sanción de ordenanzas para “crear un régimen especial tarifario para transportistas y vendedores foráneos que comercializan productos y mercaderías en el departamento”. Y tal vez el ítem más duro de todos es el de “establecer mecanismos que impidan que trabajadores foráneos contribuyan al desempleo en Malargüe, en cualquier actividad”.
Además reclamaron la eliminación de la Fiesta de la Vendimia local y por supuesto no participar en la Vendimia Nacional, ya que Malargüe "no cuenta con viñedos o bodegas".
En otro de los puntos que aparece en el documento, cargan las tintas hacia el Gobierno provincial y reclaman que otorgue un subsidio destinado “a los trabajadores mineros desocupados del departamento”.
Defensa de la 9.209
Al término de la reunión con las fuerzas vivas, el intendente Ojeda agradeció el levantamiento de los cortes de ruta y aprovechó para cuestionar a los manifestantes y ambientalistas que en otros puntos de la provincia, como Alvear, utilizaron esa medida de fuerza para rechazar las reformas a la 7.722.
“Necesitamos seguir trabajando, no se puede apagar la violencia con más violencia”, arrancó la conversación Ojeda y luego recordó que “vivimos del turismo y desarrollo logístico y hay muy buenas perspectivas para Malargüe con el turismo por lo que pasó en Chile y nosotros tenemos que mostrarle a los turistas que Malargüe es ese lugar tranquilo al que pueden ir a vacacionar y compartir”.
Acto seguido, el jefe comunal no dudó en remarcar que "vamos a crear una nueva estrategia para que Malargüe pueda desarrollar la minería, no nos interesa el resto de la provincia, si quieren hacer minería o no. Del (río) Atuel hacia el sur, al límite con Neuquén, nosotros vamos a desarrollar la minería, si no es hoy será mañana pero lo vamos a hacer".
Por último, Ojeda redobló la apuesta y sus críticas por elevación a los que se opusieron a la ley 9.209. El intendente afirmó que darán pelea " de forma inteligente, sin violencia" y por "la vía del diálogo", pero sobre todo "siguiendo las leyes, que es lo que debería haber pasado en nuestra provincia y no sucedió".
Greenpeace celebró la vuelta de la Ley 7.722
La organización ecologista Greenpeace celebró el anuncio del gobernador de Mendoza de que serán derogadas las modificaciones a la Ley 7.722. Además, destacó el reclamo y la movilización social que llevó a este resultado.
"Esta derogación la logró la gente. El pueblo de la provincia ha hecho historia en la lucha por el ambiente; quedó claro que el agua de Mendoza no se negocia", expresó Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace Andino.
"Las movilizaciones pacíficas que el pueblo mendocino ha llevado adelante en estos días, a pesar de tener todos los pronósticos en contra, son la demostración de que esa es la legítima vía para hacer historia y proteger nuestros bienes naturales", destacó Salas.
“No hay minera que tenga recursos suficientes para soportar la presión de un pueblo decidido a defender pacíficamente a la democracia y a la naturaleza de la que forma parte”, concluyó Salas.
