Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Esta corta semana puso en vilo al gobierno de Francisco Pérez, cuando el 31 de marzo no fue acreditada la totalidad de los salarios de los empleados de la administración pública. Fue la primera vez desde la crisis de 2001 que ocurre una cosa como ésta y fueron muchas las versiones oficiosas y otras tantas las explicaciones que no conformaron a nadie.
Lo más grave es que la semana había comenzado con una nota publicada en un medio on line que aseguraba que la presidenta Cristina Fernández había ordenado suspender todo tipo de ayuda financiera a Mendoza por el desplante de Francisco Pérez, al no ceder lugares importantes a gente de la Presidenta en la lista de diputados nacionales. Lo grave es que la penalidad ordenada por Cristina al banco Nación alcanzaría también a empresas mendocinas.
En realidad, en las cuentas de la provincia no estaban los fondos suficientes para pagar los sueldos y la provincia había agotado el cupo de descubierto de 600 millones de pesos que el banco le otorgó. Era la excusa perfecta para limitar la asistencia y hacer pasar el papelón al gobernador. Pérez no dio detalles, pero dijo que en el contrato de financiamiento el Banco se había comprometido siempre a cubrir la nómina salarial, algo que se había hecho varias veces pero no funcionó esta vez.
Si proyectamos los escenarios futuros, el panorama no luce demasiado feliz. El gobierno, en dos meses más, tendrá que regularizar los aumentos salariales a todos los sectores con una suba del 35%, pero la recaudación local crece por debajo de ese rango, lo que significa que habrá que tomar mayor endeudamiento o derivar recursos de obra pública para cubrir sueldos. La improductividad total.
Por el lado del endeudamiento, el panorama no luce bueno. Si bien habría interesados en prestar, a costos elevados, el Ministerio de Economía de la Nación no le está autorizando nuevas deudas a Mendoza, como lo hace con otras provincias. El ministro del área, Axel Kicillof, recibió la misma pauta que el Nación por parte de Cristina.
En este orden de cosas, el Gobernador pretende que la Legislatura apruebe una ley para cambiar los ítems sobre los cuales se calculan tanto el impuesto a las Ganancias como aportes y contribuciones jubilatorias. La Legislatura no puede aprobar una ley para violar leyes nacionales, y el gobierno nacional no se quedará impávido ante esta maniobra. Además, si lo convalida, debería aceptar que otras provincias también lo hagan, comprometiendo más los ingresos de la Nación
La otra posibilidad de financiamiento está dada por los recursos nacionales de coparticipación. En marzo tuvieron un leve crecimiento merced a un trabajo muy fino de la AFIP para recuperar pagos pero es difícil que lo siga haciendo al mismo ritmo, con lo cual el panorama será complejo toda vez que la actividad está estancada.
En la conferencia de prensa en la cual se anunció la recaudación de marzo, el titular del ente recaudador, Ricardo Echegaray, reconoció que tuvieron que recurrir a todo tipo de búsqueda para recuperar pagos a fin de poder cumplir los objetivos del primer trimestre. Incluso, en marzo, no se habilitaron reintegros de exportaciones, que el mes anterior habían alcanzado a 700 millones de pesos.
La Nación tiene el problema de la tendencia decreciente de la recaudación, mientras el gasto tiene tendencia creciente. Esta brecha se financia con emisión y eso genera inflación. Pero la Provincia no tiene chances de emitir moneda y la brecha entre ingresos y egresos puede llegar a complicarse con muy pocas posibilidades de endeudamiento para financiarlo.
Frente a este panorama, y salvo que Pérez consiga que le aumenten el descubierto, los problemas para pagar sueldos serán permanentes.
La alternativa es parar la inversión pública, pero sería una locura tener un Estado de las dimensiones “bestiales” que tenemos sólo para pagar sueldos.
Los funcionarios suelen hacer gala de experiencia diciendo “tengo gestión”, pero habrá que comenzar a dimensionarla correctamente. Hasta ahora, lo que vemos es gestión de mala calidad, mientras a los ciudadanos les cobran como si recibieran la mejor.
