El presidente electo, Alberto Fernández, asumió varios compromisos de campaña que ahora muchos sectores comienzan a reclamarle. Si bien algunos sindicalistas experimentados, que son conscientes de la situación en la que asumirá, están bajando las expectativas, el mismo Fernández ya está anunciando que viene un período muy complicado.
No obstante, el objetivo básico del nuevo gobierno será reactivar el mercado interno.
Están convencidos de que una mayor actividad en el mercado interno puede mejorar el nivel de trabajo y de producción interno, además de mejorar la recaudación. También están convencidos de que hay que promover las exportaciones para recaudar dólares y sostener el actual superávit comercial. También creen que sólo, si se dan las dos condiciones anteriores, podrán llegar las inversiones.
Esta lógica es un poco voluntarista porque, para que haya una reactivación genuina, deberían darse condiciones atractivas para los capitales, que pasan, sobre todo, por rebajas impositivas. Sólo las inversiones permitirán crear nuevos puestos de trabajo.
Actualmente, con un 50% de capacidad instalada industrial ociosa, es posible alcanzar cierta reactivación sin inversiones y sin crear nuevos puestos de trabajo.
Para conseguir un efecto inmediato hay quienes dejan trascender la promesa de aumentar un 20% las jubilaciones y convocar a un acuerdo económico-social como para fijar reglas de manera que no haya una carrera de precios y salarios. No se descarta que Fernández pueda dar alguna noticia sorpresa, que se mantiene guardada bajo siete llaves, pero que podría recuperar el optimismo.
Otro tema a considerar será la forma de financiar los aumentos de gastos previstos y hasta algunas rebajas impositivas para las pymes. Si se decide congelar tarifas, también deberán prever un aumento de los subsidios y esto aumentará de forma significativa el gasto público y el déficit fiscal. Tanto el plano fiscal como el monetario requieren definiciones, pero también habrá que ver la estrategia impositiva, ya que habrá reacciones del campo si se aumentan nuevamente las retenciones, en momentos en que entre los impuestos internos y los precios internacionales a la baja, los productores ya no tienen márgenes.
Esta situación abre muchos interrogantes porque habrá emisión monetaria en un momento en que las personas no quieren tener pesos y podría alimentar una mayor fuga hacia el dólar o impactar en una suba generalizada de precios, lo que sería desaconsejable no sólo para la economía en sí misma sino para tranquilizar el humor social. Es que la inflación sigue siendo un tema complejo y los nuevos funcionarios creen que no se puede reactivar y bajar la inflación a la vez y, en este caso, creen que hay que reactivar a cualquier costo.
Orden de prioridades
Pero ante estas intenciones se imponen ciertos datos de la realidad que deberán ser atendidos en forma prioritaria. El más importante es la negociación con los acreedores internos y externos para resolver una postergación de los pagos de las obligaciones vigentes. Es que al no tener crédito externo y la negativa del FMI de hacer nuevos desembolsos, es imperioso cuidar las reservas. De hecho, los mercados calculan que las quitas serán al menos de un 40% del capital con una postergación de los plazos.
Si se alcanza un acuerdo amistoso, que sea aceptado por el 75% de los bonistas, se podría considerar una renegociación exitosa. Pero, además, daría mayor certeza en cuanto a que no habría salidas de dólares de las reservas. Esto podría tranquilizar a los inversores y algunos podrían volver a depositar sus dólares en el sistema financiero; otros podrían pasarse a pesos.
Solucionado el tema de los bonistas, deberán negociar con el FMI, el principal acreedor individual, cuyos vencimientos operan entre 2021 y 2023. En este caso será un poco más complejo porque el organismo exigirá que se explicite un plan económico que demuestre la sustentabilidad de la deuda, lo que implica que hará falta un compromiso de alcanzar superávit fiscal o un financiamiento proveniente del acuerdo con los acreedores privados.
El gobierno sabe que el FMI no acepta quitas de capital aunque podría aceptar postergar plazos, pero para ello exige que le demuestren la viabilidad de la deuda o pone condiciones, como ciertas reformas a las que, en principio, el gobierno se negaría en forma rotunda, como en el campo laboral, impositivo o previsional.
Si bien para lo del FMI hay tiempo, los inversores esperarán a un acuerdo con el organismo internacional antes de retomar el financiamiento a la Argentina. Por ahora habrá que esperar el manejo de los tiempos y la reacción de las empresas para permitir que se pueda reactivar el consumo y se pueda retomar la actividad económica. Esta reacción debería venir de la política monetaria y éste es un secreto no develado ya que, si habrá expansión habrá que ver si se aplicará alguna medida para absorber los excedentes, y cómo se resuelve lo de las tasas de interés, que han sido la clave para paralizar la economía en los últimos años.
