Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Tuvimos una semana llena de anuncios por parte del gobierno, intentando tomar la iniciativa y frenar las fuertes críticas que le llueven, con acusaciones acerca de la “insensibilidad social” con la que se maneja el gobierno de Macri.
Así, el sábado anterior, y en presencia del gabinete específico, se hicieron muchos anuncios con medidas importantes que tienen el problema de no ser percibidas adecuadamente por la población ni valoradas en su total dimensión. Y estamos ante una falla en las estrategias de comunicación.
Vaya como ejemplo el aumento de las asignaciones familiares que recibieron los trabajadores en relación de dependencia. El volumen de estas asignaciones permitirían absorber perfectamente los aumentos posteriores de los servicios de luz y gas, que tanta protesta han generado y ha sido aprovechado por la oposición para hablar de un ajuste “salvaje”. Sin embargo, ni los funcionarios han sabido explicarlo ni los beneficiarios los han valorado en su dimensión justa.
Ahora se adopta otra serie de medidas, que ya habían sido anunciadas pero requieren aprobación legislativa y tienden a mejorar el poder de compra a los sectores de menores ingresos. Entre ellos la reducción del IVA a los alimentos de la canasta básica. También se busca subir el salario mínimo, vital y móvil en un 30% y recrear el subsidio por desempleo hasta una cifra mucho mayor de la que se ha difundido, ya que de los 400 pesos actuales podría subirse a 3.400 pesos.
Asimismo, se anunció la extensión de la asignación universal por hijo (AUH) a los monotributistas y la extensión de asignaciones familiares a este grupo de trabajadores, lo que les implicará una mejora importante, sobre todo a los de las categorías más bajas. Estos montos permiten asumir los mayores costos de servicios sin problemas y alejar los fantasmas que acechan a las familias, a condición de que tengan consumos racionales.
Además, se otorgará la AUH a los trabajadores temporarios, que la seguirán cobrando cuando estén trabajando. El problema es que esta asignación, en la forma en que está planteada, no estimula a las personas a dejar la informalidad y eso afecta la recaudación dirigida a obras sociales y al sistema previsional.
Todas estas decisiones tienen un impacto fiscal en su conjunto cercano a los 20.000 millones de pesos, a los cuales debe sumarse la rebaja del mínimo no imponible de Ganancias, que tiene otro costo de 42.000 millones. Una parte se podrá compensar con los menores subsidios a las tarifas, pero debe quedar claro que todavía queda mucho volumen de subsidio por retirar, algo que se ha postergado hasta el año próximo.
Efecto inflación
El problema que debe enfrentar el gobierno es el de bajar la inflación. Lo paradójico es que los mismos que le reclaman al gobierno que otorgue fondos para ayuda social, le piden que tome medidas para facilitar la creación de empleos y a la vez que baje rápido la inflación. Desde ya es imposible conseguir todo al mismo tiempo y requiere establecer una línea de prioridades.
Todas las medidas para eliminar retenciones, bajar impuestos y aumentar prestaciones sociales terminarán impulsando más el déficit y la necesidad de emisión monetaria. Aunque una parte se financie con deuda, el efecto es el mismo porque la deuda nueva se agrega a la deuda vieja y eso impacta sobre el ejercicio fiscal.
El gobierno se propuso desde un principio alcanzar un máximo de inflación anual del 25% pero los números hasta ahora dan otros datos. La proyección que hacen consultoras privadas la colocan en un piso del 35%, dato explicable por el efecto de la devaluación de la moneda, los aumentos de precios preventivos que se habían hecho y los efectos de los ajustes de tarifas.
Las dudas surgen acerca del impacto que tendrán los beneficios fiscales sobre la inflación. También el efecto de la deuda que el Central viene acumulando por la emisión de Lebac a altas tasas, que ya superan los 120.000 millones de pesos de intereses. Todo ese circulante solo podrá licuarse si la economía se reactiva, sube la demanda interna y con ello la creación de empleo.
Dólar y crecimiento
El problema para reactivar la economía es que no se conocen con claridad las reglas que el gobierno quiere imponer. No se sabe cuál será el recorrido de las tarifas ya que, si bien hay procesos de revisión establecidos en los marcos regulatorios, ya se dijo que este año no habrá más aumentos. Los más rezagados son la luz y el costo de los trenes urbanos en el área metropolitana de Buenos Aires.
El otro tema que genera dudas será la evolución del valor del dólar. Por ahora, el gobierno lo mantiene contenido ante la estrategia del Banco Central de mantener altas las tasas para absorber circulante y evitar que la plata presione sobre el consumo o se vaya al dólar. Es que todavía falta recatar operaciones de futuro que se hicieron a 11 pesos y la diferencia que la autoridad monetaria debe pagar agregará más circulante al circuito. A esto ayuda el ingreso de dólares de la venta de la cosecha gruesa, aunque ese flujo disminuirá en el segundo semestre.
Además, estas tasas tan altas, del 38%, llevan arriba las tasas que pagan empresas y particulares. Casi ha desaparecido el crédito a empresas y el poco disponible se hace a tasas cercanas al 50%, lo que lo hace prohibitivo y no permite que las empresas comiencen a concretar inversiones y permitan reactivar la economía.
El gobierno confía en hacer un aporte con la reactivación de obras públicas que, supone, permitirán recuperar la inversión, el empleo y el consumo. Además, solucionado el tema con los holdouts, varias provincias colocarán deuda y traerán dólares que volcarán a obras en sus jurisdicciones.
