Lo ratifican las encuestas porque es el tema de permanente preocupación por parte de la gente: la inseguridad se ubica en el podio de las inquietudes de la comunidad, en un plano similar, y hasta a veces superior, al de la situación económica. Mientras tanto, la clase política ha demostrado que no se encuentra a la altura de lo que las circunstancias exigen, y por lo tanto reacciona de manera espasmódica ante la aparición de un caso determinado, sin fijar líneas u objetivos que permitan hacer frente al problema, lo que termina determinando que el delito corre más rápido que las leyes.
Vamos a partir de una base concreta. No estamos afirmando que la política se haya desligado de la problemática de la inseguridad. En la Legislatura se ha conformado una comisión bicameral de Seguridad que se reúne semanalmente y que está abocada al estudio de los proyectos presentados por los diputados y senadores. Pero la realidad marca también que cuando se producen hechos que impactan en la opinión pública las reuniones se aceleran. Sucedió cuando un turista neocelandés fue asesinado en las inmediaciones del estadio Malvinas Argentinas o cuando días atrás se produjeron tres femicidios, por señalar sólo dos de los muchos ejemplos. En esos casos las reuniones son permanentes, se trabaja a full y hasta se sancionan leyes que luego suelen ser cuestionadas por la Justicia. Sin embargo, con el paso del tiempo y con el simple hecho de que la gente deje de hablar de los casos, la situación en la Casa de las Leyes vuelve a la normalidad.
Otro tanto podríamos señalar en el caso del Poder Ejecutivo. Es real que las autoridades han demostrado su preocupación por los hechos pero también es cierto que, ante determinadas circunstancias, y en un afán por demostrar la actividad ante la ciudadanía, en algunos casos se cometen errores, afortunadamente subsanables.
A los aspectos señalados deberíamos agregar el plano judicial. En los últimos tiempos se ha instalado la discusión entre los denominados jueces “garantistas” y aquellos calificados como de “mano dura”. Pero lo que espera la gente no es garantismo ni mano dura sino lisa y llanamente justicia. Resulta poco menos que incomprensible que en la gran mayoría de los delitos que se cometen, sus autores cuenten con frondosos prontuarios y aun así estén en libertad. Es un aspecto complejo en razón de que en esa autorización de libertad intervienen varios factores y no una simple decisión personal por parte de la autoridad.
El Gran Mendoza y algunos departamentos importantes han dejado de ser el “pueblo” donde todos nos conocíamos, y han pasado a convertirse en una gran ciudad, con los problemas que esta situación trae aparejada. Es más, en algunos casos los delincuentes, ante la proliferación de cámaras de seguridad y controles que se multiplican en los lugares poblados, prefieren volcarse a delinquir en las zonas rurales, donde el control es más laxo por falta de elementos y hasta de personal para cubrir las grandes distancias. A todo ese cúmulo de circunstancias deberíamos agregar un aspecto preocupante como es el de la violencia y el ensañamiento que los delincuentes suelen utilizar, demostrando que, para ellos, la vida de sus víctimas tiene un valor insignificante.
La inseguridad es un deber pendiente que tiene la clase política en general. Es un tema que no se soluciona en corto o mediano plazos sino que necesita de un plan de trabajo que trascienda la gestión gubernamental.
Es de esperar que ello suceda porque los mendocinos necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad.
