Existen serias posibilidades de que se reabra la causa por la cual el fiscal Alberto Nisman acusó tiempo atrás a la entonces presidenta Cristina Fernández (y a un grupo de personas funcional o políticamente afines a la misma), de encubrir a Irán en el caso de la masacre de la AMIA, desde el momento en que el gobierno argentino decidió firmar un acuerdo con ese país por el cual, de una forma paradojal, se proponía que tanto los acusados como los acusadores se ocuparan en conjunto de resolver el crimen. Algo que, de hecho, en el caso de haber podido cumplimentarse, se transformaría en un indulto para los dirigentes de Irán sospechados.
La denuncia de Nisman no carecía de asideros fácticos. No sólo porque el fiscal fue encontrado muerto justo unas horas antes del momento en que iba a exponer sus argumentos en el Congreso Nacional. Incluso más allá de las escuchas y otras pruebas que figuran en la presentación del magistrado muerto. Ocurre que en la precisa fecha en que comenzó a tratarse con Irán las posibilidades de un pacto, un periodista argentino muy respetado, fallecido pocos años atrás, José Eliaschev, contó con lujo de detalles lo que estaba ocurriendo.
En ese entonces, el gobierno de la señora Fernández de Kirchner intentó despedazar simbólicamente a quien proveyó de esa información, sosteniendo a toda voz que lo que Eliaschev decía era falso de toda falsedad. Sin embargo, pasado el tiempo, cuando la Argentina debió hacer público el tratado, se confirmó que todo lo que decía el periodista era absolutamente cierto. Vale decir, el secretismo absoluto con que se inició todo, habla de intenciones indefendibles.
Desde el punto de vista político, está claro el delirio absoluto de pretender conciliar con los acusados del crimen de la AMIA, sólo porque los intereses geopolíticos del país supuestamente cambiaron. El atentado fue de tal gravedad que es inadmisible ponerlo por debajo de determinadas razones de Estado, sean éstas cuales fueran. Por eso la denuncia del fiscal Nisman merece cuando menos un análisis en profundidad.
Nada de eso ocurrió ya que cuando la misma quedó en manos del juez Rafecas, éste, en tiempo récord, insólitamente la archivó declarando que carecía de todo sustento. Ni siquiera se tomó el esfuerzo de leer todo el voluminoso expediente, a juzgar por la premura con que intentó que todo atisbo de investigación quedara anulado. Sospechoso por donde se lo mire pero entendible, en un momento de la Argentina en que el Poder Judicial estaba muy sojuzgado al poder político y muchos jueces eran, por demás, complacientes con el gobierno.
Por razones éticas, jurídicas y políticas, la reapertura de la causa iniciada por el fiscal Nisman contra altos funcionarios que se presume no fueron leales a su patria en un caso en el que no quedaba más opción que defenderla, es de vital necesidad. Si se quiere verdad y justicia todo debe ser investigado hasta las últimas instancias desarchivando ya mismo el expediente.
Finalizada esta semana la feria judicial, en la Nación, existen instituciones y fiscales que se han propuesto actuar con toda decisión para la reapertura de la causa. Es de esperar que la Justicia esta vez actúe con razonabilidad permitiendo que la gravísima denuncia se investigue hasta las últimas instancias.
Será incluso positivo para los sospechosos, porque sólo analizando todo lo aportado por Nisman se podrá demostrar si son culpables o inocentes. Mientras, si todo sigue así, la duda no beneficiará a ninguno de los supuestos implicados.
