El poder aleja, aísla, vuelve más desconfiado a quien lo ejerce. No hay gobernante que escape a ese destino, que se hace más evidente a medida que pasan los años en ese sillón que, por momentos, parece que hace sentir todopoderoso al que lo usa. Ese encierro en su “núcleo duro”, sin aceptar las miradas extrañas, a veces provoca que sólo se termine viendo una realidad propia, más chiquita, que agiganta las virtudes y minimiza los defectos.
Francisco Pérez milita esa lógica del poder, en la que la autocrítica parece estar excluida pese a los golpes y los avisos que da la ciudadanía. Ésta percibe en su piel y su carne los logros y los fracasos de un gobierno, con una visión más amplia, más integradora, que a la “realidad oficial” y a la también chiquita “realidad opositora” suma todo el amplio universo ausente en la política.
Esa dinámica explica el microclima que parece reinar en Casa de Gobierno. Hay algo cierto en lo que dicen por estos días: el Gobernador ganó protagonismo este año, tanto hacia dentro del PJ como hacia afuera, y tal vez por primera vez pueda sentir que le sacó una diferencia a su siempre presente vice, Carlos Ciurca.
Esa visión oficial sostiene que la que pasó fue la mejor Vendimia desde que esta gestión asumió. ¿Las razones? Pérez logró reunir en Mendoza a tres de los ya lanzados candidatos presidenciales del oficialismo (el bonaerense Daniel Scioli, el entrerriano Sergio Urribarri y el salteño Juan Manuel Urtubey) y otros tantos alineados con el kirchnerismo, a los que se sumó el anti K José Manuel De la Sota, en una foto que habla del futuro peronista.
Así, la discusión por la sucesión de Cristina Fernández pareció trasladarse por un fin de semana a Mendoza y Pérez quiere ser y mostrarse como un jugador importante en esa negociación.
Pero todo eso que destacan y razonan en Casa de Gobierno poco tiene que ver con las percepciones del resto, que recuerdan ante todo que Pérez padeció en el acto central su primera silbatina vendimial. Bastó que la reina saliente, la malargüina Candela Berbel, lo nombrara entre sus agradecimientos, para que surgiera la reprobación.
En el entorno del mandatario sostienen que no fue tan fuerte como la que sufrió Celso Jaque durante su mandato o como la que el propio Pérez vivió en el estadio, cuando jugaron Los Pumas en 2012. La diferencia es que esta vez fue delante de los gobernadores peronistas, ante los que el Gobernador quería lucirse para soñar con el segundo lugar de la fórmula presidencial en 2015.
Esos silbidos revelaron a los invitados un clima social hacia el Gobierno no tan favorable como creían y generaron fuertes cruces hacia dentro porque nadie había “controlado” el discurso de la Reina.
Horas antes, el Gobernador también había abierto un frente con los empresarios. El faltazo al agasajo de Bodegas de Argentina evidenció la mala relación que Pérez tiene con los “grandes” de la industria del vino y su predilección por la Coviar, cada vez más señalada por su “partidización”. Claro que no es el primer gobernador que se lleva mal con un sector de las bodegas ni es el primero en tener que sortear una protesta, pero fue el primero en faltar al tradicional encuentro.
Los problemas causados sin querer por las Reinas no terminaron con los silbidos en el Frank Romero Day. La nueva soberana nacional, Sofía Haudet, terminó reconociendo el lunes lo que (seguramente por recomendación de algún funcionario alcahuete) había negado el día y las semanas anteriores cada vez que se le preguntó: ella fue parte de una agrupación justicialista, La Güemes. La militancia no la desmerece pero esa admisión tardía se transformó en otro dolor de cabeza para el Gobierno y dio argumentos a quienes sostienen que la elección vendimial siempre está arreglada.
Inseguros
La semana posvendimial de Pérez empezó, en una reunión con legisladores de todos los partidos, con una catarata de acusaciones contra los fiscales de la Justicia por no avanzar en la lucha contra las bandas criminales ligadas al narcotráfico. En esa reunión hubo palabras y gestos subidos de tono que sorprendieron y muy poca autocrítica. Cuatro días después, el reto demostró su efecto: la Policía de Mendoza, tras la orden de un fiscal, apresó a “La Yaqui” en San Luis. “Hace un mes que la podrían haber detenido con las pruebas que dimos a la Justicia”, se quejaba el mismo viernes un funcionario cercano al Gobernador.
La mujer en cuestión es señalada como una líder narco, aunque los delitos por las que está acusada hasta ahora distan mucho de esa envergadura de criminal: falso testimonio y presunta instigación de un intento de homicidio. En realidad, no hay datos por el momento de que sea más que una vendedora de droga con varios quioscos en barriadas del Oeste godoicruceño.
Pero el reclamo popular de seguridad pasa por otro lado, aunque en el fondo puedan estar vinculados. La gente no quiere más asesinatos a mansalva en los barrios humildes ni en los de clase media. Tampoco quiere llegar y encontrarse con que le han robado o despertar en su casa con ladrones que le apuntan con un arma.
La prevención de esos delitos, una responsabilidad del Gobierno, parece no haber mejorado. Las políticas de seguridad y sociales, durante años declamadas, no llegan o no alcanzan. Más cuando hay muchas falencias y carencias en la propia Policía que no se admiten ni mejoran, pero terminan saliendo a la luz, a veces de la peor manera.
Hace unas semanas, un comisario del Gran Mendoza admitió ante los vecinos de un barrio, hartos de los ladrones, que los dos móviles de la comisaría y uno que le habían asignado días antes estaban rotos e intentaba arreglarlos con donaciones y rifas. Por eso, la noche anterior a esa reunión, tras un llamado por el robo a una casa, los efectivos habían llegado en bicicleta.
El mismo jefe policial recomendó llamar primero al celular de un coordinador operativo de la zona para avisar de cualquier anormalidad y recién después al 911, para dejar constancia. Más claro, imposible.
Números cruzados
Esa realidad paralela en la que parece vivir el Gobierno a veces se da incluso cuando se discute sobre los rigurosos e inflexibles números de las cuentas públicas. A principios de noviembre, el Gobernador aseguraba que la ejecución de la obra pública terminaría en 2013 en el orden del 65% y minimizaba los exiguos datos que mostraban hasta entonces las planillas oficiales. Cerrado el año, la ejecución de trabajos públicos llegó apenas al 40%, o sea 1.000 millones menos de lo autorizado por el Presupuesto.
A principios de diciembre, el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, desmentía proyecciones publicadas en una nota de Los Andes y decía que el gasto en sueldos no representaría más del 50% del total de los egresos. Cerrado el ejercicio, el porcentaje destinado a personal dio 57% y sube 1 punto si se consideran las locaciones de servicio, una forma de empleo disfrazado, lo que decía aquella nota que tanto le molestó.
La misma negación parece aplicarse al caso YPF. El Gobierno provincial participó de la ofensiva nacional contra Repsol hace dos años y el premio fue una parte de la reestatizada empresa.
Esto se anunció como un logro y, a la vez, casi como un regalo de la Casa Rosada. Nunca se dijo que habría que pagar por esas acciones. Hasta que el jueves, el secretario Legal y Técnico de Cristina, Carlos Zannini, admitió en el Senado nacional que todas las provincias petroleras deberán pagar su parte. Como a Mendoza se le asignó el 5,05% del paquete accionario total, le tocaría aportar 490 millones de dólares de los 5.000 millones que hay que pagar a la petrolera española.
La respuesta oficial fue obvia: no es un gasto sino una inversión en la principal empresa del país. Es cierto. Pero la pregunta es por qué antes nunca se dijo nada.
Otra vez las medias verdades, las realidades acomodadas a las necesidades políticas.
