Ramón va a la Corte nacional para que no le suspendan su matrícula de abogado

El diputado nacional José Luis Ramón está enfrascado en una batalla legal contra sus colegas. O al menos contra la institución que los representa, el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza. Es que la suspensión de su matrícula por 20 días que le aplicó hace varios años el Tribunal de Etica y Disciplina del Colegio desencadenó una batalla legal que ya lleva más de una década.

Hoy, la Suprema Corte de Mendoza aceptó un recurso de apelación extraordinario ante la Corte nacional que interpuso el líder de Protectora (con intenciones de ser precandidato a Gobernador), quien aduce que lo sancionaron sin pruebas y que no tuvo el "debido derecho de defensa" en todo este largo proceso judicial.

Concretamente, Ramón fue denunciado por una clienta en el año 2004 por, supuestamente, no haberla defendido bien en un juicio y haberle cobrado más de lo que correspondía. Como se especifica en la resolución de la Sala II de la Corte que da lugar a la apelación ante la Corte nacional, el diputado nacional fue acusado por "no haber cumplido con las instrucciones impartidas por su clienta de abonar al cesionario Solanes la suma de $21.847 porque era su deber como abogado asesorarla respecto de la nulidad del contrato celebrado en estado de necesidad contraviniendo las disposiciones legales y b) haber retenido en su propio interés la suma de $15.150 en concepto de pago de honorarios por convenio de cuota litis, sin acreditar el respectivo convenio y excediendo el porcentaje del 20% previsto para los juicios laborales y que fueron en definitiva estos hechos por los cuales fue sancionado".

Por estos hechos el Colegio de Abogados resolvió suspenderle la matrícula por 20 días y ahí se inició la batalla legal que aún no tiene fin. Y que cobra mayor domensión ahora porque Ramón ya no es un simple abogado del fuero local, sino un funcionario público y el líder de un partido político con protagonismo en la provincia.

La sanción fue ratificada luego por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, por la Sala II de la Corte y hasta por Fiscalía de Estado, ya que allí se originó la denuncia contra el legislador.

"La actuación es administrativa tuvo su comienzo en el año 2010, a partir de la denuncia hecha por la señora Blanca Riveros, quien ha sido y es mi clienta desde hace muchos años", explicó a Los Andes Ramón. "La misma fue a partir de una habladuría de una contadora que trabajaba en Fiscalía de Estado, con quién había una mala relación, que la convenció a la señora Blanca que hiciera la denuncia", aseguró.

"Aclarado el tema, la señora Blanca, con su hijo y el abogado, hicieron el acta de retractación pública, que fue agregada al expediente, en donde se trataba el tema. En el acta y en el expediente está agregada la prueba que acredita eso y en la escribanía donde queda el protocolo", detalló Ramón, quien mostró la copia donde consta que le entregó a su clienta 55.503 pesos como parte del juicio en el que la defendió.

Según el líder de Protectora, "a lo largo del procedimiento disciplinario, la Corte sacó una resolución artera, sin ninguna prueba que acredite falta de ética y retención indebida de dinero". Es que uno de los puntos que esgrime en su defensa es que en el largo proceso judicial se "perdió" el expediente administrativo originado en el Colegio de Abogados. "Dictaron un fallo en la Corte (la Sala III) sin el expediente administrativo. Por eso pedí que lo resuelva la Corte de la Nación", completó Ramón.

Así, hoy, la Sala II en fallo dividido (resolvieron a favor de Ramón los jueces Mario Adaro y Julio Gómez y en disidencia José Valerio) aceptó el recurso extraordinario y ahora será el Máximo Tribunal del país el que deberá resolver si el diputado nacional mendocino debe cumplir con la suspensión de su matrícula por 20 días. Una sanción que está en veremos desde hace más de una década.